Cuarto aniversario

Juicio al incendio de Sant Roc: una víctima acusa a los ocupas de las muertes por pinchar la luz

Tres personas murieron, el 5 de enero de 2019, en un tubo de fuego originado por una sobrecarga eléctrica en un bloque de la avenida Marquès de Montroig de Badalona

Cuatro años después, EL PERIÓDICO accede a la acusación particular de una de las víctimas, la hija de una fallecida, tendente a probar un homicidio imprudente

Vídeo del incendio en el edificio de Sant Roc (Badalona) y del rescate de algunos vecinos.

Vídeo del incendio en el edificio de Sant Roc (Badalona) y del rescate de algunos vecinos. / FOTO: JOSEP GARCIA VIDEO: EL PERIÓDICO

Manuel Arenas

Manuel Arenas

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Han pasado cuatro años desde que el 5 de enero de 2019 fallecieran tres personas en un virulento incendio originado en el número 244 de la avenida Marquès de Montroig de Badalona, en el barrio de Sant Roc. Ya en aquel momento, los Mossos d'Esquadra situaron el origen del fuego en una sobrecarga eléctrica por un pinchazo de la luz en el 1º 2ª del bloque, un piso ocupado, escenario no excepcional en un barrio degradado que dio pie a una investigación judicial todavía hoy abierta debido a la complejidad que supone la postulación procesal de múltiples partes, desde las propias víctimas hasta las compañías aseguradoras de los inmuebles afectados.

Casi 1.500 días después de que aquel tubo de fuego se propagara por el viejo edificio de diez plantas conocido con el nombre de 'El Lineal', el caso se encuentra aún en fase de instrucción judicial y EL PERIÓDICO ha accedido a la acusación particular de I. M., iniciales de la hija de una víctima mortal, una anciana de nacionalidad española de 86 años que residía en la novena planta y que falleció ese mismo 5 de enero junto con otros dos vecinos. "Mi acción legal no busca ni dinero ni reconocimiento: se trata de una cuestión de dignidad para que lo que ocurrió aquel 5 de enero no quede impune", explica a este diario I. M.

La citada acusación particular, con documentación presentada a la causa que obra en poder del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Badalona, busca probar la concurrencia de responsabilidad penal de alguno(s) de los cuatro investigados -el día del incendio había en el piso un total de nueve personas- de nacionalidad rumana que ocupaban el piso con la luz pinchada, origen del incendio.

Para ello, la defensa letrada de I. M., que tiene previsto mantener la acusación particular como mínimo hasta que la Fiscalía se pronuncie sobre la apertura de juicio oral, se fundamenta en las conclusiones de un informe de los Mossos d'Esquadra al cual ha podido acceder este diario, las cuales se adjuntan con fotografías probatorias realizadas por los agentes dos días después del incendio, el 7 de enero de 2019.

Las imágenes muestran, por una parte, la ausencia de contador de la luz en el lugar correspondiente al piso 1º 2ª, donde sin embargo figura un adhesivo de la compañía eléctrica, en este caso Endesa, que hace constar la "manipulación eléctrica" con fecha del 12 de mayo de 2017; y, por otra, que el fusible de ese 1º 2ª se hallaba quemado, lo cual "confirma el sobrecalentamiento en el interior del cuadro eléctrico que da lugar al inicio del incendio", relata la policía catalana en sus conclusiones.

A juicio de la defensa de I. M., la citada manipulación, "junto con la temeraria irresponsabilidad de conectar a la instalación aparatos electrodomésticos de forma masiva, insegura y descontrolada", fue lo que condujo al incendio mortal. Es por ello que, en caso de que se abra juicio oral tras la instrucción, "es dable pensar que pueda dictarse una sentencia condenatoria por homicidio imprudente [que acarrea una pena de prisión de uno a cuatro años, según el Código Penal], atendida la gravedad de los hechos", asegura a este diario el abogado de I. M., que solicita anonimato para aparecer en este reportaje.

