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Valls reclama al Estado que salde la deuda inversora con Catalunya

Economia garantiza a los empresarios que la financiación no peligra

Miquel Valls.

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EL PERIÓDICO
BARCELONA

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Las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) inquietan a los empresarios. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y del Consejo General de Cámaras de Catalunya, Miquel Valls, reclamó ayer al Estado que salde su «deuda histórica» en inversiones en infraestructuras en Catalunya. Se refería con estas palabras a los 1.500 millones de euros que, según dijo, están atascados con proyectos por asignar correspondientes a los cuatro últimos años (2007-2010), periodo desde el que está vigente la disposición adicional tercera del Estatut sobre las inversiones.

Esa suma pendiente, agregó, es un compromiso adquirido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que «no se puede ver afectado por otras decisiones» en el contexto actual de recorte de inversiones de Fomento para reducir el déficit.

Estas afirmaciones se llevaron a cabo durante la presentación de la Memòria Econòmica de Catalunya 2009. Valls aseguró que la sentencia del TC «no modifica en nada el nuevo modelo de financiación, pero sí limita los acuerdos bilaterales Estado-Generalitat en el futuro». Sobre este punto, confió en que «más adelante se den los pasos para resolver este problema» desde el mundo político.

INTERPRETACIÓN PREOCUPANTE / El máximo representante de las cámaras catalanas dijo que estas seguirán muy activas en el seguimiento de inversiones en infraestructuras del Estado en Catalunya, ya que «son un elemento clave para la competitividad». A su vez mostró su preocupación ante la interpretación del alto tribunal de que el Estado no está condicionado por la disposición adicional tercera para decidir sus inversiones.

En el mismo acto, el secretario general de Economia, Martí Carnicer, pidió tranquilidad a los representantes del mundo económico catalán respecto al efecto de la sentencia del Estatut sobre el modelo de financiación, que consideró «limitadísimo». Añadió además que el fallo del TC no cuestiona la inversión del Estado en infraestructuras.

En opinión de Carnicer, el sistema de financiación que consagra la Carta catalana «está perfectamente en vigor», como lo demuestra que la Generalitat está recibiendo sin problemas los recursos previstos. Eso, agregó, contribuye a aliviar la situación de las finanzas catalanas.

También recordó que este año se verá por primera vez la aplicación de la disposición adicional tercera sobre inversiones del Estado en infraestructuras, «ya que se hará la liquidación del diferencial que corresponde al 2007». Esta disposición señala que la inversión del Estado en infraestructuras, excluido el fondo de compensación interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto (PIB) de Catalunya en relación con el del Estado durante siete años.