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BCN aborda el blindaje de la rehabilitación para proteger a los inquilinos

El consistorio obligará a la propiedad a informar de la situación de los vecinos de una finca reformada

El cambio supone subrayar la protección que ya brinda la ley, que no ha evitado el acoso inmobiliario

Toni Sust / Barcelona

Vecinos de la calle de Leiva, 37, en el balcón de su finca, en marzo.

Vecinos de la calle de Leiva, 37, en el balcón de su finca, en marzo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado el trámite para aprobar una modificación de la ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras (ORPIMO) con el fin de conocer los casos en los que se dan grandes rehabilitaciones y asegurar que los inquilinos de estas fincas ven respetados sus derechos. En concreto: el consistorio persigue que los inquilinos de estos inmuebles sean convenientemente realojados temporalmente mientras tiene lugar la reforma y que regresen al edificio si tienen derecho a permanecer en él.

La principal novedad que supondrá el cambio en el momento en el que entre en vigor es que las empresas que acometan grandes reformas se verán obligadas a entregar una declaración responsable, un informe en el que deben explicar si el inmueble en el que quieren actuar tiene inquilinos y en qué situación están, y cómo piensa realojarlos y diseñar su regreso a la finca. La protección legal del inquilino será, de hecho, la que ya existe.

El informe será imprescindible para recibir la preceptiva licencia de obras. En Ciutat Vella se puso en práctica la no concesión de ayudas económicas si no se garantizaba la continuidad de los vecinos. En este caso no se trata de negar u otorgar subvenciones en función de cómo se trate a los vecinos. Se trata de permitir que acometan o no la rehabilitación.

El informe será obligatorio en casos de gran rehabilitación, incremento del volumen o techo edificable, intervenciones globales en los cimientos o estructura del edificio, reformas con modificación del uso principal del edificio, con creación de viviendas nuevas y en reformas interiores de dos o más viviendas de un inmueble, instalación de ascensores, actuación en edificios catalogados, demolición de edificios y reformas que cambien la distribución sin alterar la estructura.

El consistorio calcula que de 40.000 reformas que se dan anualmente en la ciudad cada año, unas 5.000 deberán incorporar la declaración responsable. Están previstas sanciones económicas, pero el gerente de Vivienda, Javier Burón, ha subrayado que la suspensión de las obras, por la no concesión de licencia, es en sí misma una multa, por el coste que supone para el promotor.

Vecinos expulsados

La teniente de alcalde Janet Sanz ha presentado la modificación, que se votará en comisión, con lo que habrá que esperar a ver si el gobierno de Ada Colau logra los apoyos necesarios para que la modificación de la ordenanza prospere.

La medida nace de la constatación de uno de los principales males que Barcelona sufre en vivienda en los últimos tiempos: la ola de expulsión de familias que viven de alquiler y que no pueden afrontar las subidas del precio, o que son víctimas de acoso inmobiliario y acaban renunciando a su vivienda bajo presión.

La propia Colau denunció hace un año que un total de 38 edificios de la ciudad eran escenario de presiones indeseables a los vecinos para que los abandonaran.  En algunas de estas fincas se ha generado un peculiar frente de resistencia en el que conviven los inquilinos de renta antigua, que están blindados ante la amenaza de expulsión, los de contrato temporal, que difícilmente pueden mantenerse en su casa, y okupas, en varios casos vinculados con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que se han instalado en pisos vacíos en las comunidades amenazadas. El ayuntamiento ha comprado fincas y detenido obras para intentar combatir las expulsiones.

Instalaciones solares

Sanz ha explicado que la modificación de la ordenanza también incluye otros dos cambios. En primer lugar, se promoverá y facilitará las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas de carácter voluntario. En instalaciones pequeñas, de menos de siete metros cuadrados en el caso de las térmicas y menos de cinco KWp en el de las fotovoltaicas, la memoria técnica necesaria para su trámite podrá estar firmada por un instalado y no por un técnico competente.

En segundo lugar, la modificación obligará a presentar un plan de auscultación en obras que afecten al subsuelo en obras de nueva planta, grandes rehabilitaciones y movimientos de tierra.

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