La resistencia de los trabajadores aplaza el precinto de Up & Down

El Ayuntamiento de Barcelona no ha podido precintar hoy la discoteca Up & Down ante la presencia de un centenar de personas concentradas en la puerta del local de la calle Gregorio Marañón.  El distrito de Les Corts tenía previsto ejecutar a las 11 de la mañana el precinto durante seis meses por orden judicial, pero ha desistido para evitar el uso de la fuerza.

La orden de precinto del juez sigue en pie, han recordado fuentes municipales. Una vez el distrito ha levantado acta y haya comunicado al juez que la resistencia no ha permitido el cierre, este puede fijar otra fecha, y establecer medidas para que sea efectivo. Fuentes municipales apuntan que, si a pesar de la orden de cierre la discoteca reabre, en caso de suceder algún incidente las consecuencias para sus gestores podrían ser "más graves".

La patronal Fecasarm (Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Reastauració i Musicals) se ha felicitado por que se haya podido "frenar" el precinto gracias al a concentración "de unas 100 personas (entre trabajadores, familias y amigos de trabajadores, así como también clientes) para oponerse pacífica y legalmente al precinto". La asociación destaca que el cierre dejaría sin trabajo a más de 60 trabajadores durante seis meses y pondría en peligro la continuidad del local, que mantiene el nombre de la histórica sala de fiestas de la calle Numància. 

"Es la primera vez que los trabajadores de un local de ocio nocturno son tratados igual que los trabajadores de cualquier otro sector económico cuando están a punto de perder el trabajo", sostiene la entidad.

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El precinto del local se acordó el pasado 15 de diciembre, tras una orden judicial. "Se han derivado tres expedientes por la detección de estupefacientes en el local. Los Mossos lo han aplicado por vía administrativa -describieron el martes fuentes municipales-, en lugar de hacerlo por la judicial, de ahí que deba intervenir el ayuntamiento. La empresa ha recurrido ante el distrito de Les Corts todas las resoluciones y en la última ocasión se establece una medida cautelarísima, con un margen de un par de semanas para responder. Al denegarse la cautelarísima, la norma es clara: el local debe cerrar". Fuentes próximas a la investigación inciden en que en el local y los alrededores se han producido "peleas e incluso algún navajazo". 

Por parte de Fecasarm se critica que el cierre se produzca aún sin sentencia firme y que se produzca tras una inspección "en el marco de la cual se encontró a siete personas (de un aforo de 1.400) que llevaban pequeñas dosis de sustancias prohibidas, para consumo propio, escondidas dentro de su ropa y en partes íntimas", lo que impedía que los responsables de seguridad del local las pudiesen detectar.