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modelo cuestionado

La fiscalía, el Síndic y la UE examinan el sistema de protección de menores

Aprodeme presenta una denuncia para que se reforme el modelo de infancia

Teresa Pérez / Barcelona

Asociacion Aprodeme y familias afectadas por la retirada de menores

Familias afectadas y la asociación Aprodeme presentan la denuncia en fiscalía, el martes en Barcelona.  / FERRAN NADEU

La Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), que defiende a más de 800 familias a las que la Administración les ha retirado la tutela de sus hijos, ha presentado este martes denuncias ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la sede del Parlamento Europeo en Barcelona y el Síndic de Greuges solicitando la reforma del sistema de protección de menores de la Generalitat. El próximo paso es que la admitan a trámite. La misma iniciativa se presentará en Madrid.

La denuncia de 80 páginas incluye, además, numerosos testimonios de familias afectadas. En Catalunya hay más de 7.000 menores tutelados. Enrique Vila, abogado de Aprodeme y también uno de los que tramitan el caso de los niños robados en el franquismo, pide a estas tres instituciones y organismos con sede en Catalunya que "insten al futuro Govern a que cambie la ley y, por tanto, reforme el sistema de protección". Vila recuerda que este modelo de apoyo a la infancia y adolescencia "no funciona y, además, su aplicación permite que se comentan presuntos abusos como detención ilegal de menores y falsedad en documento público".

La asociación ha realizado también una campaña en Change.org respaldada por 1.363 personas que denuncian este sistema "de supuesta protección del menor "y "el sufrimiento de familiares" cuando la Administración retira al menor tras "dictaminar que está en situación de desamparo". También reclaman que esta medida la decida un juez y no un funcionario.

Cuestionado

El sistema de protección de menores en Catalunya ha sido cuestionado por asociaciones, familias, sindicatos, el Síndic de Greuges y algunos diputados de la anterior legislatura, como Gemma Lienas y Gabriela Serra. El Parlament aprobó en febrero una moción que instaba a cambiar el sistema y a crear una comisión que debía presentar en agosto las conclusiones preliminares. Sin embargo, al constituirse con cuatro meses de retraso, apenas se ha reunido dos o tres veces. Los trabajos de la comisión han quedado en el aire, lo mismo que la comparecencia en septiembre en el Parlament de Ricard Calvo, director general de la dirección general de Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ya que presentó su dimisión un mes antes. 

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