Paralizado el desalojo en el Poble Sec de Barcelona de una finca ocupada por seis familias

La presión ciudadana ha logrado paralizar el desahucio de seis familias en el bloque de la calle de Lleida conocido como LLavors, que fue ocupado hace dos años.

A las seis de la mañana ha llegado un amplio dispositivo policial, con media docena de furgonetas de la Brigada Móvil, ha llegado hacia las 6.30 horas hasta el número 38 de la calle Lleida. También numerosas personas contrarias al desalojo.

La policía ha cortado al tráfico en este tramo de la calle para proceder al desalojo, durante el cual se han denunciado cargas policiales y se han vivido momentos de tensión. 

 Fuentes de los Mossos se han limitado a explicar que la actuación se llevaba a cabo a requerimiento de un juzgado de Barcelona.

Los vecinos del denominado Bloc Llavors se han resistido a abandonar estas viviendas y, a través de las redes sociales, han pedido a las personas y colectivos que apoyan su causa a que se concentraran ante el bloque para intentar parar el desahucio.

Los concentrados ante los cordones policiales han gritado consignas como "El barrio no se vende, se defiende", "Este desahucio lo vamos a parar". Mientras, continúan llegando coches policiales a la calle de Lleida, lo que hace aumentar la indignación de los presentes, que responden con gritos de "¡Vergüenza!"

En el interior del bloque, unas 50 personas se han concentrado en el portal para "resistir" al desalojo, el cuarto que se intenta desde que el edificio fue ocupado.

Colau critica a los Mossos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado que el 'conseller' de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, "priorice dispositivos desproporcionados" para desahucios de familias vulnerables.

"En Barcelona necesitamos mossos para muchos trabajos de seguridad. No entendemos por qué Miquel Buch prioriza dispositivos desproporcionados para desahuciar a familias vulnerables haciéndoles el trabajo sucio a los fondos buitre", ha expresado Colau en un mensaje en Twitter.

En este sentido, ha instado al Govern de la Generalitat a impulsar la mediación en los casos en los que se trate de familias vulnerables, sobre todo si viven menores en la vivienda.

La concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, ha asegurado que es urgente un cambio legislativo de la ley para que "grandes propietarios firmen contratos de alquiler a familias vulnerables", y les ha pedido corresponsabilidad con la situación.

También ha criticado la actuación "desproporcionada" de los Mossos d'Esquadra, y ha asegurado que su dureza en estos casos es una directriz política, según ella.

Contra el fondo buitre

El portavoz del Sindicat de barri del Poble Sec, Silvio Covolo ha exigido "a los poderes políticos que declaren estos desahucios ilegales y exigimos al fondo buitre que está detrás que los suspenda y negocie para dar una solución digna a estas familias". "Estos especuladores son los responsables de la actual burbuja de los alquileres y tienen que dar una respuesta a esta emergencia habitacional", ha añadido.

Así, el portavoz atribuye el problema de gentrificación que sufre el barrio a este tipo de sociedades, que aseguran compran bloques de pisos para reformarlos y alquilarlos a precios desorbitados. "Las personas que habitan en el Poble Sec están siendo echadas porque no pueden pagar alquileres de 1000 euros cuando sus ingresos medios son de 1100", asevera Covolo.

Cabe decir que las familias del bloqueocuparon sus actuales viviendas hace dos años, poco después de que Vauras Investment SL comprara el bloque. "La ocupación de estos pisos representa un acto de protesta y también político. En una ciudad donde el derecho a la vivienda no está garantizado, donde los poderes políticos no toman su responsabilidad, hay un vacío. Y este vacío lo han llenado las familias cogiendo lo que es suyo: la vivienda. El barrio es nuestro, no de estos especuladores que pretenden echarnos", concluye Covolo.

Asimismo, el portavoz asegura intentaron negociar sociales con la sociedad propietaria del bloque, pero sin éxito. "No les interesa porque estas familias no son rentables para ellos", lamenta.  

A través de las redes numerosas entidades han llamado a la movilización y a sumar fuerzas para rechazar o impedir el desalojo.

Más desahucios

Antes de las nueve de la mañana, también en el centro de la ciudad, otras dos convocatorias ciudadanas en defensa del derecho a la vivienda. Una del Sindicat d'Habitatge del Raval en el 6 de la calle de Sant Bartomeu, al lado de la Rambla del Raval, donde vive una mujer junto a su familia sobre las que pesa una orden de desahucio para este jueves.

La otra, al otro lado de la Rambla, en el Gòtic, donde por décimo día consecutivos los vecinos llevan desde las siete de la mañana en el 6 de la calle de Obradors. Manuela, una mujer de 71 años que ha pasado media vida en esas calles, tiene una orden de desahucio abierta entre el 1 y el 15 de octubre.

Manuela hace meses que tiene aprobado su piso de emergencia social, pero todavía no se lo han entregado, está en la lista de espera, como otras 600 familias. Desde Resistim al Gòtic, colectivo que la arropa, llevan semanas pidiendo tiempo. "No quiere quedarse en el piso, solo quiere que no la dejen en la calle hasta que la le entreguen otra vivienda en el barrio", insiste el activista vecinal Martí Cusó, portavoz del colectivo.