EDIFICIO RELIGIOSO EN EL LIMBO
Colau reclamará a la Sagrada Família que tenga y pague licencia de obra
Carlos Márquez Daniel
Periodista
Periodista especializado en Barcelona. En 'El Periódico' desde principios de siglo. Los últimos 15 años, dedicados a la información local: movilidad, urbanismo, infraestructuras, política municipal, barrios, área metropolitana y medio ambiente. Colaborador habitual en los programas de televisión 'Planta Baixa' (TV3) y 'Bàsics' (Betevé).
CARLOS MÁRQUEZ DANIEL / BARCELONA
El templo de la Sagrada Família paga los suministros de luz, agua y gas, como cualquier hijo de vecino. Pero impuestos a la ciudad de Barcelona, ninguno. Empezó a construirse el 19 de marzo de 1882, y en estos 134 años de construcción, la basílica nunca ha dispuesto de un permiso de obra aprobado por el ayuntamiento, entre otras cosas, porque ningún alcalde se lo ha reclamado. Hasta ahora. El gobierno de Ada Colau tiene previsto reunirse en breve con el patronato de la Sagrada Família para intentar corregir la situación.
Si las palabras del concejal Daniel Mòdol sobre la obra ya levantaron polvareda la semana pasada -dijo que es una "farsa" y una "mona de Pascua"-, la intención de Barcelona en Comú de regularizar los trabajos constructivos del templo, quizás la imagen más reconocible de la capital catalana en el mundo, sin duda alimentarán aún más el debate popular sobre el papel que desempeña el monumento en la ciudad.
BUSCAR UNA SOLUCIÓN
Así las cosas, y según avanza un portavoz del consistorio, "el gobierno tiene previsto reunirse en breve con el patronato para buscar conjuntamente una solución a la ausencia de licencia constructiva del templo, teniendo en cuenta en todo momento que esta obra debe contar con las mismas condiciones que el resto de procedimientos y actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad". Un modo educado de anunciar que la Sagrada Família, o ese es el deseo del gobierno, debe pagar como cualquier otro barcelonés que quiere tirar una pared o unir dos pisos.
La misma voz municipal puntualiza la "voluntad de alcanzar un acuerdo", y avanza que la continuidad de las obras "no peligra en ningún caso". "Situamos en el campo de la normalidad el hecho de hablar de una situación que hace más de 100 años que dura y que, por lo tanto, en algún momento vale la pena tratar".
Sobre la cantidad que debería pagar el Arzobispado de Barcelona, hay que diferenciar entre dos tipos de tasas. Primero está el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que mide la cantidad a pagar aplicando un 3,32% sobre el importe total de la obra. Este tendría coste cero porque la Iglésia está exenta. A lo que sí plantea el equipo de Ada Colau que haga frente la Sagrada Família es a la correspondiente licencia de obra, una tasa municipal que se mide en metros cuadrados de obra. Según la normativa de Barcelona, la cantidad es de 4,96 euros por metro cuadrado.
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Un portavoz del patronato rechaza valorar un deseo municipal que conoce de boca de este diario. En cualquier caso, recuerda que el templo dispone de un permiso del Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals a nombre de Antoni Gaudí con fecha de 1885, y que en el caso de reformas exteriores, que tocan a la vía pública, como la valla, sí se ha pedido permiso al distrito. Hasta la actualidad, pues, el templo ha actuado por silencio administrativo en cuanto a la construcción en sí del edificio. "Una anomalía histórica", definen fuentes municipales. Sant Martí se anexionó a Barcelona en 1897, pero la situación del proyecto nunca se adaptó a la normativa local.
En aquel momento, resultaría complicado en cualquier caso otorgar la licencia a un proyecto basado en simples dibujos, los que dejó el propio Gaudí, un maestro de la improvisación, y que hoy sirven de inspiración a los seguidores, incluido el derribo de fincas de la calle de Mallorca para poder ejecutar una gran escalinata.
CASI UN MILLÓN DE IBI
Al margen de no pagar licencia de obra, el templo está exento de IBI, como sucede con todas las propiedades de la Iglesia, incluso cuando son más atracciones turísticas que templos de culto. Gracias a esta ley, el arzobispado se ahorra en Barcelona del orden de 927.000 euros anuales.
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