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El Govern detecta irregularidades en licitaciones durante la 'era Mas'

La fachada de la sede de la empresa GISA en Barcelona, en el 2011.

La fachada de la sede de la empresa GISA en Barcelona, en el 2011.

J. G. Albalat / Fidel Masreal / Barcelona

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Un informe interdepartamental del Govern al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que analiza diversas concesiones de obra pública del Govern de Artur Mas constata numerosas irregularidades en estos procedimientos. "La mezcla de subjetividad y de ausencia de criterios concretos proporciona un margen de discrecionalidad suficientemente importante para decidir sobre la adjudicación", indica el documento, fechado en octubre del 2016. El dictamen ha sido redactado por encargo del consejo de administración de la empresa pública Infraestructures.cat (antigua GISA), ahora en manos de ERC, y se empezó a elaborar en octubre del 2015, cuando el juzgado de El Vendrell que investiga el 'caso 3%', sobre presuntas comisiones a la extinta CDC, solicitó información sobre algunos expedientes de contratación.

Lea el informe de Infraestructures.cat

El informe enumera una serie de anomalías en la tramitación de las licitaciones de obras públicas, desde "alteraciones" en los procesos de licitación hasta la existencia de informes insuficientes y la posible "subjetividad" a la hora de evaluar las propuestas, al valorar más la oferta técnica, que es más subjetiva, que la económica. El dictamen señala que en los casos más antiguos "los informes justificativos son muy poco detallados" , los criterios empleados "no son públicos" y las indicaciones del pliego de base "no acaban de concretar lo que realmente se valora". El aspecto que esconde "una mayor subjetividad" en los expedientes de proyectos es el incremento del nivel de idoneidad para efectuar la valoración. "En estos expedientes, por lo tanto, se puede concluir que el factor de interpretación cualitativa del currículum tenía mucho peso y podía condicionar en muchos casos la adjudicación con una cierta subjetividad", apunta.

Y es que, según el informe, "los criterios de evaluación [...] no se encuentran adecuadamente descritos", de manera que "los licitadores [las empresas] no saben, con precisión, qué se pide y cómo se valorará". En cambio, en el caso de los proyectos -prosigue el análisis- la información sobre los criterios es mucho más clara y concreta.

Información "incompleta"

El informe, de 32 páginas y cuyas conclusiones han sido remitidas al juez de El Vendrell del 'caso 3%', analiza 30 procedimientos de contratación del periodo 2011-2015 y, de entrada, considera "incompleta" la información de los expedientes, sobre todo de los contratos de obras. Se echan en falta elementos esenciales como son la evidencia de un registro formal de entrada de las ofertas, los certificados de los licitadores y las notificaciones a los contratistas.

También se echa en falta una adaptación de las cláusulas a las características de los contratos "y una mayor justificación de determinadas decisiones", especialmente de las actas de adjudicación "y de los informes justificativos de las valoraciones técnicas".

Falta de justificación de cambios

El análisis detecta un proceso de homologación que, si bien es legal, "no deja de ser una alteración de las ofertas con efectos sobre terceros". Más preocupante es la conclusión siguiente: "No es posible saber cómo y a quién son imputables los cambios que se observan en algunos expedientes y, lo que es más importante, el informe justificativo final no aporta la argumentación suficiente sobre las puntuaciones finales ni sobre los posibles cambios producidos. En todos los expedientes analizados los informes justificativos se consideran insuficientes".

En concreto, en una de las licitaciones analizadas, la revisión de la puntuación hace que una empresa que opta a un determinado concurso pase de la cuarta y última posición al empate con la primera, que baja 3,5 puntos. En otro caso, una firma que ocupa el puesto 25 en valoración técnica acaba experimentando un crecimiento de diez puntos y el resto ven afectada a la baja su puntuación.

“No se puede verificar la información inicial"

En una comparecencia en la comisión de Economia del Parlament el pasado 10 de mayo, el presidente y consejero delegado de Infraestructures.cat, Joan Jaume Oms, el sustituto de Josep Antoni Rosell (destituido en febrero del 2016 por su imputación en el 'caso 3%', tras haber sido ya apartado de la cúpula de Infraestructures.cat el diciembre anterior), daba ya a entender las irregularidades detectadas en algunos de los expedientes de concursos analizados.

Oms admitió que no se pudo llegar a una conclusión respecto a los expedientes de proyectos "porque la información que consta como inicial dentro del expediente nadie ha podido afirmar que sea la inicia; piensen que antes solo se guardaba la última puntuación". En cambio en la actualidad, aclaró, se trabaja con más esmero y si hay 20 puntuaciones se guardan las 20.