Santa Coloma idea un atajo para rehabilitar edificios con deficiencias

Quienes piensan que la crisis de los 40 solo es una amenaza para las personas deberían observar el estado de los edificios de los cascos urbanos de las ciudades. Fachadas en mal estado, bloques que no se ajustan a las condiciones de eficiencia energética, problemas de humedad recalcitrante... Necesidades de renovación que afectan a la calidad de vida de sus vecinos y que en numerosas ocasiones se posponen durante largos años por las dificultades para un acuerdo entre los miembros de la comunidad y, en consonancia, por los aprietos económicos de muchos inquilinos que les impiden afrontar el pago de los trabajos. Consciente de ese hándicap urbanístico, Santa Coloma de Gramenet ha impulsado un plan piloto para facilitar a los habitantes la rehabilitación del parque de viviendas de la ciudad, donde casi una de cada tres (31,4%) presenta necesidades de adecuación y mejoras de accesibilidad que pueden ocasionar problemas en futuras inspecciones.

La primera actuación de esta iniciativa se centra en 32 edificios de la calle de Pirineus, en el barrio de Fondo, uno de los más afectados por la obsolescencia arquitectónica, con un proyecto para 360 viviendas y 26 locales construidos entre 1968 y 1974. Los 649 propietarios se beneficiarán de la intervención integral del consistorio, actuando como mediador con los vecinos, adjudicando los proyectos técnicos y velando por el correcto desarrollo de los trabajos. Y asumiendo el pago inicial y ofreciendo facilidades de desembolso, una de las grandes claves para superar la reticencia vecinal a acometer las obras.

Los propietarios pueden optar entre pagar un 50% al inicio de las obras y la otra mitad al final, o bien domiciliar el desembolso en cuotas durante 5 años. El consistorio ofrece también  una propuesta para quienes están en situación de vulnerabilidad, con ingresos anuales inferiores a 20.000 euros: inscribir la carga en la escritura del piso, de manera que no deberá abonarse hasta que el inmueble se legue en herencia o se venda. “Un 5% de los vecinos se han acogido a esta última opción, por un 20% que han optado por pagar la mitad al inicio y final de los trabajos, la mayoría bancos con pisos vacíos; el resto han domiciliado el pago, a una media de 60 euros al mes”, expone Jordi Mas, teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Movilidad. El proyecto declara una área de conservación y rehabilitación, integrando una treintena de edificios para optar a ofertas más competitivas y reducir costes, y el consistorio asume además el coste de los proyectos técnicos. 

AUTOESTIMA VECINAL

Respalda esa visión Carlos Gracia, buen conocedor de la realidad del barrio como presidente de la Asociación de Vecinos Fondo Alto. “Las facilidades de pago y la coordinación de vecinos en escaleras donde el acuerdo parecía imposible han convencido a todo el mundo. Los vecinos ven fachadas acabadas o en marcha y ya preguntan cuándo podrán acogerse ellos a la iniciativa; incluso nos han preguntado vecinos de Badalona”, asegura. Un interés que también se ha suscitado entre los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, que está valorando la posibilidad de aplicarlo en sus distritos.

En el proyecto colabora el Área Metropolitana de Barcelona que aporta 0,5 millones al presupuesto total de 1,8 millones. El proyecto ha visto la luz después de cerca de dos años de conversaciones con los vecinos para superar sus  dudas y perfilar la fórmula de empoderamiento municipal. “Queremos que mejore la calidad de vida y que aumente la autoestima de los vecinos, sobre todo la de los que viven en los barrios más afectados por el envejecimiento del parque de viviendas y los más vulnerables a los efectos de la pobreza energética”, expone la alcaldesa, Núria Parlon.

Las zonas que presentan más déficits se concentran en el área sur de la ciudad, en los barrios de Fondo, Santa Rosa y Raval. El consistorio constata que justamente las zonas que más necesitan renovar el parque residencial por su situación de deterioro es donde menos se rehabilita, en buena parte por las dificultades económicas de sus vecinos. Tampoco ayuda la demora de la Generalitat en abonar las subvenciones, con retrasos en el pago que en algún caso se remontan al 2010, según Mas. Y en ese punto, Parlon interpela a la Generalitat para contribuir a ampliar el proyecto en esta y otras ciudades catalanas e impulsar un proyecto que mejoraría las condiciones de vida de personas de toda Catalunya.