Impuestos contra el cambio climático

El texto del proyecto de ley sobre el cambio climático aprobado en comisión parlamentaria y que se votará el próximo martes en el pleno del Parlament incluye dos nuevos tributos que penalizan la contaminación. Si el texto se aprueba, deberá entrar en vigor en el 2019.

El primero de los impuestos gravaría las actividades económicas que generan gases con efecto invernadero como las refinerías de petróleo y de gas, la industria metalúrgica, las cementeras, las minas, las fábricas de vidrio y papel, la industria química, los grandes mataderos o las instalaciones ganaderas, entre otras actividades.

Esta cuota tendría carácter progresivo en función del volumen de las emisiones. Según el proyecto, el valor estimado medio del impuesto sería de unos 10 euros por cada tonelada de dióxido de carbono expulsada a la atmósfera. Está previsto que esta cifra aumente, de manera que sea cada vez más restrictiva, hasta alcanzar los 30 euros por tonelada en el 2025.

Grandes barcos

El segundo impuesto gravará las emisiones portuarias de los grandes barcos que atraquen en Catalunya, un impuesto que se suma al que ya se aplica sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, aprobado en marzo del 2017.

El tributo sobre las emisiones portuarias ha generado malestar en los grandes puertos catalanes, al gravar con 1.000 euros cada tonelada de óxido de nitrógeno que emitan los grandes barcos durante sus maniobras de atraque y a lo largo de su estancia en el muelle, aunque el texto no especifica quién deberá hacerse cargo de su pago.

La CUP ha pedido que se tasen los barcos que utilicen combustibles fósiles y que tengan más de 24 metros de eslora. La formación anticapitalista también ha solicitado imponer a los barcos un tributo de 3.000 euros por tonelada de óxido de nitrógeno, tres veces mayor que la cifra propuesta inicialmente en el texto.

Competitividad

Esta será una de las enmiendas que se discutirán el próximo martes en el pleno del Parlament, ya que la propuesta ha despertado cierta polémica. De hecho, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha anunciado que impugnará esta medida ante el Tribunal Constitucional.

El sector portuario considera que esta enmienda de la CUP comprometería en exceso la competitividad de los puertos catalanes y eso jugaría en su contra al poder preferir las navieras atracar en otros enclaves portuarios.

Respecto a las emisiones objeto de los gravámenes, se tendrán que calcular en función de los factores de emisión aprobados por la Unión Europea y con una metodología establecida por este organismo, a través de la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Según el texto, los ingresos derivados del impuesto sobre las actividades económicas que generen gases con efecto invernadero serán destinados al Fondo del Cambio Climático. En el caso del gravamen sobre las emisiones de óxido de nitrógeno, el monto se destinará a la dotación del Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico, creado en 1983.

Medida pionera

Esta ley sería una medida pionera con pocos referentes a nivel europeo y mundial. El Gobierno abrió el pasado 18 de julio una consulta pública para dar forma también a su futuro Proyecto de Ley de Cambio Climático y transición Energética, una consulta en la que se podrán enviar propuestas hasta el 10 de octubre de este año.

Se trata de un procedimiento “novedoso”, según fuentes ministeriales, porque deja a la ciudadanía expresar sus opiniones para modelar una ley sin la base de un borrador previo, tan solo mediante un formulario de 24 preguntas concretas, aunque también se incluirán cuestiones de carácter más general.

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el de Energía, Turismo y Agenda Digital, los dos departamentos competentes en la ley, el objetivo es "elaborar un instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos" en materia de cambio climático y energía.

El Gobierno creó en abril un grupo interministerial que redactará la ley y ha anunciado que constituirá una comisión de expertos que elaborarán un informe para la transición energética.

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