Echar el freno al empleo precario

La precariedad laboral va en aumento. Los contratos de corta duración se multiplican y se encadenan, y los trabajadores que los firman acaban sustituyendo en muchos casos a empleados que deberían ocupar una plaza permanente a tiempo completo. La subcontratación está al orden del día y también se está convirtiendo en una fórmula de abaratar costes empresariales a base de recortar derechos laborales. Son prácticas que, teóricamente, se podrían justificar en casos muy determinados para superar una situación crítica de una empresa o para cubrir una punta de trabajo extra que no podía planificarse. Pero la realidad ha hecho que acaben siendo sistemas de contratación cada vez más generalizados hasta el punto de convertirse ya en un grave problema social.

No lo dicen los sindicatos, aunque también, sino que son varios de los argumentos utilizados por los responsables de la Comisión Europea la pasada semana para justificar la necesidad de regular mucho mejor el empleo más precario en la UE porque se ha llegado a extremos difícilmente aceptables para una sociedad que quiera considerarse justa.

Las explicaciones de la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, la comisaria de Empleo, Marianne Thyssenpara justificar esta nueva iniciativa legal del Ejecutivo comunitario provocan sonrojo por la denuncia que suponen de la situación real. Por ejemplo, Thyssen constató que cada vez hay más trabajadores que no saben, ni les explican, "las condiciones en las que van a trabajar". Si la propuesta de la Comisión prospera, los empleados tendrán el derecho de conocer, y los empleadores el deber de informar, los datos básicos del contrato como la duración temporal del trabajo, la concreción de la jornada, la remuneración durante las vacaciones, los acuerdos colectivos existentes que deberían cumplirse o la remuneración por las horas extras. 

También provoca vergüenza ajena que las autoridades europeas tengan la necesidad de limitar los periodos de prueba a seis meses o de prohibir que se pueda exigir la exclusividad a un trabajador al que se le paga la desorbitante cantidad de 800 euros, o menos, al mes. Pero lo que acaba de incrementar la sensación de desprotección creciente y de abuso a la que se está llegando son las cifras que han justificado este plan que quiere poner en marcha la Comisión Europea: entre cuatro y seis millones de trabajadores temporales en la UE con escasa protección social, entre los que destacan tres millones de empleados domésticos que en muchas ocasiones ni siquiera disponen de contrato de trabajo. A los que habría que añadir otros siete millones de empleados a tiempo parcial que solo trabajan una parte de la jornada en contra de su voluntad, ya que lo que querrían sería hacerlo la jornada completa. Está bien que la Comisión Europea actúe, pero preocupa que haya tardado tanto, viendo las cifras millonarias de afectados.