El juez deja en libertad a Puigdemont y a los cuatro 'exconsellers'

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y los cuatro 'exconsellers' que le acompañan en Bruselas ya han sido puestos en libertad condicional después comparecer ante un juez de instrucción en el marco de la orden europea de detención y entrega cursada el pasado viernes por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Hasta entonces permanecerán “privados de libertad” en dependencias de la Fiscalía de Bruselas que comparte sede con el Tribunal de Primera Instancia.  [Sigue las últimas noticias sobre Puigdemont y Catalunya en directo.]

Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig se han presentado voluntariamente en una comisaria del centro de Bruselas a las 9.17 de la mañana. “Hemos tenido contactos regulares con los abogados de las cinco personas y se acordó una cita esta mañana en la comisaría federal en la calle Royal”, ha explicado el portavoz de la fiscalía de Bruselas y magistrado, Gilles Dejemeppe. 

A los cinco, que han llegado a la comisaría acompañados por sus abogados, se les ha notificado la euroorden y han sido privados de libertad. “Esa privación de libertad es obligatoria, está prevista en la ley. Es una  privación de libertad que les permite consultar también la orden de detención y conocer el contenido”, ha asegurado Dejemeppe.

Posteriormente, han sido trasladados en vehículos policiales a la sede de la Fiscalía donde el juez de instrucción encargado del caso les escuchará este domingo. Según Dejemeppe "no han llegado esposados porque no representaban un peligro para los policías que les acompañaban" ni "había riesgo de fuga". El procedimiento será neerlandés y se nombrará un juez neerlandófono porque ha sido la lengua elegida por Puigdemont y los exconsellers –podían elegir francés o neerlandés- que prestarán declaración a puerta cerrada, en turnos sucesivos, acompañados de sus respectivos abogados e intérpretes.

En 24 horas

El juez disponía de un plazo de 24 horas, hasta el lunes a las 9,17 de la mañana, para pronunciarse sobre si ordena su detención provisional, como ha pedido la juez española, o les deja en libertad, con medidas cautelares o sin ellas. Solo si hubiera decretado prisión provisional habrían sido trasladados a una prisión.

La euroorden entró en vigor el 1 de enero de 2004 y en circunstancias normales implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves –desde terrorismo hasta tráfico de armas- recogidos en el mandato. En la práctica, sin embargo, no hay garantías absolutas de que Puigdemont y sus exconsellers terminarán en España especialmente si alegan riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, una estrategia que su abogado ha indicado va a seguir.

El juez de instrucción solo tiene capacidad para decidir sobre su libertad o detención pero no para anular la euroorden que competerá posteriormente a la Cámara del Consejo, una especie de Tribunal de Primera Instancia. El magistrado encargado del caso deberá verificar que los delitos de los que están acusados en España - rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación- existen también en la legislación belga y que las penas se corresponden. Es el caso de la malversación de fondos públicos pero no de la rebelión o la sedición que no están recogidos como tal en el código penal belga. Ambos delitos existen pero no están definidos igual.

En el caso de la rebelión por ejemplo –entre 15 y 30 años de cárcel en España- el código penal belga sí la contempla como delito pero solo cuando se produce contra los agentes de la autoridad policial, no contra el Estado, y con penas muy inferiores en función de si se han utilizado armas o no y si es individual o colectiva. El castigo más duro correspondería a un caso en el que se hayan utilizado armas y sean varios los rebeldes, de 5 a 10 años de prisión.

“Es necesario que los hechos por los que debe ser extraditado existan en el Estado miembro al que piden la extradición”, ha explicado al El Periodico Anne Weyembergh, experta en euroorden y profesora en el Instituto de Estudios Europeo de la Universidad Libre de Bruselas. Esto significa que si la justicia belga decide que los delitos no se corresponden o incluyen penas desproporcionadas España no podría juzgarlos ni por rebelión ni por sedición.

La pelota de momento está en manos de un juez de instrucción que deberá decidir en primer lugar si los mantiene en detención o los deja en libertad. El portavoz de la Fiscalía anunció que la decisión podría producirse esta misma noche entorno a las 21.00 o 22.00 horas, pero casi a medianoche no han comunicado aún nada en concreto.