Muere el decreto que subía los alquileres

El rey Guillermo II de Inglaterra, manirroto como todos los de su dinastía, estaba financieramente tan tieso que se inventó un nuevo impuesto para llenar sus reales arcas. Poco quedaba ya que gravar, y eso que estamos hablando solo de 1696, pero tuvo aún la insensata idea de que sus súbditos pagaran una tasa en función del número de ventanas de sus hogares. Dicho y hecho. La consecuencia fue calamitosa, una época literalmente de tinieblas, pues las familias más humildes tapiaron tantas ventanas como pudieron. De un siglo más tarde, época georgiana, es otra ley sin par, la que gravaba a las familias en función del grosor de los cristales de las ventanas que sobrevivieron al decreto de Guillermo II, también con nefastas consecuencias sobre la vida cotidiana. La lección que de todo ello hay que sacar, en una jornada parlamentaria como esta, es que en ocasiones las leyes consiguen lo contrario de lo que pretenden. ¿Era este el caso del nonato decreto para el control del precio los alquileres? Parece que sí.

Ester Capella, como el capitán Renault, se ha escandalizado de que en el bar de Rick se apuesta

El decreto ha llegado al Parlament herido de muerte, no solo por falta de apoyos, sino porque las lecturas críticas que de él se hicieron cuando en mitad de la campaña electoral el Govern lo dio a conocer fueron letales. El resumen es fácil. La primera y más gruesa crítica era que para ser un decreto que pretende frenar el alza de los precios de alquiler, lo insólito era que proponía incrementos del 10% al 20%, en según que casos. Eso, como subrayó lacerantemente el Sindicat de Llogaters, en un momento en que precisamente los alquileres están subiendo por debajo del 10%. En cierto modo, el decreto habría sido una obscena invitación a los propietarios inmobiliarios a no levantar el pie del acelerador. Un gran absurdo.

Ha sido extraño (por no buscar otros adjetivos) asistir a la intervención de la ‘consellera’ Ester Capella, defensora del decreto, pues se ha horrorizado por el hecho de que en los últimos cinco años los alquileres en el área metropolitana han subido un 38%, hasta alcanzar una media de 949 euros mensuales. “¡Qué escándalo!, he descubierto que aquí se juega”, decía el capitán Renault en ‘Casablanca’, y a continuación un crupier le traía sus ganancias del día. Pues eso, que tras deplorar hasta dónde ha llegado la situación, la ‘consellera’ ha defendido que un poco más de incremento no le hace daño a nadie.

Livia Arteaga

El decreto pretendía que en lo que se denominaban zonas tensas (vamos, Barcelona y buena parte del área metropolitana, para empezar), los alquileres crecieran solo a partir del precio de referencia. ¿Y cuál es ese precio de referencia? El actual del mercado, según el Sindicat de Llogaters, el de la burbuja actual. Con un par.

El decreto avalaba que los arriendos subieran aún más, y para más inri, con los precios de burbuja actuales como referencia

A veces un ejemplo es ideal para comprender el alcance de cambios legislativos como este, y uno estupendo es lo que ocurre en casa de Livia Arteaga, pareja de Juan, con el que tiene tres hijos, y vecina desde hace 12 años del barrio de Gràcia. Paga 1.000 euros mensuales de alquiler. Eso se come casi la mitad de los ingresos familiares. El caso es que en julio del 2018, la dueña de la finca, propietaria de este y muchos pisos más, le anunció una subida del 30% en la renta mensual, o sea, pasar a pagar 1.300 euros. No puede. El contrato ya se extinguió y, aunque ingresa las mensualidades puntualmente, ya ha recibido la correspondiente demanda por desahucio.

¿Era el decreto una solución para ella? Al revés. El precio de referencia en esa zona, por dimensiones y estado del piso, es de 1.200, de modo que la dueña le podría exigir a Livia un alquiler un 10% por encima de esa cifra, en total, 1.320 euros. Ni Guillermo II se atrevió a tanto.

El decreto tenía otras (por decirlo sin insultar) excentricidades. No solo no invitaba a un descenso de los precios o, como mínimo y lo que es lo mismo, a que guarden una proporción con los salarios, sino que además daba carta blanca a los fondos de inversión (hay quien prefiere llamarlos fondos buitre) que compran fincas completas, desarraigan a los vecinos residentes si no son rentables, y tras una reforma de las viviendas llevan a cabo sustanciales incrementos del alquiler. Para esos casos, el decreto contemplaba aumentos del 20% respecto al precio de referencia. Gentrificación con el sello de calidad de la Generalitat, podría decirse con una pizca de maldad.

El rentismo del capital ha dado paso al rentista inmobiliario, que tampoco participa en el esfuerzo productivo común

El texto nonato tenía más párrafos controvertidos, por presencia o por ausencia, porque, por ejemplo, no detallaba qué hacer en caso de evidente incumplimiento por parte del propietario de un piso. Es más, sugería al afectado, el inquilino, que llevara el caso ante los tribunales con el decreto como argumento jurídico de acusación debajo del brazo.

El decreto no ha salido adelante y, en consecuencia, el mercado inmobiliario es como el boxeo antes de que el marqués de Queensberry le pusiera reglas, o sea, una lucha puño desnudo, lo que prefigura un modelo de sociedad de igual modo que la tasa sobre las ventanas predeterminó un tipo de arquitectura. Quienes antes vivían de las rentas del capital, ahora lo hacen de las rentas inmobiliarias, y en este sentido no está de más recordar la sabia reflexión del economista canadiense Pierre-Yves Gómez: “Ser rentista es beneficiarse de la riqueza creada sin sentirse obligado a participar en el esfuerzo productivo”. Es un buen epitafio para este decreto nonato.