La suspensión de Puigdemont quiebra la unidad entre JxCat y ERC

El enésimo encontronazo entre Junts per Catalunya y ERC a cuenta de acatar o desobedecer una orden judicial provocó este miércoles no solo la suspensión del último pleno del Parlament antes de las vacaciones, sino el cisma más profundo hasta la fecha entre los socios del Govern. Los posconvergentes procuraron blindar a Carles Puigdemont y dejarlo fuera de la suspensión dictada por el Tribunal Supremo, pero los republicanos se opusieron frontalmente en la Mesa de la Cámara a hacer distingos entre diputados. Se acusaron mutuamente de "obsesión" con el 'expresident'; unos por el afán de venerarlo y otros por el propósito de despojarle de privilegios.

La reunión del cortafuegos parlamentario se inició a las 09.20 horas, con retraso debido a un encuentro convocado por Roger Torrent una hora antes con el propósito de sellar un acuerdo que evitase el choque ante el resto de diputados. Pero las discrepancias no se limaron y el presidente del Parlament sometió a votación de la Mesa su propuesta de sustituir temporalmente a los seis procesados, incluido Puigdemont.

Los letrados del Parlament avalan la suspensión de los diputados

Según fuentes parlamentarias, JxCat solicitó a Torrent que enmendase la propuesta para votar una a una las seis suspensiones, pero el jefe de la Cámara lo rechazó. Ante esta situación, los posconvergentes, según fuentes del grupo, optaron por dividir su voto (Josep Costa votó en contra y Eusebi Campdepadrós se abstuvo) para provocar un empate que forzase el aplazamiento del pleno y evidenciar que, por un lado, aceptaban la sustitución de los encarcelados, pero no la de Puigdemont.

Fuentes de ERC, en cambio, consideraron que Campdepadrós había roto la disciplina de voto y lo achacaron a la "fractura interna" en el seno de la formación. Los dos representantes de ERC en la Mesa votaron a favor de la suspensión, al igual que hizo el representante del PSC. Ciutadans se acabó alineando, en contra de acatar al Supremo, con el voto desfavorable de JxCat. Empate a tres. Y Torrent decidió entonces suspender el pleno. 

El supuesto pacto

En paralelo al cisma en la Mesa, el 'president' Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonès se reunían para tratar de desencallar una situación que ya era de alto voltaje. Según fuentes de Presidència, Torra le reprochó a Aragonès el "incumplimiento" de un supuesto "acuerdo previo" que, según las fuentes posconvergentes, se había forjado "al más alto nivel" el martes por la tarde, y que excluía a Puigdemont de ser sustituido. Fuentes republicanas negaron "taxativamente" la existencia de este supuesto pacto, replicaron que solo había sobre la mesa una "propuesta de trabajo", y acusaron a los posconvergentes de "mentir".

JxCat insistía en una solución "excepcional" que solo tuviera vigencia en el pleno de esta semana, sin que afectara a Puigdemont, alegando que su suspensión está en el aire tras la decisión de la justicia alemana de no entregarlo a España por rebelión, sino solo por malversación, y que no se encuentra encarcelado. Según fuentes parlamentarias, los posconvergentes se mostraron "intransigentes" ante Torrent y advirtieron de que no facilitarían la celebración del pleno sin un acuerdo.

"En ningún caso presentaremos un sustituto para Puigdemont", repetían y repetían en los pasillos de la Cámara catalana. Pero al mismo tiempo dejaban claro que el 'expresident' "no ejercería" su voto en este pleno, es decir, que no haría uso de la delegación de voto adecuándose a su situación judicial.

En la línea de Llarena

Mientras tanto, ERC replicaba que "no hay diputados de primera y de segunda" sin esconder su posición proclive a acatar la suspensión, en la línea del juez Pablo Llarena y del informe de los letrados de la Cámara, que planteaba que delegasen su voto y sus funciones a otros diputados. Y los republicanos no dejaban de negar por activa y por pasiva el pacto previo cuya existencia los posconvergentes no dejaban de asegurar.

Desde la dirección del grupo de JxCat calificaron de "alucinante" la posición de los republicanos porque "el contexto judicial no está cerrado y puede hacer variar muchas cosas", ya que de entrada los diputados suspendidos han "recurrido" la decisión del Supremo y han pedido la "libertad provisional", mientras que "la justicia alemana ha evidenciado que no hay causa de rebelión, ni sedición, ni violencia".

Cruce de reproches

Una vez comunicada la desconvocar el pleno, JxCat y ERC exhibieron a micrófono abierto su cruce de reproches. El republicano Sergi Sabrià tachó de "gravísima" la actitud de los posconvergentes por "haber salido a mentir de manera descarada". "JxCat sabe perfectamente que no había ningún acuerdo", insistió, y negó cualquier fisura en su grupo parlamantario, y mucho menos haber visto dañada su relación con Torrent. "Vamos a la una", reconoció.

"Se han roto claramente las confianzas y lucharemos para coserlas, pero esto no quita la gravedad de salir a esta sala y explicar cosas que no se ajustan a la verdad", denunció, y añadió que "la discrepancia principal ha estado dentro de un grupo, que incluso ha votado diferenciadamente en la Mesa". "No podemos resolver los problemas internos de JxCat, si tienen un fin de semana difícil [por el congreso del PDECat] no es nuestro problema, ni se lo podemos resolver", remató.

El equipo de Puigdemont salió a defender a ultranza la existencia de un acuerdo previo y señalaron a Torrent por "incumplirlo". "Lamentamos que el 'president' Torrent se haya saltado un acuerdo con ERC y haya priorizado un acuerdo con el PSC. Pedimos a ERC que nos aclare cuál es la posición del Torrent: o defiende la dignidad de los diputados del Parlament y del país o blanquea al PSC del 155", esgrimió el posconvergente Eduard Pujol.

El portavoz parlamentario de JxCat, Albert Batet, quiso subrayar en que el cisma no dinamitará el Govern. "Hay un acuerdo de gobierno sólido", aseveró Batet, al tiempo que el republicano Sabrià apostó por "coser" la discrepancia frontal a nivel parlamentario sin afectar al Ejecutivo.

La CUP, contra todos

La diputada 'cupaire', María Sirvent, acusó al resto de grupos de plegarse a la "cultura del miedo, de la excepcionalidad y la represión" y al PSC y a ERC de "dar curso a una resolución que vulnera de forma flagrante los derechos de los diputados que han sido represaliados". Los anticapitalistas reclamaron la convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado para dejar de debatir "a puerta cerrada" sobre la resolución de Llarena y, a partir de ahí, convocar el pleno para tomar la decisión definitiva.