La PAH lleva al Congreso una ley para acabar con los abusos del alquiler

La ley que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para acabar con la ‘burbuja’ del alquiler ha llegado ya al Congreso. Representantes de la organización antideshaucios la han registrado este miércoles junto los grupos parlamentarios que han querido suscribirla: Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu. Ahora su futuro depende de si el Gobierno ejerce el derecho de veto por motivos presupuestarios y la mesa, donde tienen mayoría el PP y Ciudadanos, lo acepta.

Las medidas clave de la ley en lo que respecta al alquiler son tres: alargar la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, referenciar las actualizaciones anuales al IPC y una regulación de los precios a través de índices de referencia “como ya se hace en ciudades como París y Berlín”. Las tres coinciden con las reivindicaciones de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, las ciudades más afectadas por los precios disparatados y el alud de casos en que los propietarios echan a los inquilinos al cumplirse el plazo de tres años para dedicar el inmueble a actividades más lucrativas.

Frente municipal para que los contratos de alquiler vuelvan a ser de 5 años

El proyecto establece la creación de un índice de referencia a escala nacional, pero se subraya que tendrá prioridad el que puedan imponer los distintos ayuntamientos. Es decir, que luego su cuantificación quedará en manos de las entidades locales, que podrían adaptarlo mejor a los barrios o las características socioeconómicas de los distritos.

Larga negociación

La ley se ha negociado durante casi un año con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP. El coordinador de la ley, Luis Sanmartín, confiaba en que el PSOE suscribiera también la propuesta después que Pedro Sánchez se comprometiera durante la campaña de las primarias, pero al final se ha descolgado, prometiendo, eso sí, que la apoyarán si llega a votarse en el pleno. Como Ciudadanos ha anunciado que “no la bloqueará”, es posible que el pleno apruebe su tramitación, pero para eso tendrá que superar el previsible veto del Gobierno.

Fuentes de Podemos admiten que la amplitud de la ley, que incluye varias medidas antideshaucios y el impulso de la vivienda pública, pueden dar dan pie a que el Ejecutivo ejerza su derecho de veto basado en que afectaría a los presupuestos. En este caso, aseguran, tramitarían más adelante su propia propuesta, limitando su alcance a la reforma de los alquileres, donde el apoyo del PSOE podría ser más claro e incluso Ciudadanos podría sumarse, al menos en parte. La PAH, no obstante, sostiene la ley ya especifica que las medidas que acarreen gasto se aplicarían en los presupuestos generales de 2019, por lo que "no hay razón para vetar".

Dación en pago retroactiva

La proposición de ley de la PAH incluye también el establecimiento de la dación en pago retroactiva, para “salvar a las 700.000 familias que desde el año 2008 la banca ha dejado sin casa y con una deuda de por vida”; la paralización de todos los deshaucios en trámite que afecten a familias en la vivienda habitual y blindar el acceso a los suministros de luz, agua y gas.

Para Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, se trata de “parales los pies a los buitres financieros” que convierten el objetivo de especulación lo que la Constitución proteje como derecho a la vivienda.