La Generalitat decidirá si Badalona ha de pagar las pensiones de los vecinos desalojados de la calle Granada

El pago de las facturas de los hoteles y pensiones en que el Ayuntamiento de Badalona alojó a los afectados por el semiderrumbe de la finca del número 22 de la calle Granada es hoy, año y medio después de los hechos, motivo de controversia. El Pleno municipal del lunes 25 incluía un punto en la orden del día que precisaba de dos o tres lecturas pausadas para acabarse de entender: "Resolver la discrepancia efectuada por el órgano gestor a la objeción de la Intervención General al expediente 2022/50355Q relativo a la aprobación de las facturas correspondientes a la emergencia del desalojo de las fincas situadas en la calle Granada, 22".

En resumen, lo que se votó en ese punto de la orden del día era si se debía elevar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya la decisión de si el Ayuntamiento de Badalona debe abonar o no las facturas por la estancia de los vecinos afectados por el desplome de su casa. La arrolladora mayoría absoluta de los 18 concejales del PP en el consistorio badalonés sirvió para aprobar el punto, aunque los demás grupos políticos con representación (PSC, ERC, En Comú Podem y Guanyem Badalona) votasen en contra.

El Ayuntamiento de Badalona ofrece pisos de alquiler a las familias desalojadas de la calle Granada

Decreto de emergencia

Cuatro días después de que se hundiese la terraza del inmueble, el entonces alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro, firmaba un decreto de emergencia para poder atender las necesidades habitacionales de los afectados. Dentro de tal situación de urgencia, el consistorio daba cuenta en sesión plenaria el 28 de junio de la contratación de emergencia de un servicio de media pensión para las familias desalojadas. Una vez que se sendos informes (uno encargado por el Ayuntamiento y otro, por los vecinos) declararon la ruina del edificio, el Ayuntamiento les ofreció trasladarse a pisos de alquiler social, tras ocho meses viviendo en pensiones. Corría el mes de diciembre de 2022.

Actualmente, año y medio después, aquellas facturas siguen sin pagarse. Contradiciendo el parecer de los Servicios Sociales municipales, la interventora sostiene que el consistorio no debe abonar esas facturas. Los motivos que esgrime, según explicó la concejal popular Rosa del Amo durante el Pleno del pasado lunes, se basan en que la situación de emergencia se perlongó mucho en el tiempo, de manera que la interventora "pone en entredicho, incluso, que el decreto de emergencia pudiese estar amparado por la ley". En concreto, tal y como ya informó este diario, el consistorio ha gastado 234.232 euros en las pensiones en que acogieron durante ocho meses a las cuatro familias que se quedaron sin casa.

Así, ante esta discrepancia, el Gobierno municipal propuso al Pleno "aprobar la discrepancia a favor de la intervención, con el fin de llevar el expediente a la revisión de oficio de la Comissió Jurídica Assessora, órgano de la Generalitat de Catalunya, que, de alguna manera, hará de árbitro y dictaminará en un sentido u otro", explicó del Amo. Para el equipo de Gobierno, se trata de un aspecto "técnico" y en ningún caso se trata de una "decisión política". Desde el Gobierno de Badalona destacan, además, que la interventora puso sobre la mesa "que se podrían haber haber buscado otras alternativas y que se trata de cantidades que deberían haber pasado por la propia comisión antes de ser aprobadas".

Reacciones de la oposición

"No nos posicionamos, en ningún caso, en contra de las decisiones que se tomaron en su día ―asumió la concejal del Amo durante el Pleno―, lo único que buscamos es seguridad jurídica". La oposición votó en contra en bloque, y esgrimió sus argumentos basándose en el elemento de la emergencia, recogido en el decreto firmado en su día. "Nos parece incorrecto que porque haya habido un cambio de gobierno se de marcha atrás al acuerdo que consideraba el caso de Granada 22 como una emergencia", exclamó la representante de Guanyem Badalona, Dolors Sabater.

La concejal Rosa Trenado (En Comú Podem) vivió el realojo de los vecinos cuando formaba parte del Gobierno municipal, ya que ocupaba la concejalía del barrio de La Pau, donde se encuentra el inmueble: "La empresa ha cumplido su servicio amparada en un decreto de emergencia y amparada en un informe favorable del servicio técnico, por lo que si la empresa ha realizado su servicio, la empresa debe cobrar por él". Por su parte, Àlex Montornès (ERC), insistió en la emergencia de la situación: "Independientemente de la postura de la interventora, ¿qué alternativa teníamos? ¿Dejar a la gente durmiendo en la calle?", dijo Montornès dirigiéndose al alcalde Albiol.

El debate sobre el tema lo cerró el líder del Gobierno municipal: "No hay técnicos que sean los malos y otros, los buenos. Lo que hay es una discrepancia entre dos órganos ―y continuó Albiol, asegurando que el pago se acabaría haciendo―, si no quisiéramos pagar, la factura se guardaría en un cajón, como ha ocurrido en otras ocasiones, eso no lo haremos". Para zanjar la cuestión, el alcalde lanzó una pregunta al aire: "¿Si estaba todo tan claro y el expediente estaba preparado antes de que yo accediese a la alcaldía, por qué no lo llevaron ustedes a votación al Pleno?", dijo, apelando a la oposición.

¿Acabarán pagando los vecinos?

La pregunta es natural. Si finalmente la comisión encargada de la decisión final dirime que el Ayuntamiento no debe pagar las facturas, ¿quién lo hará? Fuentes municipales descartan que tengan que ser los vecinos quienes sufraguen su estancia en pensiones. Así, otras opciones podrían discurrir por la creación de un nuevo expediente, sostienen las mismas fuentes. Lo que es más que seguro es que la empresa tardará en cobrar las facturas.

En todo caso, si se decidiese que el pago corresponde a los vecinos, sería harto difícil que ocurra, dada la situación económica de las familias, y dado que todavía siguen pagando las hipotecas de unas viviendas en las que no viven. Un aspecto, el de la condonación de las hipotecas, que sigue siendo motivo de lucha para los vecinos.

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