Barcelona acumula casi 1.500 pisos turísticos ilegales con órdenes de cierre

La tentación de lucrarse con el río de divisas que generan los turistas en Barcelona abarca desde particulares hasta empresarios. Solo así se entiende que el ayuntamiento haya sumado 615 nuevas órdenes de cierre de pisos turísticos ilegales en dos meses, la punta del iceberg de los muchos más que pueden estar operando sin licencia, ya que previamente al plan de choque estival existían otras 866 cursadas. Casi 1.500 en total, pendientes de consumarse. Y que haya detectado la friolera de 32 hostales y pensiones que actúan sin permiso, y dos residencias de estudiantes que en la práctica funcionan también como hoteles.

Con el término 'hostels', que se utiliza en otros países, se engloba en este caso a hostales y pensiones. Todos ellos sin licencia, por increíble que resulte. El consistorio los ha detectado recientemente pero todavía no ha emitido las correspondientes órdenes de cese de actividad ni los expedientes sancionadores. Se trata de casos en que se presta alojamiento sin ningún tipo de licencia. Durante los últimos años han trascendido casos de pisos con licencia de alojamiento por días, pero que funcionaban como seudoalbergues al contar con habitaciones comunitarias. Los nuevos 32 casos no siguen esa dinámica sino que son negocios en marcha sin ninguna licencia y con funcionamiento de pensión u hostal por habitaciones.

En este marco de presuntas irregularidades, el ayuntamiento también ha denunciado el caso de dos residencias de estudiantes, de la marca Melon District, una en Sant Martí y otra en Sants-Montjuïc, en las que se ha confirmado que ejercen de hotel "de forma permanente". En ambos casos se han abierto expedientes de restitución de la legalidad, ya que su permiso es de residencia y están en terrenos calificados de equipamiento, pero funcionan como "hotel encubierto", según la concejala de Urbanismo, Janet Sanz.

Una inspección telemática de Turisme de la Generalitat dio la alarma, y el consistorio comprobó su actividad. Alterar su uso "puede ser constitutivo de una infracción muy grave tipificada por ley con sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros". 

ALUD DE DETECCIONES

Sanz ha destacado también que el plan de choque para erradicar los pisos turísticos sin licencia en la ciudad ha generado 615 nuevas órdenes de cierre: 124 en Ciutat Vella, 197 en el Eixample y 73 en Sant Martí. Un goteo por toda la ciudad pero ninguna en Nou Barris. Sus dos pilares han sido el equipo de visualizadores contratados a través de formación ocupacional, que han localizado 1.222 casos por internet, realizado 1.045 visualizaciones e identificado, de momento, 766 ilegales. Un total de 418 ya tienen órdenes de cierre y expedientes sancionadores de 30.000 euros, mientras que el resto está en proceso de comprobación final.

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La obligatoriedad de anunciar los pisos turísticos con su número de registro (gestionado por la Generalitat) permite a primera vista identificar los posibles casos ilegales. Y una vez in situ, si no hay permiso, se tiene que comprobar hasta dos veces su uso turístico, según marca la ley catalana. 

En paralelo, otra veintena de inspectores (reforzados con ocho personas y que también inspeccionan las terrazas de restaurantes y bares) generales, a los que hay que sumar los de distrito (que ejercen también otras tareas), han llevado a cabo 782 inspecciones, que han dado paso a 1.290 expedientes, con 197 órdenes de cese y 555 procedimientos sancionadores.

Los inspectores también han constatado que 71 han dejado de operar tras recibir la orden en los últimos meses, aunque algunos son casos previos al verano. La burocracia es lenta y desde la detección al precinto pueden pasar de seis meses a un año, amén de la posterior comprobación. Y es que antes del plan de choque promovido en junio ya se acumulaban 866 órdenes de cese y 1.109 expedientes sancionadores por actuaciones previas.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"Adem\u00e1s de las multas a Airbnb y Homeaway,\u00a0","text":"en breve se har\u00e1n efectivas las sanciones de hasta 30.000 euros a 9 plataformas que publican viviendas sin permiso"}}

La ofensiva no se limita a propietarios al margen de la ley sino que va a la yugular de los intermediarios, que propician y amplifican negocios ilegales. Generalitat y ayuntamiento actúan contra quienes publicitan pisos sin número de registro que los acredite. Airbnb y Homeaway, que eran los que más anuncios ilegales contenían, ya tienen expedientes sancionadores de 30.000 euros cada uno. Los dos han sido notificados, pero si continúan publicándolos se les abrirá otro expediente por infracción muy grave que podría alcanzar los 600.000 euros. 

En breve se harán efectivas también sanciones de hasta 30.000 euros para nueve plataformas que no dejaron de anunciar los pisos ilegales pese a ser advertidas, mientras que a 84 pequeños intermediarios se les ha requerido por lo mismo y 21 ya lo han corregido.