Rajoy recurrirá la Conselleria d'Exteriors y la comisión sobre el 'procés'
El Consejo de Ministros ha decidido este viernes encargar un informe a la Abogacía del Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional las funciones de la Conselleria de Exteriors del Govern de Carles Puigdemont , así como la comisión de estudio del proceso constituyente que se creará en el Parlament. Asimismo, ha decidido renunciar a impugnar la fórmula utilizada porfórmula Carles Puigdemont durante su toma de posesión como 'president' al comprobar que el Estatut "no establece como condición" que el juramento o promesa del cargo sea ante la Constitución (tal y como defendió tanto el Govern como la presidenta del Parlament). La respuesta inmediata del Ejecutivo catalán ha sido la de defender la plena legalidad de la 'conselleria' y de la comisión parlamentaria y su voluntad de mantener estas decisiones.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado estas decisiones den la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque no ha precisado si los dos nuevos recursos que se plantea el Gobierno serán de anticonstitucionalidad o de conflicto de competencias.
Según Santamaría, la Conselleria de Exteriors es el "desarrollo" de la ley de acción exterior que el Ejecutivo del PP ya recurrió y, pese a que el Tribunal Constitucional levantó la suspensión automática "todavía no hay sentencia". Un hecho que, a su juicio, motiva el recurso.
MEDIDA DE PRECAUCIÓN
Respecto de la comisión de estudio del proceso soberanista, que el Parlament ha acordado crear esta semana y en la que estará presente Catalunya Sí que es PotCatalunya Sí que es Pot, la vicepresidenta ha argumentado que se trata de una precaución ante las posibles decisiones que se puedan adoptar en la misma: "Las cosas son lo que son y también lo que se persigue con ellas". Ha recordado también que la voluntad inicial de JxSí y la CUP era constituir una comsión legislativa y que solo se cambió la condición a comisión de estudio cuando se detectó que podía ser inconstitucional. "Este Gobierno debe tener agilidad y prudencia para evitar que lo que se quería hacer de una manera que no se acabe haciendo de otra", ha destacado.
Por último, Santamaría ha explicado que el Gobierno ha desistido de recurrir ante el Constitucional la fórmula utilizada por Puigdemont para prometer el cargo después de que la Abogacía del Estado haya estudiado el asunto y haya comprobado que el 'president' ya hizo el juramento constitucional al recoger su acta como diputado y que el Estatut "no establece como condición" que en la toma de posesión del 'president' haya que recurrir a esta fórmula de acatamiento a la Carta Magna.
EL DIÁLOGO "NO CUADRA"
El recurso contra la Conselleria d'Afers Exteriors ha motivado una reacción inmediata del Govern, de Junts pel Sí y la CUP. La titular de Presidència, Neus Munté, ha comparecido para asegurar que el rango de 'conselleria' que se ha dado a la acción exterior del Govern respeta el marco competencial en esta materia que fijan la Constitución y el Estatut. Munté ha defendido también la comisión parlamentaria y ha acusado al Gobierno del PP de contradecir la supuesta voluntad de diálogo del presidente en funciones, Mariano Rajoy, en la conversación con un programa de radio humorístico. "No encaja nada con lo que hemos conocido hoy mismo: el inmovilismo, la negativa, la prohibición, la amenaza", ha afirmado la portavoz.
Munté no ha sido explícita a la hora de afirmar si se desobedecería una eventual suspensión por parte del TC de la 'conselleria' que encabeza Raül Romeva pero sí ha insistido en que la voluntad de la Generalitat es la de defenderse con todas las vías legales para seguir con esta 'conselleria' en activo. "Cuando tienes la plena seguridad de que haces las cosas bien hecas no hay lugar para hablar de un desacato", ha insistido.
El jefe de filas de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha afirmado que el Gobierno del PP en funciones está en una "decadencia democrática". Y la CUP en un comunicado ha insistido en que no reconoce la legitmidad del TC al que observa como "una prolongación del Consejo de Ministros".
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