Frente municipal para que los contratos de alquiler vuelvan a ser de 5 años

Las siete grandes ciudades gobernadas por los denominados 'ayuntamientos del cambio' han formado un frente común para reclamar una reforma de la ley de arrendamiento del PP que alargue de 3 a 5 años la duración mínima de los contratos, así como un aumento de 2.000  millones de euros en la dotación presupuestaria para el 2018 del Plan de Nacional de Vivienda que prepara el Gobierno. Los representantes de los municipios de Barcelona, Madrid, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragoza han planteado este lunes sus reivindicaciones al secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, pero la respuesta ha sido negativa.

El PP aprobó en el 2013 la denominada ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler. Es la reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que redujo de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de alquiler y eliminó la actualización basada en el IPC. Es la norma que ha servido en bandeja la actual burbuja inmobiliaria, que en las grandes ciudades ha puesto los precios por las nubes y expulsa de sus casas a los inquilinos con menos recursos.

Desde Barcelona y Madrid se ha venido reclamando una ‘contrareforma’ que restituya la LAU a la situación anterior al 2013 y también que se permita a las comunidades autónomas o a los municipios regular los precios a través de índices de referencia. Ahora son todos los ‘ayuntamientos del cambio’ los que enarbolan estas banderas, aunque la posición del Gobierno sigue, por el momento, inalterable.

Facilidades a los propietarios

Gómez-Pomar ha defendido a la salida del encuentro la bondad de la reforma del PP. "Establecer precios es lo que hizo desaparecer la vivienda de alquiler en épocas pasadas. Si tienen limitación de rentas puede que los propietarios no saquen las viviendas en alquiler", ha argumentado, tras recordar como dato relevante que en el 2011 el parque de viviendas de alquiler no llegaba al 20% del total y seis años después supera el 22%.

"Las decisiones que tomamos han tenido efectos positivos", ha defendido. El plazo mínimo obligatorio de arrendamiento ha funcionado de manera "correcta" desde que se fijó en 3 años y "nada impide que quien quiera arrendar una vivienda celebre un contrato a 5, 10, 15 o 20 años", ha añadido el secretario de Estado.

Respecto al aumento de 2.000 millones de inversión estatal en vivienda social, Gómez-Pomar se ha mostrado más enigmático, al recordar que hasta que no se presenten los presupuestos del 2018 no se podrá cifrar una cantidad.

Solo el 0,06% del PIB

Sus interlocutores, sin embargo, dan por hecho que se mantendrá la cantidad de 400 millones prevista en el borrador del plan, lo que no llega al 0,06% del PIB, cuando en otros países europeos el Estado destina a este concepto hasta el 1,5% o el 2% del PIB. Unas cantidades que explican que España solo tenga el 2,5% de vivienda asequible, mientras que en Austria o el Reino Unido se sitúa en el 24% y el 17% respectivamente.

Tras este primer encuentro, los 'ayuntamientos del cambio' intentarán que otros municipios se sumen a su frente. "Todos tienen el mismo problema de escasez de vivienda asequible y aumento de precios del alquiler", ha advertido el concejal de Vivienda de Barcelona, Josep María Montaner.