Barcelona estudia regular con licencias los servicios de moto y la bici compartidas

La política municipal es la más directa de todas. Es la que te permite ver, vivir y sentir cada una de tus decisiones, para bien y para mal. Pero también es la que más y mejor refleja las dudas y los aplazamientos que naufragan entre la burocracia y los frágiles acuerdos entre grupos municipales. Un buen ejemplo de ello son los sistemas de movilidad compartida o por minutos que usan la vía pública para operar. El Ayuntamiento de Barcelona informó hace un año de que tenía la intención de meter mano en el asunto. Lo dijo al presentar la modificación de la ordenanza de circulación que permitió incluir (una norma pionera en España) la regulación de los vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos y demás artilugios. En estos 12 meses (un mundo para la tecnología) han crecido las flotas, han llegado nuevas empresas y otras están a punto de hacerlo. De momento, sin normativa concreta y con el campo libre. La cosa pública deshoja la margarita entre dos opciones: o un sistema de licencias o una modificación de la citada ordenanza. 

Según cifras facilitadas por el consistorio, en la capital catalana operan cinco compañías de moto eléctrica (eCooltra, Ioscoot, Muving, Yugo y Scoot suman más de 2.000 unidades) dos de bicicletas (una tercera tiró la toalla) y media docena dedicadas al coche particular compartido (Bluemove, Drivy, Amovens, Ridelink, Social Car y Som Mobilitat). Además de Avancar, la red pionera de autos para todos que trabaja desde los aparcamientos públicos de BSM. A todo ello habría que añadir Uber y Cabify, las empresas de alquiler de vehículo con conductor (VTC), que ya tienen en las calles cerca de 500 autos con la idea de crecer. Son, en resumen, el ejemplo gráfico de hasta qué punto la movilidad urbana está cambiando hacia un nuevo paradigma, hacia un nuevo modelo de ciudad. 

Las iniciativas privadas que utilizan la calle como parte de su plan de negocio y para realizar el canje de clientes son el reto pendiente para el consistorio. Es el caso de las motos y las bicis, cuyos usuarios usan la aplicación móvil para localizarlas en un mapa e iniciar así un trayecto tras el cual vuelven a dejar la máquina en cualquier lugar cercano a su destino. Muchos, sobre todo turistas, aparcan en lugares prohibidos, pero ese es otro tema. En el caso de las bicicletas, se añade el hecho de que las compañías Scoot (que acaba de aterrizar en la ciudad y quiere llegar a las mil unidades) y Donkey Republic usan los aparcamientos dispuestos por el consistorio para las bicis particulares. Una situación alegal que molesta a los ciclistas barceloneses y discutida por el propio ayuntamiento hace un año pero que sigue sin respuesta oficial. El propio gremio de tiendas de alquiler de bicis ha puesto el grito en el cielo. Por ahora, sin demasiada suerte. 

Manchester o Amsterdam

El consistorio realizó el año pasado un diagnóstico de la situación "con la voluntad de establecer algún tipo de ordenación sobre estos servicios que hagan compatible la movilidad sin penalizar el uso y los elementos de la vía pública". A partir de ahí, sostienen fuentes municipales, se abren básicamente un par de vías: "Regulación mediante licencias (lo que podría reducir drásticamente la oferta existente o no permitir que crezca más) o una modificación de la ordenanza". Lo primero podría ejecutarse con cierta agilidad. Lo segundo es mucho más complicado, ya que requiere de acuerdo político, complicado a menos de un año para las elecciones. De ello sin duda se irán aprovechando las 'apps', que ven en Barcelona un suculento caramelo para ampliar el mercado. El propio gobierno de Ada Colau cita dos ejemplos como posibles salidas. Por un lado, Manchester, que ha optado por las licencias, y por el otro, Amsterdam, que ha prohibido estos servicios a la espera de ordenar su funcionamiento. 

A todo lo que hay se unirá pronto el patinete eléctrico. En Valencia está a punto de ponerse en marcha la primera empresa de patinete compartido de toda Europa. La impulsan dos emprendedores que se han inspirado en compañías similares que ya funcionan en Estados Unidos (Bird, LimeBike o Spin), sobre todo en la costa este del país. El invento español se llama Bbuho y tiene previsto iniciar su andadura este mismo domingo en Valencia, con la intención de desembarcar pronto en Madrid y Barcelona. A diferencia del paradigma americano, no dejarán los patinetes por las calles, como sí hacen las empresas de moto compartida. "Nosotros seguiremos a rajatabla la normativa vigente", asegura Javier Costa, cofundador de Bbuho. Por eso tienen previsto instalar las unidades en el interior de hoteles, para más adelante, si van arañando financiación, desplegar un sistema de franquicias en locales distribuidos por la ciudad. Si todo va según lo previsto, tendrán 500 patinetes eléctricos en Barcelona antes de que termine el año. Si Bbuho llegará antes que la regulación municipal, es un misterio. El ayuntamiento lo resume así: "Se están finalizando los informes técnicos y jurídicos para determinar qué camino se toma para regularlos". El sector privado, mientras, a lo suyo. Y creciendo.