Albiol reintenta una desocupación de 150 migrantes en Badalona tras tumbarla una jueza por no ofrecerles techo

El desalojo de unos 150 migrantes que ocupan el antiguo instituto Badalona 9 (B-9) de Badalona ha vuelto a motivar una acción judicial ejercida por el Ayuntamiento de Badalona, administración titular del degradado inmueble. La ofensiva judicial impulsada de oficio a principios de este mes de febrero por el Gobierno municipal del alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) sucede después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Barcelona, en un auto del pasado 26 de enero al que ha tenido acceso exclusivo EL PERIÓDICO, desestimase una primera acción judicial de desocupación por la vía de urgencia que aludía al "gran peligro más que probable para los ocupantes" de "elevado riesgo de incendio", al estar manipulada la instalación eléctrica en la finca.

Interpelado por este diario sobre los motivos que justifican el impulso del desalojo en el número 669 de la Avinguda Alfons XII, en el badalonés barrio del Remei y pegado al barri de Sant Roc, el alcalde Albiol apela esencialmente a dos razones: "El gran riesgo para las propias personas que están allí de que la luz pinchada cause una desgracia", afirma, y "los problemas de delincuencia e incivismo que están causando en el barrio del Remei". La intención tras la desocupación del viejo instituto, concluye Albiol, es "tirarlo inmediatamente al suelo por sus condiciones lamentables y plantearnos la posibilidad de construir allí la segunda comisaría de Guardia Urbana la ciudad".

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EL PERIÓDICO ha podido acceder al asentamiento urbano objeto del desalojo y conversar con diversas de las personas -entre ellas había algunos niños menores- que viven allí, las cuales hablan de más de 200 personas (las 150 son una estimación de la Guardia Urbana de Badalona) con una parte de residentes itinerantes. Este diario ha podido comprobar 'in situ' la pobreza extrema e infrahumana en la que halla la maltrecha nave del viejo instituto B-9: muebles destrozados por todas partes; precarios habitáculos de madera; frágiles construcciones con ladrillos; gallinas y aves sueltas en los exteriores; un intento de bar y cocina; y pasillos escolares reconvertidos en insalubres habitaciones.

Una maraña de cableado y enganches hace también evidente, tal y como corroboran informes técnicos de la Guardia Urbana de Badalona consultados por este diario, que la instalación eléctrica permanece visiblemente manipulada, circunstancia que en el pasado ya causó -según investigaciones de los Mossos d'Esquadra- fatídicas tragedias en Badalona como el incendio de Sant Roc en enero del 2019 en el que murieron tres personas. Sobre este extremo, dos de los ocupantes consultados explican que "próximamente, desde un sindicato nos van a ayudar a arreglar la instalación eléctrica".

Los informes internos que maneja el consistorio badalonés describen así las impactantes condiciones que caracterizan el interior de la finca: "Multitud de chabolas perfectamente separadas entre sí y con aceso a ellas a través de candado"; "fuerte olor a orín y excrementos por toda la finca"; "derribo de tabiques y obras precarias"; o "múltiple cableado colgando por las paredes en mal estado", por citar algunos ejemplos.

En cuanto a los "problemas de delincuencia e incivismo" que expone Albiol, el relato varía en función de la voz vecinal que se consulte. Desde la Asociación de Vecinos del Remei, barrio donde se halla el inmueble, la presidenta Silvia Jordán y el vocal Ángel García coinciden en la percepción de inseguridad: "Estamos muy preocupados y asustados. Hemos visto que han arrancado farolas y han desaparecido puertas de hierro. Nos da miedo pasar por allí porque nos hemos encontrado a gente drogada por la calle. El paisaje es tercermundista", subrayan.

Sin embargo, el trabajador de una chatarrería próxima al inmueble que prefiere no identificarse explica a este diario que "desde que están aquí, en septiembre del pasado 2023, nunca he visto ningún conflicto. Los chicos africanos son pacíficos. Hay más conflictividad, eso sí, en la zona de la nave que toca a los bloques de Sant Roc", comenta. Otra fuente vecinal consultada también habla de "dos zonas diferenciadas, una más pacífica y otra más conflictiva". Una quinta fuente vecinal de la zona que pide explícitamente anonimato asegura que "no compra" que los migrantes sean conflictivos: "Vengo a menudo a ver a mi familia y en todos estos meses no les he visto hacer nada que me pareciera delictivo", cuenta.

