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políticas de familia

Colau enmienda a Trias y reclama 22 millones a la Generalitat por las guarderías

Ensenyament se enfrenta al pago de decenas de millones a unos 30 municipios por el impago de las ayudas pactadas

Carles Cols

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Un niño, en una guardería de Cornellà. / DANNY CAMINAL

La sentencia que obliga a la Conselleria d’Ensenyament a pagar 2,3 millones al Ayuntamiento de Cornellà por desvincularse unilateralmente de la financiación de las guarderías de la ciudad es solo la punta de un iceberg contra el que la Generalitat, como un 'Titanic', chocará más pronto que tarde. Otra sentencia recién salida del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya da la razón al Ayuntamiento de L’Hospitalet por el mismo asunto por una cuantía de un millón de euros. Un fallo similar ha recibido Sant Joan Despí. Esplugues recibirá en breve el suyo. Y se está a la espera del resultado de la demanda colectiva que presentaron 26 ayuntamientos, entre ellos los de dos capitales de provincia, Lleida y Tarragona. Salta a la vista de inmediato la ausencia de dos ciudades en esa cadena de demandas, Barcelona y Girona. Estaban gobernadas entonces, cuando la Generalitat se desentendió de sus obligaciones, por Xavier Trias y Carles Puigdemont. Ada Colau, a la vista del fallo favorable de Cornellà, ha decidido presentar también una demanda. Solo en el caso de la capital catalana, la cifra adeudada podría subir a 22 millones de euros. Sería la vía de agua de mayor calado en el 'Titanic'.

Las cifras son de aúpa. No está de más recordar por qué. Fue la propia Generalitat, la del tripartito, la que animó a los municipios catalanes a dotarse de guarderías infantiles, con el compromiso por ley de que la Administración autonómica se haría cargo de un tercio del gasto corriente. Fruto de aquella iniciativa, solo en la provincia de Barcelona, por ejemplo, hay 394 parvularios, con un coste medio por niño matriculado de unos 4.400 euros, pero esa no es una cifra uniforme. En Barcelona ciudad, donde la calidad de este servicio es más que notable, cada plaza tiene un coste anual de 7.700 euros. Sin embargo, sería un error quedarse solo con los números. Las fuentes consultadas subrayan que no se trata solo de dinero. El crecimiento de la red de guarderías fue un proyecto que se impulsó en parte para evitar que uno de los dos miembros de la pareja, habitualmente la mujer, tenga que dejar el trabajo tras el parto y, también, porque está acreditado que los niños que se escolarizan de los cero a los tres años llegan mejor preparados después a la primaria.

Impago y silencio

Eso fue en realidad lo que puso en peligro la Generalitat cuando comenzó primero a reducir su aportación a las guarderías y cuando finalmente decidió reducir a cero su aportación. Algunos ayuntamientos, como Corbera de Llobregat, llegaron a cerrar alguna de sus guarderías. Otros repercutieron el imprevisto en las arcas municipales y empredieron una vía judicial. Lo que no está de más recordar es la frialdad con la que la Generalitat encaró la cuestión.

Los ayuntamientos protestaron. Núria Marin, alcaldesa de L’Hospitalet, donde en el marco del programa se construyeron cuatro nuevas guarderías, recuerda que de repente no había interlocutor alguno al otro lado del teléfono. Las respuestas eran con cuentagotas. La Generalitat se escudaba en que la Diputación, como ya sucedió también con el recorte de las ayudas de las becas comedor, había salido al rescate de algunos ayuntamientos, un punto de vista perverso, pues los 20 millones de euros que la Diputación ha dedicado de forma extraordinaria a esta cuestión son 20 millones que ha tenido que descontar de otras partidas.

Pero tal vez el caso más interesante sea el de Barcelona. Trias, lo dicho, desdeñó públicamente reclamar la cantidad adeudada. No solo eso, las tres siguientes guarderías que se inauguraron bajo su mandato fueron modelos de gestión externalizada, donde el sueldo del personal era la mitad del de la red pública. Esa anomalía la corrigió la concejala Laia Ortiz en la actual etapa de Ada Colau. Fueron remunicipalizadas. Pero quedaba el tema de la deuda pendiente. Todas las peticiones de cita con la 'consellera' de turno eran sistemáticamente ignoradas hasta que, por fin, Meritxell Ruiz, titular de la cartera, programó una reunión para el pasado 14 de julio. Fue una mala elección. Aquel día, cosas del 'procés', Ruiz dimitió junto con otros dos 'consellers' ante la inminencia de la recta final de la apuesta independentista. O sea, no hubo reunión. Habrá demanda.

¿Recurrir o claudicar?

Coinciden en ello la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, y la concejala de Barcelona, Laia Ortiz: una de las primeras decisiones que deberá tomar el nuevo Govern de la Generalitat que salga de las próximas elecciones autonómicas es si recurre las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) o, lo que sería ética y estéticamente más razonable, las acata y salda las deudas contraídas.

Las sentencias dictadas hasta ahora y las que están por venir no resuelven, en cualquier caso, el conflicto de fondo. La legislación promulgada en el 2005 sobre esta materia especificaba un modo equitativo de corresponsabilizar el gasto que conllevan las guarderías. Aunque esta es una materia de competencia autonómica, los ayuntamiento asumieron pagar un tercio de la factura, que las familias se hicieran cargo de otro tercio y que del resto se responsabilizara la Generalitat. Tras las sentencias –sostienen Marín y Ortiz—de un modo u otro habrá que revalizar aquel convenio inicial.

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