Historia de un 'pinchazo' fatídico

El origen de la historia del 'pinchazo' eléctrico que derivó, según la investigación policial, en el incendio mortal de Sant Roc, se remonta a enero de 2015. Fue entonces cuando A. S., un anterior inquilino -ya sin presencia el día del incendio- del 1º 2ª del número 244 de la avenida Marquès de Montroig de Badalona, entró -previo pago a un tercero- a ocupar el piso junto con cuatro adultos de nacionalidad rumana y una menor.

También en enero de 2015, concretamente el día 12, fue cuando el Ayuntamiento de Badalona, por entonces bajo el mandato de Xavier García Albiol (PP), empadronó a los ocupas según un informe de los Servicios Sociales de la ciudad catalana al que tuvo acceso este diario, informó Elisenda Colell.

La citada ocupación desembocó, el 16 de junio de 2016, en una demanda civil presentada por Building Center, sociedad inmobiliaria de CaixaBank propietaria del piso. Esta acción culminó a su vez, el 20 de abril de 2017, en una sentencia estimatoria favorable a la compañía que acreditaba la ocupación irregular sin título y habilitaba al desahucio. Sin embargo, "ese desahucio nunca se llegó a ejecutar y luego [en enero de 2019] pasó lo que pasó", comenta el abogado de I. M., víctima del incendio personada en el proceso penal.

Según la tesis de la acusación particular, documentalmente queda probado que el Ayuntamiento de Badalona conocía la ocupación ilegal por parte de los investigados desde al menos el 7 de marzo de 2017, ya bajo la alcaldía de Dolors Sabater (Guanyem) en la gran ciudad catalana. Fue entonces cuando, al solicitar -los investigados- un empadronamiento en la vivienda ocupada, "dos agentes de la policía municipal acudieron al inmueble y levantaron acta de que la vivienda estaba ocupada", asegura la defensa de I. M.

Endesa interrumpió el suministro

El otro momentum determinante en el historial del 'pinchazo' eléctrico origen del incendio fue el 12 de mayo de 2017. Ese día, Endesa interrumpió el suministro eléctrico del 1º 2ª del 244 de la avenida Marquès Montroig por fraude y conexión ilegal del piso a la red de suministro eléctrico, según queda acreditado en la investigación de Mossos. A ojos a de la acusación particular, esa acción "diligente" de la compañía eléctrica la exime de cualquier responsabilidad legal en el caso.

Sin embargo, con respecto a los investigados, la acusación sí considera que "resulta innegable que para poder disfrutar [con posterioridad y hasta el día del incendio] de dicho suministro, por sí o por medio de tercero procedieron a la manipulación necesaria de la instalación eléctrica para seguir disfrutando gratuitamente del suministro de electricidad del que habían gozado hasta el 12 de mayo de 2017".

Debido a ello, el abogado de I. M. considera que, entre los cuatro investigados, a los cuales acusará técnicamente llegado el momento procesal oportuno (cuando también se pronunciará Fiscalía), "al menos hay una mujer contra la que pesan elementos suficientes para enervar su presunción de inocencia y obtener una condena", ya que en la documentación "queda fehacientemente acreditado que vivía en el piso antes de la inspección y corte de luz de Endesa, lo que permite afirmar que conocía y se aprovechó de la conexión eléctrica ilegal que ocasionó el incendio mortal".

A consulta de este diario, fuentes jurídicas de Endesa, que no tiene implicación judicial en el caso y recuerdan que la compañía "nunca se ha visto afectada penalmente como responsable o corresponsable de un fraude eléctrico", reconocen la singularidad del caso de Sant Roc al no tener constancia de otros incendios causados por fraudes eléctricos con consecuencias mortales. "No nos constan otros casos así en toda España", apuntan desde la compañía.

Carles Sagués, portavoz de la Plataforma Som Sant Roc, que en su momento hizo acompañamiento a la familia rumana que ocupaba el 1º 2ª pero que hoy ha perdido el contacto con ella, pone el acento en que, "si se demuestra que el pinchazo eléctrico fue el origen del incendio, hay que combatir la pobreza, no a los pobres", en relación a la vulnerabilidad generalizada en el barrio de Sant Roc.

