LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
La Audiencia Nacional quita del caso de la caja B del PP a un juez que forzó la comparecencia de Rajoy
La Sala de Gobierno cambia el tribunal de este caso, cuyo juicio aún está pendiente de fecha
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha modificado la composición del tribunal que iba a juzgar el caso de la caja b del PP y ha dejado fuera a dos de los magistrados que juzgaron la primera etapa del 'caso Gürtel', Ángel Hurtado y Julio de Diego. De Diego, además, fue uno de los que votó a favor de que el presidente del Gobierno, Mariano RajoyMariano Rajoy, declarara como testigo ante la justicia. El otro que forzó la comparecencia, José Ricardo de Prada, sí permanece.
Los cinco magistrados de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional -entre los que se encuentra el presidente, José Ramón Navarro- aprobaron por unanimidad el 20 de noviembre las nuevas normas de reparto presentadas por la nueva presidenta de la Sección Segunda de lo Penal, María José Rodríguez Duplá.
Así, tras el nombramiento de Duplá (que sustituye a Concepción Espejel), la ley le permite presidir los tribunales y, con ello, cambiar las normas de reparto. Por ello, Duplá presentó el pasado 16 de octubre esas nuevas reglas que le permitirán formar parte del tribunal que juzgará este caso de corrupción que afecta al partido conservador; unas normas ahora aprobadas por la Audiencia Nacional.
Quejas desestimadas
Esta novedad produce el cambio del tribunal que tenía previsto juzgar la causa, compuesto por Hurtado, De Diego y De Prada. Los votos de estos dos últimos hicieron que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarara como testigo en el juicio, un hecho inédito hasta ese momento. Con la salida de los dos jueces el progresista De Prada quedará en el tribunal junto a los conservadores Juan Pablo González y María José Rodríguez Duplá.
Tanto De Diego como De Prada presentaron sendos escritos ante la Sala de Gobierno en los que solicitaban el desestimiento de las nuevas normas y reclamaban otros criterios de composición "que garanticen la permanencia de los tribunales en procedimientos especialmente sensibles como el señalado". Sin embargo, la Sala de Gobierno ha desechado las quejas de ambos magistrados.
Críticas de PSOE y Podemos
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazadoRafael Catalá, que el Gobierno haya intervenido. "A veces al Gobierno le parece mejor o peor" estas decisiones de la Sala de Gobierno, cuyos jueces "no han sido elegidos por el Gobierno ni por el PP". En la misma línea, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confía en que los magistrados hagan su trabajo con independencia y sin presiones políticas.
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha tildado de "preocupantes" los cambios, porque "no ayudan a la imagen de credibilidad e imparcialidad" que debe transmitir la Justicia. Por último, Podemos ha acusado al Ejecutivo de injerencias en la justicia para preservar los intereses del PP, un partido "acosado por los casos de corrupción".
El juicio por la caja B del PP -que investiga el pago en negro de las obras de su sede nacional en la madrileña calle Génova 13- aún está pendiente de fecha para su celebración.
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