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LA BATALLA POR EL DERECHO A LA CIUDAD

La mitad de los inquilinos del área de Barcelona, en manos de rentistas

El 50% de los 2.000 afiliados al Sindicat de Llogaters vive en hogares cuyo propietario tiene "5 pisos o más"

"Estos multipropietarios medianos siguen la estela alcista de precios de los fondos de inversión", señalan

Helena López

Manifestación contra la burbuja del alquiler celebrada en abril.

Manifestación contra la burbuja del alquiler celebrada en abril. / ROBERT RAMOS

Comparan la vivencia de la adquisición de un bloque por parte de un fondo de inversión con una catástrofe natural. Un latigazo que llega el día menos pensado, sin necesidad de advertencia previa y que suele dejar a las víctimas en estado de shock. Ese burofax en el que se comunica a los vecinos que sus hogares han sido adquiridos por la empresa X y que, de querer renovar sus contratos de alquiler, deberán asumir unas nuevas tarifas hasta un 80% superiores, "adaptándose al precio del mercado". Un golpe, sin duda, que, como pasa durante una catástrofe natural, se vive en comunidad. Todos tus semejantes, tus vecinos, pasan a la vez por lo mismo. Basta con asomarte al rellano para compartir el desasosiego. Mal de muchos que, lejos de continuar con el refrán, hace más fácil -o simplemente posible- afrontarlo de forma colectiva, una de las principales líneas de trabajo del Sindicat de Llogaters, autor del símil, desde que nació, en mayo del 2017.

La experiencia que supone vivir lo mismo, la lectura de ese fatídico burofax, o en su caso quizá llamada, mensaje al móvil o la visita directamente del propietario anunciándoles el mismo incremento -"hasta precios de mercado"- se vive de forma muy distinta en los hogares propiedad de inversores que no encajan en la etiqueta de "fondo buitre". No llegan de Israel ni de Estados Unidos para desposeer a los barceloneses. Son la mayoría de veces igual de barceloneses, incluso físicamente vecinos, pero plantean una subida igual de brusca, siguiendo la estela de estos fondos, que marcan lo que se plantea como lentejas: el precio del mercado. "En el caso de estos multipropietarios locales, es habitual que tengan los pisos distribuidos en varias fincas. Uno aquí, el otro allí, y estos inquilinos se sienten muy solos. Uno de nuestros retos ahora es decirles que no lo están", señala Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters. Según los datos con los que trabajan, obtenidos a partir de la información ofrecida por sus 2.000 afiliados, la mitad de los inquilinos en el área de Barcelona están en esta situación, en pisos cuyos propietarios poseen cinco pisos o más.

La batalla del relato  

Y el mensaje no es solo para esos inquilinos -para decirles que no se resignen a un desahucio invisible, que siempre es posible la negociación, su ya célebre #ensQuedem-, también lo es para esos propietarios medianos, a los que aún no tienen claro cómo llamar, si 'rentistas especuladores', 'burguesía local', o 'multipropietarios buitre', y para la sociedad en general, apelando a la ética. Una vez ganada la batalla del relato a los grandes tenedores, los bancos que acumulan miles de pisos y los fondos de inversión internacionales, el Sindicat de Llogaters plantea abrir el foco a esos otros inversores "que aprovechan el trabajo sucio hecho por los primeros para sumarse a esas subidas totalmente desproporcionadas en relación a uno ingresos estancados", prosigue Palomera, quien añade, además, que estos rentistas acostumbran a ser también los que menos invierten en sus propiedades y con quiénes es más difícil negociar. "Son quienes menos nos reconocen como interlocutores, porque no están acostumbrados. Nunca hemos tenido un problema con un pequeño propietario, al contrario, con ellos siempre nos hemos podido sentar y pactar un alquiler razonable. Es con estos rentistas especuladores, en cambio, con los que nos solemos encontramos frente a un muro -sigue relatando-; pero hemos abierto un espacio de derechos al que no vamos a renunciar. El derecho a negociar, el derecho a plantarse, el derecho a la protesta".

Cabecera de la manifestación contra la burbuja del alquiler en abril / robert ramos

Desde el sindicato tienen claro que no aspiran solo a "revertir la situación coyuntural de la burbuja de precios y de especulación", "sino a transformar los elementos estructurales del sistema de vivienda". "Se trata de defender la vivienda como un hogar y no como una mercancía", apuntan desde el colectivo provivienda, quienes denuncian también la "trampa" de hacer pasar a esos medianos propietarios -ese 50% de los caseros que no son grandes tenedores, pero tienen cinco pisos o más- por "particulares" al tener los contratos firmados a nombre de una persona física y no de una empresa.

Otra de las situaciones denunciadas por el sindicato es que, precisamente esa relación directa que se estable entre esos multipropietarios locales y sus inquilinos lleva en ocasiones a ataques a la libertad sindical. "Nos hemos encontrado con personas a las que sus caseros les mandan un mensaje amenazándoles con consecuencias si se afilian al sindicato", narran especificando que se refieren a los rentistas que actúan como los fondos buitre, no al conjunto.

