Fomento tiende la mano al taxi y aparca la vía judicial

El conflicto del taxi nunca puede darse por terminado. Porque ahora son las licencias de alquiler de vehículos con conductor y mañana será la tarifa única al aeropuerto, los chóferes pirata, los motos en su carril, la inseguridad de noche, la liberalización de precios u horarios, o la necesidad de instaurar el taxi compartido. Este siempre ha sido un gremio combativo. Pero hoy sí se puede hablar de cierta esperanza en el capítulo más crudo que ha vivido y protagonizado la profesión en las últimas décadas. El Ministerio de Fomento ha decidido "retirar la petición de medidas cautelares" solicitadas al juez en su recurso contra el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que pretende poner coto a las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). Por su parte, los taxistas aplaudieron el gesto y se mostraron conciliadores, en una segunda jornada de huelga esta vez sin incidentes. Es la hora de la política. Pero con algo de trampa: el juez todavía tiene que hablar. 

La decisión del Gobierno no es ni gratuita ni baladí. Llega después de la reunión celebrada el miércoles en Madrid entre técnicos del ministerio y del AMB, que analizaron los pormenores de una normativa que estaba predestinada a chocar con la ley estatal de transportes, un objetivo quizás buscado por las autoridades metropolitanas en su intento de remover cimientos legislativos, seguramente, el artículo 182.2 del Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestres, para que incluya una referencia a las normas que puedan impulsar otras administraciones en materia de VTC.

Los taxistas rebajan la tensión en las últimas horas de huelga

El caso es que se han juntado el hambre y las ganas de comer: un nuevo Ejecutivo que intenta traspasar las competencias (las mismas que intentaba proteger en su demanda) a las Comunidades Autónomas, y un ente localista que busca gestionar sus propias peculiaridades bajo la premisa de que todas las ciudades son distintas y quizás no todo puede resguardarse bajo un único paraguas jurídico. Fomento ha explicado a través de un comunicado que adopta esta decisión como muestra de "respeto hacia las competencias de otras administraciones y sin perjuicio del resultado final que tenga el recurso" que interpuso (y mantiene) contra el reglamento que aprobó el AMB. 

Paso de gigante

Así las cosas, con Fomento pasando de la tarjeta roja a la simple amonestación, se da un paso de gigante en la resolución del conflicto, que puede tomar como mínimo dos caminos. Se puede modificar la mencionada ley para que el texto metropolitano no huela a pisoteo competencial, o se puede decretar que a partir de ahora, la norma que prevalece es la que dicten las autonomías. En ambos casos, sin embargo, y ahí es donde la política puede ser más pícara, se necesita el concurso del Congreso de los Diputados. Y todo el mundo sabe cómo llegó Pedro Sánchez al poder y las ganas que le tienen bancadas cercanas. Un portavoz de Fomento ha asegurado a este diario que la voluntad de diálogo "es total" y que hay "buena predisposición" para alcanzar una acuerdo con Barcelona.

Mercedes Vidal, concejala de Movilidad de la capital catalana y presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi, ha aplaudido el gesto de Fomento y ha celebrado que el diálogo con el actual Gobierno "sea más fluido que con el anterior". "La ley depende del ministerio y eso es lo importante al margen de la demanda, que perdería toda validez si finalmente se produce el cambio que solicitamos". En conversación con este diario, la concejala ha apelado al ADN de los 'comuns' al recordar que la voluntad del equipo de Ada Colau no es que lleguen más vehículos a la ciudad, sino reducirlos. Un modo de decir que el veto a Uber y Cabify es más ecológico que ideológico.

Huelga sin incidentes

El compadreo entre Fomento y el AMB ha llegado durante el segundo día de la huelga de 48 horas convocada por el taxi. Tras las crudas imágenes del miércoles difundidas por El Periódico, con graves altercados en el momento de dispersar una manifestación que se había celebrado sin apenas incidentes, la jornada del jueves se ha saldado con una marcha lenta de ida y vuelta entre el aeropuerto y el puerto. Alberto Álvarez, líder de Élite, el grupo mayoritario del sector, se ha mostrado conciliador: "La lucha empieza en las calles pero siempre termina en los despachos, que es donde se toman las decisiones. Estamos esperanzados con que la licencia urbana salga adelante".

Mientras la política parece que avanza, el flanco judicial dará el viernes un titular importante, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anunciará si mantiene o no la suspensión urgente del reglamento metropolitano que crea una licencia urbana propia que limitaría mucho las opciones de crecimiento de las VTC. El juez tenía sobre la mesa la petición de Fomento, ahora retirada, pero también la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que por el momento mantiene la petición de suspensión de una normativa que tenía previsto empezar a desplegarse en agosto. Si el juez levanta el veto, el AMB podría iniciar su despliegue. Pero a la vista de la mano tendida de Fomento, quizás se imponga un tiempo de armisticio.