la lucha contra la corrupción
El Parlament revisará los aforamientos
Los partidos se comprometen a destituir a altos cargos y pedir el acta a los cargos electos que sean investigados por corrupción
Rafa Julve
Periodista
RAFA JULVE / BARCELONA
El Parlament ha aprobado este jueves por unanimidad una moción en la que se aboga por "restringir" y "limitar" el aforamiento de políticos y excluir "expresamente" de esa figura "todos los actos relacionados con delitos de corrupción". Para llegar a un consenso, los grupos de la Cámara consideran necesario "abrir un debate sobre estos temas" en la comisión de estudio de Mesures de lluita contra la corrupció i de regeneració democrática. Dan así un paso adelante, aunque lo cierto es que el texto inicial que había presentado Ciutadans era mucho más expeditivo.
La propuesta del grupo naranja decía literalmente: "El Parlament de Catalunya constata la necesidad de suprimir el aforamiento de todos los cargos públicos catalanes que hoy disponen [de dicha figura". Sin embargo, el redactado ha quedado diluido en las negociaciones con otros grupos y solo se aboga por poner en marcha una revisión.
COMPROMISO CON LAS LISTAS ELECTORALES
La moción también incluye el "compromiso" de todos los grupos parlamentarios "para que ningún partido incorpore en las listas electorales ni proceda al nombramiento de altos cargos de personas con la condición de investigadas (imputadas, en la anterior terminología) por delitos relacionados con la corrupción". Asimismo, las fuerzas políticas se comprometen a destituir a los altos cargos "y pedir el acta de los cargos electos" que sean investigados también por la fiscalía en relación a delitos de corrupción.
El trasfondo del texto inicial y de las enmiendas que lo han modificado apunta a varios flancos. La supresión del aforamiento "en los cargos públicos catalanes" que pedía Ciutadans (y que algunos grupos le han afeado que no hiciera referencia a todos los políticos españoles) afectaría a la hoy diputada Irene Rigau, consellera de Ensenyament en la pasada legislatura e imputada por la consulta alternativa del 9-N. Eso, de rebote, implicaría que toda la causa al respecto, que afecta a Artur Mas y Joana Ortega, se derivara a un tribunal ordinario y no al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sobre la destitución de altos cargos investigados por corrupción, por ejemplo, la relación es clara en torno a la figura del excargo de CDC Josep Antoni Rosell, investigado por el 'caso 3%' y destituido hace unos días después de una agria polémica.
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