El Gobierno recuerda a Mas que el artículo 155 de la Constitución está en vigor

El brío que ha tomado el proceso independentista en Catalunya tras el acuerdo de la lista conjunta ha elevado el tono del cruce de declaraciones entre Madrid y Barcelona. Ante la pregunta de un periodista de la Cadena Ser sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución si Artur Mas mantiene su desafío al Estado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido este miércoles con la «obviedad» (según la Moncloa) de que esa norma está «plenamente en vigor» y la afirmación sonó amenazante no solo para los dirigentes independentistas sino también para Unió. «Hemos de solucionar el problema de Catalunya con política en mayúsculas y no con amenazas», se ha quejado el diputado democristiano Antoni Picó.

El artículo 155 señala que si el presidente de una comunidad no atiende las obligaciones que la Constitución marca o atenta «gravemente» contra «el interés general de España», el Gobierno puede adoptar «las medidas necesarias» para exigirle el «cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». Coloquialmente, esta norma es conocida como la de la suspensión de la autonomía, aunque los juristas llevan años advirtiendo de la dificultad de su aplicación porque no están claras las medidas que habría que adoptar y cómo habría que llevarlas a la práctica. De hecho, algunos expertos consideran que sería necesario desarrollar antes una ley orgánica para evitar problemas jurídicos si se tuviera que utilizar.

EL AVISO DE MARGALLO

En todo caso, esta «obviedad» de Catalá para algunos y esta amenaza para otros se había evitado durante los dos últimos años en los que el Ejecutivo central ha optado, de forma general pese a su estrategia jurídica, por las declaraciones prudentes. Solo el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, esgrimió la posibilidad de aplicar el artículo 155 en septiembre del año pasado, dos meses antes de la consulta del 9-N, pero el resto del Ejecutivo no le acompañó en su tesis  y se mantuvo al margen.

El portavoz de Convergència en el Congreso, Pere Macias, ha lamentado que Mariano Rajoy (que ayer insistió en que va dar la «batalla» en favor de la Constitución) se resista «a escuchar» y se limite a «aplicar la ley». «Yo no estoy en contra de la ley, para nada, pero la política se basa sobre todo en dialogar», ha añadido.

«ESTO NO LO PARA NI DIOS NI RAJOY»

Macias ha apoyado las palabras de Joan Tardà en las que el diputado de ERC advirtió al Ejecutivo central de que el proceso catalán «no lo va a parar ni Dios ni Rajoy» si el resultado de las autonómicas del 27-S demuestran que hay un apoyo claro a la declaración unilateral de independencia, informa Juan Ruiz Sierra.

La comisión Constitucional del Congreso ha aprobado, con los votos del PP, el PSOE y UPD, la ley de seguridad nacional, que permite al Gobierno dirigir a «las autoridades competentes» (incluidas las autonómicas) en aquellas situaciones de «gravedad efectiva o potencial de sus efectos». Según el nacionalismo catalán y vasco, que han votado en contra, se trata de un instrumento para «laminar» las competencias de las comunidades. Tardà ha sido más concreto y ha dicho que con esa norma Rajoy quiere «aumentar el aparato legislativo del Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Catalunya y que culminará el 27-S».

La jornada también ha tenido como protagonista secundario e involuntario a Felipe VI. El presidente de Cantabria, el locuaz Miguel Ángel Revilla, se ha reunido con el Monarca y a la salida ha explicado que el jefe del Estado le ha había dejado claro que la posición de Mas, con quien se vio el viernes, es «irreconducible».