Este será uno de los asuntos que se tratará este fin de semana en el I Congrés de l’Habitatge de Catalunya en el que se reunirán más de 500 activistas por el derecho a la vivienda de varias entidades -de la PAH a 500x20- y puntos del territorio, para definir estrategias conjuntas.

Un reto de ciudad

La concejala de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, coincide con el sindicato en la necesidad de abrir ese debate, casi tabú, de los rentistas locales. "Es un reto que tenemos como gobierno municipal. No podemos menospreciar el papel que juegan los grandes fondos en el efecto de arrastrar precios y, no solo eso, sino también en la capacidad de cambiar legislaciones que les faciliten la entrada al país, no es casualidad que tengamos todo este aterrizaje de grandes fondos; pero también es necesario hacer pedagogía y apelar a la responsabilidad de estos pequeños y medianos propietarios que están haciendo negocio con la vivienda. Han de entender que la vivienda no es un producto cualquiera y que por tanto su negocio tiene que tener unos límites; han de tener en cuenta que se trata de un derecho básico que hay que proteger", afirma Martín, quien avanza que uno de los objetivos de este mandato es tomar cartas en el asunto.

"Tenemos que buscar complicidades y ejemplos de buenas prácticas. Hay que trabajar en una leyes que regulen los precios y limiten las subidas, pero, en paralelo, es imprescindible este trabajo de conciencia. Las personas que hacen negocio con la vivienda no pueden buscar el máximo beneficio en el mínimo tiempo sin importarle las condiciones de sus inquilinos, porque esto es incompatible con garantizar el derecho a la vivienda", concluye la concejala.

Manifestación contra la burbuja inmobiliaria, el pasado mes de abril / RObert ramos

Cuando el casero llama a tu puerta

A continuación, la historia de una de esas mil familias, que podría ser la de cualquiera.

Su hijo pequeño, aún en la guardería, nació literalmente en esa casa. La mayor, de cinco años, no literalmente, pero tampoco ha conocido otro hogar más allá de este piso de 68 metros cuadrados en el barrio de Sant Antoni. La pareja se mudó a él hace seis años y allí formó su familia, tras firmar un contrato de alquiler por tres años a 720 euros al mes. El otoño pasado, tras dos renovaciones de un año, recibieron una inesperada visita de sus caseros. Por aquel entonces el diálogo era cordial y sin intermediarios, directamente con dos de los propietarios, socios de una SL familiar. Les informaron de que tenían que "actualizar" el precio de la vivienda y de que, si querían renovar, la nueva tarifa eran 1.060 euros. Una subida de un 47%. Más de 300 euros más al mes. Una cifra que desmontó a la pareja. Les dijeron que no podían asumir esa subida y esgrimieron que eran buenos pagadores -siempre han pagado sus cuotas religiosamente-, cuidan la vivienda como si fuera suya -han puesto parquet- y tienen una excelente relación con el resto de vecinos. Estos dos socios de la SL familiar que siempre les habían hecho de interlocutores dijeron que no les podían decir nada, que lo hablarían con el resto de la familia.

Una pareja explica que una SL famliar les sube el alquiler de su piso de 68 metros en Sant Antoni un 47%

Tras cerrar la puerta, la pareja tenía varias opciones. Una era abrir la página web de cualquier portal inmobiliario para buscar un plan B y pasar a formar parte de esa triste cotidianidad que los movimientos en defensa de la vivienda han bautizado como desahucios invisibles. Pero optaron por otra: afiliarse al Sindicat de Llogaters. En enero mantuvieron una reunión con la propiedad, con presencia del sindicato y de Fem Sant Antoni, espacio en el que también participan. Su oferta era una subida cero, del IPC. Al poco recibieron un burofax de la propiedad aceptándola y renovándoles por un año más. "Fue una huida hacia adelante. El 31 de julio recibimos un nuevo burofax en el que se nos decía que no se nos renovaría el contrato, que termina el 28 de noviembre", explican. Es decir, en pocos días. Esta semana tienen una nueva reunión y no pierden la esperanza. 

"Nos echan por pura codicia"

"Una de las veces que hablamos con ellos nos dijeron que si no podemos pagar lo que valen los pisos en Barcelona, que nos vayamos a L'Hospitalet. Pero no puede ser que unos pocos decidan quién puede y quien no puede vivir en la ciudad", reflexionan. Los dos miembros de la pareja trabajan. Son lo que antaño se conocía como "clase media", pero no les cabe en la cabeza una subida de un 47% en un alquiler por el que ya pagan 750 euros (ya asumieron la subida razonable de 30 euros), por un piso pequeño -son una familia de cuatro- con una cocina y un lavabo por reformar.

El caso de esta pareja -que prefiere no dar su nombre ni el del propietario de su piso, quien al fin ha dado señales de querer negociar- es un ejemplo claro de que la burbuja del alquiler no afecta solo a las familias más vulnerables. "Si nos echaran, no nos quedaríamos en la calle, cómo si les pasa a muchas familias junto a las que luchamos cada día codo con codo desde el sindicato; pero tenemos nuestra vida hecha aquí y hemos decidido plantarnos. No aceptar estas subidas abusivas. Nos quieren echar de nuestros barrios por pura codicia", concluye la mujer.