Críticas de los familiares por la separación de restos en el cementerio de Montjuïc

Cuando el pasado 15 de septiembre decenas de nichos del cementerio de Montjuïc se vinieron abajo, con sus difuntos dentro, alguien descolgó el teléfono en Cementiris de Barcelona, la empresa municipal que gestiona el servicio de cementerio en los nueve camposantos de la ciudad. La llamada tenía como destinatarios expertos forenses, dentro del campo de la antropología. Personal especializado con experiencia en el trato con restos humanos y en su identificación. Fueron llamados para acudir a Montjuïc con la ardua labor de determinar a qué nicho correspondían los restos que se vinieron abajo, y que se mezclaron con escombros y con otros restos humanos. Algunos cuerpos estaban enteros o casi, los de sepelio más reciente. Los menos.

Cinco días después, dos antropólogas llegaban al cementerio e iniciaban su labor, compleja y todo apunta a que larga, que sigue su curso. Entre el derrumbe del día 15, que afectó, entre los que se cayeron solos y los que fueron demolidos por seguridad, a 144 nichos, y el día de la llegada de las antropólogas, la zona fue cerrada al público y los escombros acumulados en el suelo fueron separados de los restos humanos. Lo hicieron operarios del cementerio. Al ayuntamiento le parece normal. A los familiares y a su abogado, José María de Palacio, les parece un 

El consistorio vetó a dos familiares y a un arquitecto el acceso a la zona afectada

escándalo.

Visita vetada

“La celeridad del cementerio en proceder al desescombro ha podido comportar la pérdida de restos. Las antropólogas solo ven lo que el cementerio les entrega en sudarios nuevos”, advierte el abogado de nueve de las familias afectadas, José María de Palacio. Para él, es obvio que Cementiris de Barcelona ha actuado “con opacidad”. Por la separación de restos sin la presencia de especialistas, pero también por cerrar la zona a cal y canto, incluso a los familiares, cuando considera que no hay motivos de seguridad que lo justifiquen.

De Palacio cita como ejemplo que el pasado 22 de noviembre la empresa municipal vetó el acceso al propio abogado, a un arquitecto que había citado para que evaluara lo sucedido y a dos de los familiares. También  critica el rápido traslado de algunos de los difuntos ya identificados a nuevos nichos, que Cementiris de Barcelona calificó de emplazamientos provisionales. “Tienen que hacer un acto de fe, no saben qué restos metieron en cada nicho”, subraya De Palacio. Según sus datos, por ahora se ha identificado a cuatro difuntos, allegados a sus clientes, aunque en algunos casos de una manera que no le parece concluyente: “En un caso encontraron una pulsera hospitalaria”.

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, no cree que esas dudas tengan sentido. Afirma que la separación de escombros y restos humanos fue desarrollada por operarios con años de experiencia en el cementerio y agrega que las especialistas no cuestionaron esa actuación.

Familiares por contactar

De Palacio explica que uno de sus clientes acudió a él sin haber recibido ningún aviso por parte del ayuntamiento, que se ha topado con no pocas dificultades para localizar a los parientes de quienes reposaban en los nichos y sigue buscando a varios. El abogado ha mantenido dos reuniones con el consistorio. La última, el 10 de noviembre, con la asistencia de las dos antropólogas y una doctora de la UAB que se encargará de realizar pruebas de ADN, que no han empezado. Que se hagan es uno de las demandas principales de los afectados.