La síndica insta a BCN a indemnizar por los 144 nichos derrumbados

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que el Ayuntamiento de Barcelona debería indemnizar a los familiares de los difuntos que estaban en los 144 nichos que se vinieron abajo el pasado 15 de septiembre en el Cementerio de Montjuïc. Y sostiene que si el consistorio no toma esa medida de oficio, las familias deben reclamar, una opción que hace tiempo que algunas barajan.

Vilà ha presentado las conclusiones de un informe de la sindicatura sobre lo sucedido en el cementerio y ha formulado críticas en varios frentes. De entrada, ha mostrado su preocupación por el mantenimiento del camposanto. Ha subrayado que al plan director del cementerio, en vigor desde el 2008, señalaba como aceptable la situación de la zona que se derrumbó, por lo que no estaba prevista ninguna actuación en esos nichos. Ha cuestionado que no se avisara a los bomberos cuando se detectó una grieta, dos días antes de que las sepulturas se derrumbaran.

También critica que el consistorio no haya emprendido una labor informativa más intensa, aunque sí se haya reunido con un grupo de los familiares, representados por un abogado. También considera que en los casos en los que los restos pudieron ser identificados y fueron reubicados en otros nichos –aunque algunas familias ponen en duda esas identificaciones-, se debería haber ofrecido a los parientes de los difuntos presenciar la operación.

Revisión inmediata

Vilà ha instado a la empresa que gestiona el camposanto, Cementiris de Barcelona, a revisar el estado de "todas las edificaciones que puedan sufrir patologías, especialmente aquellas construidas con técnicas idénticas" a las que se vinieron abajo.

La gestión que el consistorio ha hecho de la crisis del cementerio ha suscitado no pocas críticas de los afectados.  De entrada, por considerar que se había impuesto el secretismo. Apenas tuvo lugar el derrumbe, la zona afectada fue acordonada y se impidió el acceso a los familiares de los sepultados en los nichos caídos.

La identificación de los restos ha generado protestas de personas que fueron avisadas de que sus familiares habían sido identificados y enterrados de nuevo y de los que siguen esperando que las dos antropólogas que asumieron la compleja operación de analizar los restos concluyan su labor.

Algunos exigen pruebas de ADN, que no serán posibles en todos los casos, según avisaron las antropólogas. Un grupo de afectados, representado por el abogado José María de Palacio, subraya un hecho que juzga crucial: desde que se produjo el derrumbe hasta que las antropólogas empezaron a trabajar en el cementerio pasaron cinco días, durante los que los escombros fueron separados de los restos humanos. Esa labor recayó en operarios del camposanto. Cementiris de Barcelona considera normal. De Palacio subraya que no son especialistas.