¿Cuánto pagamos los españoles por los intereses de la deuda?

Desde el estallido de la crisis económica, el aumento de la deuda pública ha sido una constante. El Sector Público -el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y otros entes locales y la Seguridad Social- comenzó a gastar más de lo que ingresaba, por lo que se vio obligado a financiarse de forma externa para poder llevar a cabo todos sus planes y objetivos.

En 2008, la deuda se situaba en un 39,7% del PIB y 439.771 millones de euros, mientras que en 2018 alcanzó el 97,6% del PIB y 1.173.303 millones de euros. En tan solo diez años, el conjunto de las Administraciones Públicas se han endeudado en 733.532 millones más o, lo que es lo mismo, la deuda acumulada por la economía española casi se ha triplicado desde la crisis.

Lo mismo ocurre con la deuda per cápita. Si atendemos a los datos por habitante, la cifra que cada español debe ha aumentado en los últimos diez años un 162,84%: ha pasado de 9.511 euros en 2008 a 24.999 euros en 2018.

Advertido por la Comisión Europea, el Ministerio de Economía tiene entre sus principales objetivos revertirla, pero la prórroga presupuestaria tampoco ha ayudado a conseguirlo: los últimos datos avanzados por el Banco de España revelan que la deuda española alcanzó en septiembre 1,207 billones de euros, lo que supone un 97,94% del PIB, y se situó justo detrás del máximo histórico que marcó en el mes de junio (1,21 billones).

Ante este escenario, el Ministerio recuerda que el saldo mensual de la deuda pública tiene una evolución volátil y que estos datos son compatibles con el objetivo previsto para el 2019 que es el 95,9% del PIB, meta que también figura en el Plan Presupuestario de 2020 enviado a Bruselas.

¿Y los intereses?

Cuando hablamos de deuda pública también hay que tener en cuenta que esta forma de financiación conlleva unos intereses que han de pagarse a los agentes prestadores. 

El Gobierno destinó en 2018 un total de 31.398 millones de euros al pago de este concepto, una cifra que representa el 2,5% del PIB y un 0,5% menos que el año pasado, cuando se situó en 32.935 millones. Esto supone que el Tesoro Público realizó un desembolso de 86 millones de euros diarios.

De la misma forma, si trasladamos estos datos al gasto per cápita durante 2018, cada español tuvo que hacer frente al pago de 673 euros en concepto de intereses.

Para final de año, y de acuerdo al Plan Presupuestario de 2020, el Gobierno prevé que se mantenga la tendencia decreciente por la caída de los tipos, y que los intereses alcancen al final del ejercicio un nivel del 2,3% del PIB, dos décimas menos que el pasado año, y una previsión de gasto de 28.118 millones de euros. En este caso, el gasto por habitante disminuirá 74 euros y se situará, si se cumple lo pronosticado, en 599 euros por persona.

Además, el Ejecutivo espera que en 2020 los intereses sigan disminuyendo, aunque aseguran que esta tendencia se irá suavizando hasta alcanzar el 2,2% del PIB.

Pero, ¿quién invierte en la deuda española?

Lo más común es que los estados emitan activos financieros para sufragar el déficit, es decir, para hacer frente al aumento de los gastos en detrimento de los ingresos. Estas emisiones se hacen en forma de títulos de deuda y las más comunes son las letras del tesoro, los bonos y las obligaciones, cuyo tipo de interés dependerá de la confianza que tengan los mercados en que el Estado va a devolver las cantidades prestadas.

En el caso de España, la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas se sufragó en 2018, en gran parte, por entidades de crédito no residentes (45,6%). Además, y debido al programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE), las tenencias de deuda pública española por parte del Banco de España se situaron en el 19,3% del total, mientras que el porcentaje de la deuda total en manos de residentes descendió en nuestro país hasta un 54,4%, siguiendo la tendencia de años anteriores.

Existen entidades que se encargan de valorar la probabilidad de pago o calidad crediticia de estas emisiones: son las agencias de calificación, también conocidas como agencias de rating. Para ello, categorizan esta confianza en escalas alfanuméricas, asignando la triple A (AAA) a la máxima nota y el menor riesgo, y la D a la nota más baja y el mayor riesgo.

Las más influyentes son Moody's, Standard & Poor's, y Fitch, todas de capital norteamericano. En el caso de España, actualmente estas agencias califican la deuda pública en Baa1, A y A-, respectivamente.