14 ago 2020

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Solo Airbnb anuncia todavía 4.100 pisos turísticos ilegales en Barcelona

Un informe muestra que las principales plataformas ofrecen más 6.000 apartamentos sin licencia en la capital catalana

La presión municipal ha reducido la oferta de reclamos publicados en las últimas semanas

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

Turistas alojados en el barrio de la Barceloneta.

Turistas alojados en el barrio de la Barceloneta. / ALBERT BERTRAN

Explotar un piso turístico sin licencia en Barcelona parece hoy en día, en teoría, misión compleja. Un teléfono y una web municipales permiten a cualquier vecino hacer una denuncia (ante la mínima sospecha) inmediata; los inspectores y ojeadores se han incrementado, las multas han crecido y el ayuntamiento ha bombardeado con cartas a todo barcelonés empadronado para hacerle partícipe de la caza de tramposos que destinan viviendas al turismo de forma ilegal en los grandes plataformas especializadas. Pero mientras los pisos tengan difusión y opción de reserva online desde cualquier punto del planeta, el negocio es lo suficientemente poderoso para mantener actualmente al menos 6.000 pisos sin permiso activos. La ofensiva municipal de los últimos meses ha frenado esta macropromoción, pero el gigante Airbnb se resiste con más de 4.100 anuncios supuestamente ilegales, el 60% de su oferta.

El ayuntamiento, junto con la Generalitat, tienen hace tiempo en el punto de mira a las webs que conectan esas camas con sus destinatarios. El programa araña que permite detectar la casuística ilegal online ha servido para alertar a los grandes operadores de que no pueden anunciar, según la normativa local, viviendas sin un número visible de registro de la Generalitat que certifique su legalidad. La pugna se ha saldado con diversas multas, las más cuantiosas hasta ahora impuestas a Airbnb y Homeaway, de 600.000 euros. Pero ni así se ha cortado el grifo a dichos reclamos. 

Muchos pisos ilegales se reciclan en alquileres de lujo

¿Qué pasa cuando un piso turístico ilegal sale del circuito de comercialización? El propietario que es sancionado o bien renuncia a la actividad sin licencia ante la ofensiva municipal contra la actividad suele reconvertir al alquiler temporal, que supone estancias de más de 31 días por contrato. Es más lucrativo que un alquiler convencional y apunta sobre todo a extranjeros que vienen una temporada a Barcelona. Al ser pisos amueblados y cuidados, sus precios son más elevados que la media. En algunos casos se anuncian entre los alquileres convencionales, lo que tiende a elevar los precios medios de alquiler que ofrecen en sus balances muchos portales inmobiliarios de gran difusión. 

La última radiografía, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, refleja que entre los grandes operadores la obediencia a la norma es dispar. Según los datos de diciembre, Airbnb contaba con un 60% de anuncios de pisos de uso turístico (HUTS) teóricamente ilegales, porque no exhiben su número de registro. Un total de 4.124, frente a los 2.766 que sí tienen licencia. Fuentes de la operadora afirman que ese volumen sin aparente licencia incluye también a particulares que solo alquilan puntualmente su hogar cuando están fuera de la ciudad, y no de forma regular. No obstante, con la actual legislación necesitarían licencia para hacerlo.

A LA BAJA

Los otros casos con más incumplimientos son los de Niumba, con un 53% de su oferta sin licencia (734), junto con Homeaway con un 28% que representa un volumen de 1.003 pisos sin autorización. Todos esos casos de ilegalidad, no obstante, están por debajo de las cifras del mes anterior, cuando Airbnb llegó a tener un 71% de sus anuncios sin número de registro, Niumba un 63% y Homeaway un 46%. En cambio, Rentalia tenía un 7% y tras las advertencias del ayuntamiento prácticamente los ha erradicado.

Fuentes municipales destacan que el diálogo con los afectados y la presión sancionadora ha tenido un efecto reductor en la oferta, aunque lamentan que el gigante Airbnb siga teniendo su mayor proporción de negocio en base a pisos sin licencia para uso turístico. Agregan que sus datos reflejan que "el 60% de una muestra de ilegales eran propietarios con más de un piso", lo que rompería la tesis de la economía colaborativa frente a un alud de inversores sin escrúpulos que explotan varias viviendas pese a no contar con ningún permiso.

Desde Airbnb, sin embargo, consideran que su portal es "parte de la solución a los retos de Barcelona". Se quejan de que la normativa actual "favorece a los operadores profesionales y perjudica a quienes quiere compartir su residencia habitual". La empresa reivindica una regulación clara, que distinga entre profesionales y particulares, y se muestra abierta a encontrar soluciones junto con el ayuntamiento como han hecho en París, Londres o Amsterdam, entre otras. Desde su web existe un apartado donde quien anuncia la vivienda puede poner el número de registro. El operador da la oportunidad, pero considera que no es el portal quien debe cortar el grifo de anuncios en la actual coyuntura legal. Y defiende que el 70% de sus usuarios tienen un solo inmueble anunciado.

De hecho, es posible que el decremento en todos los portales se deba a que los propios anunciantes retiran del mercado sus pisos sin licencia, a sabiendas de que cada vez es más difícil operar sin ser detectado.

El consistorio considera que la serie de datos es todavía demasiado reciente (en los últimos meses) para corroborar un descenso decidido de la oferta ilegal o vaticinar su extinción, aunque en los dos últimos meses ha sido especialmente notoria. Sin este eco digital, el negocio se pulverizaría rápidamente, a falta de reservas. 

UN FENÓMENO FUERA DE CONTROL

Los inicios

A principios de la pasada década y con el turismo en auge, los particulares más avispados y algunos inversores se dieron cuenta de que la rentabilidad de un inmueble se multiplicaba con el uso turístico. Este diario daba cuenta en el 2004 del despegue del fenómeno, con numerosos anuncios (desde pequeñas agencias) de pisos por día en Barcelona a entre 50 y 100 euros.

El desmadre

Poco más de un año después el negocio se había convertido en un problema de primer orden en Ciutat Vella, su principal foco en aquellos tiempos. El distrito anunció una ola de precintos para enero del 2007, tras calcular que 1.500 operaban sin licencia. Solo permitía el funcionamiento de los 831 registrados por la Generalitat en el momento de entrar en vigor el plan de usos de julio del 2005.

Las dificultades

Pero la actividad se multiplicó en otras zonas y bajo el mandato de Trias se trató de cumplir un plazo de regularización. Actualmente solo hay 9.706 legales (hasta que se cortó el grifo con la moratoria de octubre del 2014).