Garantizamos el futuro

El debate sobre las tarifas debe partir de un análisis del contexto y la grave situación de financiación del sistema de transporte público. Novecientos millones de viajes anuales dejan claro que es un tema que hay que abordar con transparencia y rigor. Si la financiación no se afronta adecuadamente, lo que nos jugamos es algo más que si la T-10 valdrá medio euro o un euro más; estamos poniendo en juego la calidad de un servicio básico y su sostenibilidad futura, y este es un riesgo que no queremos asumir. Preservar el actual sistema de transporte público es y debe ser una prioridad de ciudad y de país. Blindarlo hoy es preservarlo y asegurarlo mañana, y eso exige tomar decisiones. El incremento de precios puede no ser justo, pero en este caso es absolutamente necesario.

En los últimos diez años este sistema ha crecido en extensión y en calidad, con más líneas y mejores horarios, pero eso ha supuesto un incremento de costes del 141%, que no ha ido acompañado de una subida suficiente de los ingresos por billetes, que se han quedado por debajo, con un 94% de incremento, lo que ha obligado a las administraciones a subvencionar la diferencia. Así, hemos pasado de repartir el coste del servicio al 50% entre usuarios y administraciones a pagar el 40% los usuarios y el 60% las administraciones. No hace falta ser un experto para darse cuenta de que esta situación se ha vuelto insostenible, y más cuando algunas administraciones han reducido drásticamente sus aportaciones al sistema. En los últimos dos años el Estado ha dejado de aportar hasta 88 millones de euros al transporte público, y desde el 2009 el anterior gobierno del Ayuntamiento de Barcelona también redujo en 25 millones de euros sus aportaciones. Realmente, no nos lo han dejado fácil.

Ante esta situación eran necesarias decisiones, y las hemos tomado. El ayuntamiento, pese al contexto de crisis, ha incrementado un 10% la aportación municipal al sistema, hasta 80,4 millones de euros. Si ahora se pide un esfuerzo a los usuarios, es justo que nosotros también estemos en cabeza. TMB reducirá este año 56 millones de euros en costes recortando gastos no necesarios para el servicio, afectando solo a líneas y franjas horarias de bajo impacto. Habría sido más fácil optar por soluciones drásticas y tirar por la calle de en medio con la supresión de grandes servicios, pero hemos optado por la microcirugía. Esto nos ha permitido salvar el metro nocturno o asegurarnos la implantación de la T-16 este mandato, además de garantizar la puesta en marcha de la nueva red de autobuses de alta capacidad en el primer semestre del 2012. Decisiones como las que ahora se afrontan deberían haberse tomado mucho antes. Quizá faltó cierta valentía política, quizá se antepusieron otras prioridades. Para el gobierno municipal, que en el futuro la gente no se quede sin metro, tren o autobús sí es una prioridad.

Pero este año habrá que hacer un esfuerzo. La gente de Barcelona y su área metropolitana y el ayuntamiento encabezaremos este esfuerzo, pero exigiendo corresponsabilidad y gestos claros: primero al resto de administraciones, pero después al resto de partidos. Aquí no debería haber lugar para la disputa política. El gobierno municipal apuesta por el transporte público, pero garantizar su continuidad y calidad los próximos años deberá ser cosa de todos. Dependerá de nosotros.