"Sant Roc es un barrio paradigmático para poner contadores sociales, pero lamentablemente después del incendio seguimos teniendo viviendas con la luz pinchada", lamenta el líder vecinal, quien rememora el "shock" tras el incendio de la familia rumana.

Investigados en paradero desconocido

El 9 de enero de 2019, cuatro días después del incendio, el exalcalde y por entonces líder de la oposición Xavier García Albiol (PP) anunció públicamente una querella criminal por homicidio imprudente contra los ocupas del piso donde se originó el incendio de Sant Roc. Consultadas por este diario, fuentes del PP de Badalona admiten que la augurada querella no se llegó a interponer porque, al no estar en el Gobierno local, "no quedaba justificada la legitimación para defender el interés general".

Por su parte, la acusación particular pone asimismo el foco sobre el hecho de que, durante el primer semestre de 2020, varios de los investigados fueran sorprendidos en Rumanía y en Suiza, tal y como en su momento comunicó la policía al juez, que el 12 de enero de 2019 había acordado la prohibición de salir de España de los investigados, notificándolo a tal efecto a la policía y a la embajada rumana.

Ante tal escenario, el juez desestimó decretar orden de detención europea, de modo que "los investigados quedaron nuevamente en libertad y con posibilidad de desplazarse libremente por Europa, como así habían hecho ya, quebrantando la orden judicial", apunta la defensa de I. M., que estima que el paradero desconocido de los investigados agrega complejidad a la causa: "Ni siquiera tenemos claro que se les pueda llegar a juzgar; en su caso, se les pondrá una orden de busca y captura y ya veremos qué pasa".

Más allá de que los investigados en el actual proceso judicial son cuatro, en el momento del incendio de Sant Roc había nueve personas en el 1º 2ª del número 244 de la avenida Marquès Montroig, integrantes de una familia de nacionalidad rumana que empezó a establecerse en Badalona en noviembre de 2004: el abuelo; la abuela; el hijo; su pareja; dos menores; y finalmente tres personas (un hombre, su pareja embarazada y otra menor) que estaban "de visita". La familia, en riesgo de exclusión social y en shock tras el incendio, llevaba diez meses siendo atendida por los Servicios Sociales de Badalona en relación a su potencial desahucio.

'Pinchazos': la diferencia entre pobreza energética y "actividades ilícitas"

Endesa y Ayuntamiento de Badalona hicieron, durante el año posterior al incendio de Sant Roc, "pedagogía y divulgación" en el barrio sobre los riesgos de los fraudes eléctricos, recuerdan fuentes de la compañía. "Fue una tragedia; la ciudad se volcó con lo sucedido en el incendio aquellos días", rememora el actual alcalde Rubén Guijarro (PSC), que en aquel momento era concejal del distrito y no olvida la dureza de visitar el edificio calcinado el mismo día del incendio. En su momento, el exalcalde Álex Pastor (PSC) enfatizó la persecución municipal de los 'pinchazos' eléctricos diferenciando entre los casos de pobreza energética y aquellos vinculados a "actividades ilícitas" como ocupaciones o cultivos de marihuana, de manera que las familias identificadas como vulnerables por los Servicios Sociales quedaran "automáticamente protegidas de cualquier interrupción del suministro", aseguró el edil.

Fuentes de Endesa subrayan, por otra parte, la "laxitud" de la actual regulación penal de los fraudes eléctricos, sancionados con multa de tres a doce meses (de uno a tres si la cuantía defraudada es inferior a 400 €). "Hemos hecho un estudio de derecho comparado con Portugal, Francia o Alemania y, de nuestro entorno, España es el único país que no prevé pena privativa de libertad para este tipo de actividades", señalan fuentes de Endesa, que aunque asumen que el incremento de la pena no implicaría la desaparición automática de fraudes, remarcan que la actual regulación "no tiene en cuenta la afectación social ni el riesgo para las vidas de los vecinos que pueden llegar a suponer estos fraudes".

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