Investigación
El ayuntamiento admite que nadie fiscaliza las cuentas de Barcelona Regional

El exteniente de alcalde de Barcelona de CiU Antoni Vives tras declarar en la Ciutat de la Justícia, en marzo.
Tres horas y 14 minutos para recordar lo que ya se sabía, lo que este mismo diario ya publicó hace más de un año. Así se ha desarrollado este martes, 'grosso modo', la comisión de investigación sobre Barcelona Regional (BR) que el pleno del ayuntamiento aprobó el pasado mayo con el objetivo de fiscalizar la gestión presuntamente irregular de este laboratorio urbanístico durante los años 2011 y 2015, la etapa con Xavier Trias al frente de la alcaldía y Antoni Vives como teniente de alcalde de Hábitat Urbano.
Se ha vuelto a demostrar que los anteriores responsables de BR emprendieron planes ruinosos por valor de dos millones de euros, con proyectos "opacos" realizados a espaldas del consistorio o el Área Metropolitana y que al menos dos personas contratadas por este organismo no consta que realizaran tarea alguna en dicha agencia. Lo único nuevo en esos 194 minutos quizás sea la admisión, por parte de los servicios jurídicos municipales, de que nadie, absolutamente nadie, fiscaliza las cuentas de Barcelona Regional "debido a su estructura sin una mayoría clara de ninguna institución".
Por barrios
También se ha vivido el habitual 'pimpampum' entre las bancadas. Carina Mejías (Ciutadans) y Javier Mulleras (PP) han hablado de "caja negra" y se han quejado de falta de transparencia y desvío de fondos sin interés para los barceloneses. Jordi Coronas (ERC) ha lamentado que el gobierno de Ada Colau no les haya facilitado toda la información solicitada. Jordi Martí (PDECat) ha recordado que se trata de presuntas irregularidades "meramente administrativas". Y Daniel Mòdol (PSC) ha afeado a Barcelona en Comú su "cierta obsesión por buscar, donde quizás no haya nada, la culpa de quien gobernó en el mandato anterior".
La comisión, que espera presentar sus conclusiones antes de verano, ha invitado a Vives a comparecer para defender su gestión. En paralelo, en los juzgado avanza una única demanda sobre este asunto: la contratación presuntamente fraudulenta de dos trabajadores, con una implicación patrimonial de 214.000 euros (el exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo y al vocalista de los Sírex y exedil de CiU, Antoni Miquel Cerveró 'Leslie').
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