Alerta por sospechas de tuberculosis en dos centros de menores

La Generalitat ha tenido que realizar, al menos en dos centros de menores de Catalunya, la prueba de tuberculina a todos los chavales tutelados y también a los trabajadores ante la sospecha de un caso de tuberculosis en un menor extranjero no acompañado (conocidos como 'menas') que ingresó en el recinto tras asumir la tutela la Conselleria d'Afers Socials. 

Los sindicatos denuncian que no se efectúan "controles médicos específicos, no se aplican los protocolos" a adolescentes subsaharianos que proceden de zonas donde hubo ébola y hay tuberculosis, tan solo "las pruebas rutinarias" que se hacen a los menores que residen en Catalunya. Así lo confirman fuentes de Afers Socials: "Se les hace una revisión como a cualquier otro niño o adolescente". La alerta por tuberculosis se ha activado este mes en el centro de Els Castanyers, en Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), tras la primera que se produjo en La Misericòrdia, en Girona. En otros recintos también se ha detectado algún episodio de sarna.

La llegada masiva de 'menas' a Catalunya en general y a Barcelona en particular, que en noviembre ha sido de 222 adolescentes frente a los 78 del mes de enero, ha pillado con el paso cambiado a la Generalitat, pese a que ya había un precedente similar en el 2006 cuando se produjo la crisis de los cayucos. Educadores y sindicatos aseguran que el sistema de protección falla cuantitativa y cualitativamente con estos chavales que en numerosas ocasiones vagan sin rumbo por las calles de la capital catalana.

Salto de la valla

Cuantitativamente la protección fracasa porque el número de centros es insuficiente para albergarlos y los que ya funcionan no están preparados para recibir la avalancha. También cualitativamente porque no hay proyectos educativos y de inserción laboral para orientar y ayudar a los recién llegados que solo tienen como objetivo encontrar un trabajo para escapar de la miseria que sufrían en sus respectivos países. Y, además, no hay recursos. "El sistema de protección solo se preocupa de alojarlos", añade Pedro González, responsable de centros públicos de menores de la Unión General de Trabajadores (UGT).

El psicólogo social Jaume Funes argumenta: "Los 'menas' son nuestros refugiados", y añade: "No somos solidarios, somos unos hipócritas. Nos estremece ver a los chavales saltar la alambrada en Ceuta y cuando llegan aquí no sabemos qué hacer con ellos". Algunos trabajadores sociales van más allá y se preguntan por qué hay pancartas en fachadas de edificios oficiales en solidaridad con los refugiados y no con los 'menas'.

Los centros de menores simplemente se están dedicando a "apagar fuegos". "No tenemos un proyecto de acogida. Les damos lo básico, la comida y el alojamiento. Nada más", puntualizan los especialistas que trabajan con estos adolescentes. Un educador denuncia las constantes llamadas telefónicas que reciben diariamente en los centros para rogar si queda alguna plaza libre para alojar a un 'mena'. "Hubo un día que querían meter 40 de golpe", cuenta la misma fuente. La tensión ha provocado que en un mes dimitieran dos directores de centros. "La convivencia es muy complicada. Es como si metiéramos a un chaval que no sabe leer ni escribir en la facultad de Matemáticas", describe González.

Protestas vecinales

El 65% de estos menores extranjeros proceden de Marruecos. "Son chavales de otra cultura, educados en la calle y con ausencia de límites. Aquí les rompemos por completo sus expectativas: vienen a trabajar y los ingresamos en un centro. No saben castellano y aquí se encuentran con el catalán, un idioma con el que no contaban", concluye un portavoz de la CGT que reclama la presencia de más traductores para que se puedan entender con los chavales.

La contratación de nuevos centros para alojar a estos chicos ha resultado en muchos casos caótica.

La contratación de nuevos centros para alojarlos ha resultado en algunos casos caótica. Se ha recurrido a casas de colonias en medio de la nada y sin lugares habitados en varios kilómetros a la redonda. "Eso no es un hogar para ellos porque ni siquiera reúnen condiciones", señala Rafi Redondo, coordinadora del sector de intervención social de Comisiones Obreras. La improvisación ha sido constante. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolèscencia (DGAIA) adjudicó a una entidad del tercer sector la gestión de un centro en el Garraf, pero "fue un desastre. Les dijeron a los chavales que los llevaban a la playa y los metieron en mitad del monte. Las instalaciones acabaron destrozadas", asegura un educador que trabajó en el centro. Cerró al cabo de un mes y la fundación abrió otro en Terrassa, pero las quejas de los vecinos obligaron a echar la persiana. Se buscó un nuevo local que ha cerrado hace 15 días.

Rebaja de tarifas

El personal que se contrata para atender a estos chavales no tiene, según los sindicatos, la formación que requiere para las necesidades de los 'menas'. Suelen ser monitores porque el salario es menor. La diferencia es de casi 400 euros brutos mensuales, explica un afectado. Las fundaciones privadas argumentan que la Generalitat ha rebajado la tarifa que paga por menor a las empresas y que rondaba los 4.000 euros al mes por chaval.

Afers Socials está haciendo "un esfuerzo importante" para afrontar la situación, y ha puesto en marcha la Taula d’Atenció Integral d’Atenció als Menors Estrangers sense Referents Familiars. De enero a noviembre han llegado a Catalunya 1.334 'menas' para los que se han creado 350 plazas y "en breve se completará con 80", explica un portavoz del departamento.