Los olvidados de La Clota

Lo que Ana lleva peor es el frío. El frío y la humedad. El frío, la humedad y la soledad del barrio, cuenta esta mujer pequeña de sonrisa dulce y mirada triste. «A ver si nos dan los pisos ya, que aquí ya no se puede estar. Cada día estamos más solas, más abandonadas», prosigue. A sus 85 años, Ana es viuda y tiene una hija de 55 con una incapacidad intelectual severa a su cargo. Ana e Isabel, como se llama la hija, forman una de las cuatro familias que aguardan en una casa vieja rodeada de escombros en la Riera de Marcel·lí, en el barrio de La Clota, en Horta, a ser realojadas por el municipio en uno de los pisos sociales construidos a escasos metros de sus viviendas, de propiedad municipal y vacíos. «No entendemos a qué esperan. Los pisos están aquí», explica la cariñosa mujer, enferma de cáncer, señalando las viviendas nuevas, justo encima.

Jordi y María y su hija Montserrat, también con una discapacidad, forman otra de las pocas familias que siguen a la espera en el desolador lugar, que se ha convertido en una suerte de barrio fantasma, y cuentan con el principal apoyo de Ana. «Tenemos suerte de que nos ayudamos los unos a los otros», explican. Todas están de alquiler. «Los que eran propietarios cogieron el dinero y se fueron», apuntan. Marta, otra vecina, explica que tras el «ruido mediático» que hicieron en octubre -a partir de un artículo publicado en este diario-, la concejala del distrito, Francina Vila, les aseguró que comerían los turrones en los pisos nuevos. «¡No dijo de qué año!», bromea Pepita, quien explica que cada día están peor con las humedades y la degradación de las viviendas. «Por no hablar del alumbrado, que cada día lo encienden más tarde, o los contenedores de basura que nos han quitado».

Estas cuatro familias tienen un contrato de alquiler vitalicio por el que pagan unos 113 euros al mes. Pese que la zona está afectada por un plan urbanístico desde hace décadas, no recibieron las primeras noticias sobre el realojo hasta hace cinco años. La primera propuesta fue que les ofrecerían un piso en las mismas condiciones económicas en las que están ahora y en el barrio, algo que les pareció una buena noticia; pero la alegría duró poco. En un segundo encuentro con la administración, esos mismos pisos se los ofrecían, pero de compra, algo que estas familias, todas formadas por personas mayores y con pocos recursos, no aceptaron ni entendieron. El ayuntamiento les propuso entonces mudarse al Poblenou, a lo que se negaron.

Tras las protestas, el consistorio volvió a la propuesta inicial aceptada -y hasta deseada- por todos: mudarse a los pisos protegidos del barrio en las mismas condiciones de pago que las actuales durante 10 años y a partir de entonces con un alquiler social del 30% de los ingresos. Y en esas están, esperando, mientras el entorno y los ánimos no dejan de deteriorarse. «Por aquí no pasa ni el butano, dicen que para cuatro no les vale la pena», cuentan las vecinas. «La técnica de barrio me ha dicho que la cosa está muy avanzada, a ver si es verdad», matiza optimista María.

Fuentes municipales dicen estar pendientes de que la junta de compensación marque las indemnizaciones para iniciar los traslados, sin detalles ni calendario.