"Se les abocaría a una completa vulnerabilidad"

El nuevo procedimiento judicial en marcha, que puede durar un par de meses hasta el desalojo, se fundamenta en una acción de recuperación del dominio público de titularidad municipal basada a su vez en una resolución administrativa del pasado 5 de febrero que fue notificada el pasado 14 de febrero a ocho personas identificadas que se hallan ocupando la finca. El consistorio certifica que en el inmueble no consta ninguna persona empadronada.

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Precisamente, la inexistencia de la mencionada resolución administrativa fue una de las dos carencias, en este caso formal, que reprochó la jueza en su resolución judicial de finales de enero consultada por este diario. Dicho de otra forma: un argumento para denegar el desalojo de los migrantes es que se accionó judicialmente sin un garantista proceso administrativo previo. La jueza recriminó así al consistorio que, antes de acudir a la 'vía rápida' del desalojo judicial, debería haber impulsado un procedimiento administrativo debidamente notificado (como sí ha ocurrido recientemente) a los ocupantes para que estos pudieran haber accedido voluntariamente al desalojo o, en su caso, hubieran recurrido o solicitado su suspensión.

El otro gran argumento aducido por la jueza para tumbar en primera instancia el desalojo fue que el Ayuntamiento de Badalona no ofreció alternativa habitacional a los 150 migrantes que desde septiembre del pasado 2023 malviven precariamente en el núm. 669 de la calle Alfons XII. En caso de ser desalojados de allí, consideró el auto judicial, "se les abocaría a una situación de completa vulnerabilidad", escenario que la magistrada tachó de contrario a la proporcionalidad que exige la medida.

De hecho, la jueza ya había exigido la citada alternativa habitacional al Ayuntamiento de Badalona en una providencia del pasado 25 de enero a la que también ha accedido este diario. En la resolución, previa al auto de denegación, la jueza requería al consistorio badalonés "si tiene previsto algún recurso residencial para ubicar" al más del centenar de personas que lo habitan. Que la administración local no lo propusiera fue uno de los argumentos para que la Justicia no estimara la desocupación.

"Nos quedamos muy sorprendidos con la resolución judicial: me parece una perversión del sentido común. Lo digo claro: el Gobierno de Badalona no está para dar vivienda a ocupas; me parece alucinante porque tengo una lista de espera de vecinos que llevan tiempo pidiéndonos recursos habitacionales, sin ir más lejos los desalojados de la C/Canigó", afirma Albiol.

Ante el nuevo procedimiento judicial en marcha, desde la entidad Badalona Acull, que ofrece alimentos y acompañamiento básico a los migrantes que ocupan el antiguo B-9, confirman a este diario que están evaluando la posibilidad de formular alegaciones contra la desocupación. "Estar allí, aunque sea en condiciones infrahumanas, es su única alternativa de vida", sostiene Jaume Ventura, portavoz de Badalona Acull.

Ventura apunta a que un grueso de los migrantes provienen del desalojo de la C/Alfons XII en junio del pasado 2023, después del cual pasaron también por el asentamiento que se mantiene en la C/Antoni Bori. Hay incluso personas que provienen de la tragedia del Gorg en diciembre del 2020 con cinco víctimas mortales.

La exigencia judicial de la alternativa habitacional

En respuesta a la exigencia de un techo para las personas que ocupan el inmueble a cargo de la jueza, los Servicios Sociales de Badalona emitieron un informe que también ha podido consultar este periódico. Aunque en él manifestaban "no tener alternativa habitacional" disponible, sí ofrecían para los migrantes recursos como el empadronamiento, la solicitud de la tarjeta sanitaria o la derivación a programas de atención a personas sin hogar o recursos formativos, siempre que estas alternativas dispongan de vacantes "y una vez hayan superado la fase de vinculación con el equipo" de Servicios Sociales.

El decreto que despliega el catálogo de Servicios Sociales que prevé ley catalana aplicable define el servicio de acogida residencial de urgencia como una 'prestación garantizada' como derecho subjetivo, aunque lo somete al requisito de la "situación de necesidad". Según fuentes jurídicas consultadas, no existe como tal una norma que lo prescriba como automatismo legal en términos generales, pero sí que suele ser una praxis habitual de las administraciones públicas.

El abogado badalonés Rafael Mendoza, que explora junto con la entidad Badalona Acull la posible formulación de alegaciones próximamente, especifica que la presencia de menores es una circunstancia ante la que "tanto legislación como jueces consideran imprescindible exigir que proceda una alternativa habitacional en casos de desalojos".

Fuentes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), con sobrada experiencia en el ámbito de la exclusión social, confirman que "suele ser una práctica habitual de los ayuntamientos". Si las personas afectadas justifican su vulnerabilidad, "lo habitual es que se les ofrezca al menos una noche de pernoctación en una pensión o en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona", concluyen desde la PAH.

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