El Síndic denuncia ante organismos europeos la vulneración de libertades ante el 1-O

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, vuelve a realizar un chequeo crítico a la calidad del sistema democrático español. Si en abril presentó ya un informe criticando al Estado por su "persecución penal" contra cargos electos soberanistas, como el caso de la condena al 'expresident' Artur Mas, en esta ocasión Ribó ha dirigido una carta a distintas instancias democráticas europeas en la que denuncia "la carencia de diálogo político y de respeto de derechos" en Catalunya, en relación a las actuaciones del Estado contra la organización del referéndum del próximo 1 de octubre.

Ribó ha enviado esta carta al comisario europeo de Derechos Humanos, al director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, al Defensor del Pueblo Europeo, a todos sus homólogos europeos así como al Defensor del Pueblo de España y los defensores autonómicos.

En su reflexión, Ribó pide a las instituciones implicadas en el conflicto que "aborden de manera inmediata el necesario diálogo político y de respeto entre instituciones", y reivindica como "pilares de la democracia" las libertades de expresión, de reunión y de información. También reclama que la actuación judicial "y la persecución de presuntos hechos delictivos tiene que estar inspirada por el principio de proporcionalidad".

"Graves vulneraciones"

En la misiva, el Síndic se compromete a analizar las actuaciones de las autoridades y tramitar cualquier queja ante los ámbitos europeos. En este sentido, Ribó muestra su "preocupación ante las graves vulneraciones de derechos y libertades fundamentales que se están cometiendo en Catalunya y en todo el Estado español".

El Síndic considera que se puede estar actuando contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y el Estatut y también contra tratados internacionales ratificados por España como el Convenio europeo de derechos humanos. Entre estas actuaciones denunciadas, Ribó cita la prohibición de un acto en Madrid en favor del derecho a decidir, la aparente prohibición en TV-3 y Catalunya Ràdio de informar sobre cualquier acuerdo o actuación que permita la preparación del referéndum; y también la orden del fiscal general del Estado de incoar diligencias de investigación "invadiendo funciones judiciales ya en curso" contra más de 700 alcaldes catalanes. Una orden que, como es conocido, va acompañada de la advertencia explícita de que en caso de que no comparezcan, se acuerde la detención y puesta a disposición judicial de los ediles citados.

Por el diálogo político

Ribó también cita en su carta el registro de imprentas "o la orden de interceptar comunicaciones sin autorización judicial". El Síndic apuesta, en cambio, por resolver "mediante un diálogo pacífico y democrático" cuestiones como la autodeterminación o la secesión. Un diálogo "que respete el Estado de derecho y los derechos humanos (incluyendo los derechos de las minorías nacionales) entre la región concernida y el Gobierno del Estado de que forma parte". En este sentido, reclama a las instituciones implicadas en el conflicto que "aborden de manera inmediata el necesario diálogo político para resolver un tema tan trascendental".