El Parlament resucita la web de Puig para delatar

Aunque en teoría su motivo principal era el veto de las pelotas de goma, el informe de conclusiones de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidisturbios en los Acontecimientos de Masas tenía letra pequeña. Así, el documento que ayer se votó y se aprobó en el pleno del Parlament incluye dos elementos polémicos que fueron introducidos por el PP y que enlazan con la política restrictiva de seguridad que el Gobierno español está poniendo en marcha en el ámbito estatal.

El primero de esos elementos, aprobado con el apoyo de CiU y Ciutadans (C's), suponía dar un aval a la polémica web de denuncia ciudadana. El segundo, que contó con el apoyo de esos tres partidos así como de ERC y del PSC, era una petición para obligar mediante una ley a los medios de comunicación a difuminar los rostros de los mossos o policías locales de sus fotos o vídeos.

El informe, en su conclusión número 11, se muestra favorable a la web de delación ciudadana que puso en marcha el anterior conseller de Interior, Felip Puig, tras los violentos disturbios de la huelga general del 29 de marzo del 2012. La iniciativa generó una gran polémica. «El Govern ha de utilizar, cuando sea necesario, la página web para la identificación de las personas que presuntamente han ejercido la violencia urbana y han participado en desórdenes públicos», señala el texto, que insta a los Mossos a «cumplir los requisitos y criterios expresados en el dictamen de la fiscalía».

INICIATIVA FINIQUITADA / La web, que estaba alojada en el sitio www.gencat.cat/mossos, se activó el 24 de abril del 2012 para que los ciudadanos, de forma anónima, pudieran ayudar a identificar o localizar a personas de las que los Mossos tenían vídeos o fotos en que se les veía participando en disturbios, pero de quienes se desconocía la filiación. En total, se pedía información de 67 personas de las que se proporcionaban 231 fotografías y tres vídeos. Un mes después, Interior cerró la web con el argumento de que no la clausuraba, sino que simplemente la dejaba «en hibernación» hasta que tuviera que usarla de nuevo, reconociendo que había servido para identificar a 22 personas pero que no había conducido a ninguna detención.

La página fue denunciada por la Asociación Catalana de los Derechos Humanos, que pidió un cierre cautelar alegando que podía vulnerar el derecho a la imagen y a la presunción de inocencia de las personas que ahí aparecían. Sin embargo, la fiscalía avaló la web, pues consideró que los intereses de la investigación policial prevalecen sobre los derechos personales de los sospechosos.

RESTRICCIONES A LA PRENSA / Desde Interior se señala que aunque CiU votó a favor de la propuesta, esta fue aportada por el PP. En su intervención, Jaume Bosch, diputado de ICV-EUiA, señaló su «preocupación» por el apoyo a «una web de delación, muy criticada por muchos sectores». En cualquier caso, la votación de ayer respalda a Interior para volver a usar un instrumento muy polémico que se daba por desechado.

Otra de las recomendaciones polémicas que aparecen en las conclusiones del informe es la relativa a la imposición de restricciones a los medios de comunicación en lo referente a las informaciones policiales. Así, en la conclusión número 15, que también fue propuesta por el PP, el Parlament insta al Govern a «impulsar las reformas legales necesarias para que se difuminen los rostros de los agentes de los Mossos o de los policías locales en las informaciones cuando la identificación del agente no tenga relevancia para la información». A la espera de que se elabore esa ley, el informe pide a Interior «solicitar a los medios de comunicación de manera inmediata que en sus informaciones difuminen los rostros de los agentes».

SINTONÍA CON EL GOBIERNO DEL PP / Además, las conclusiones, recomiendan al Govern elaborar, junto con el Col·legi de Periodistes, un protocolo de actuación de los medios en los disturbios. La demanda de una ley que imponga esa medida a los medios de comunicación establece una clara rima con algunos enunciados de la ley de seguridad ciudadana impulsada por el Gobierno central, en la que se establece la prohibición de grabar o fotografiar a las fuerzas de seguridad en algunos supuestos.