Los escritores creen que el préstamo bibliotecario comporta un perjuicio económico al autor
Las dos principales asociaciones de escritores de Catalunya han firmado un manifiesto en el que consideran que el préstamo bibliotecario comporta algún tipo de prejuicio económico para el autor.
En el texto, presentado hoy en Barcelona, los escritores consideran que "no es cierto que la remuneración al autor por el préstamo de sus obras constituya un atentado contra el servicio público".
José Luis Giménez Frontín, de la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya (ACEC), ha dicho que "no hay ningún país en el que el servicio público pueda gestionarse al margen del respeto a la ley, ni financiarse a costa de no satisfacer honorarios a sus trabajadores o regatear el pago de servicios, suministros o derechos".
Para los escritores, añade Giménez Frontín, "resulta realmente difícil considerar abusiva la cantidad de 20 céntimos fijada con carácter transitorio por el Gobierno español como pago de derechos al autor por cada obra adquirida para préstamo independientemente del número de préstamos que se haga posteriormente de ese libro".
Los autores esperan que las administraciones públicas y privadas hagan frente a sus obligaciones legales incrementando las dotaciones en las bibliotecas "para que no se tenga que repercutir en los usuarios este pago".
Ni impuesto ni canon
En nombre de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC), Guillem Jordi Graells ha recordado que "el derecho de autor por préstamos bibliotecarios no es conceptual ni jurídicamente ni un impuesto ni un canon, y por ello ha recibido el amparo total del Tribunal Europeo de Justicia".
Según Graells, el derecho de autor por préstamo bibliotecario no puede ser confundido con el canon o sistema legal compensatorio por copia privada".
Asimismo, las asociaciones de escritores expresan su temor ante la proliferación de las obras realizadas por los llamados "equipos editoriales": "El autor es una persona física y su autoría moral es legalmente irrenunciable", subraya Graells, quien considera estas prácticas de "obra colectiva" como "una utilización editorial al margen del espíritu y de la letra de la ley de la propiedad intelectual".
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