Dos actitudes ante un mismo delito

Cuando un asunto entra en la vía judicial, los plazos pueden ser más o menos largos –principalmente para garantizar los derechos de los acusados–, pero las alternativas son reducidas. Con todo, y para decepción de los sistemáticamente escépticos con la independencia judicial, ayer vimos como los jueces pueden tomar caminos diversos. Mientras el del Tribunal Supremo que instruye la causa contra la presidenta y parte de la Mesa del Parlament accedió a aplazar sus declaraciones para que las defensas puedan prepararse, la jueza de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra el Govern cesado de la Generalitat por idénticos delitos envió a los ocho que se presentaron a declarar a la cárcel sin fianza y a Santi Vila le impuso una fianza de 50.000 euros. La decisión está justificada y amparada a derecho en la interlocutoria, pero sería muy miope ignorar el impacto social de esta medida. La escasa contestación a la aplicación del artículo 155 desde el pasado sábado dio paso ayer a nuevas protestas ciudadanas contra los encarcelamientos, que además sirven de caja de resonancia para la estrategia de internacionalización que ahora protagoniza Carles Puigdemont.

La justicia es y debe ser ciega, pero ha de ser igualmente sensible al pálpito de la sociedad. Catalunya necesita en esta inminente campaña electoral el máximo sosiego posible y los jueces, sin perder su independencia, deben ser sensibles a ello. Cierto es que la fiscalía también se lo puede poner más o menos fácil. Las peticiones de los fiscales eran ayer las mismas en los dos casos y fue el talante de los jueces lo que inclinó las balanzas en dos direcciones contradictorias. Algo de todo ello se podría haber evitado si el impulso de la fiscalía hubiera sido otro, dejando de lado el delito de sedición y de rebelión o agrupando todas las querellas de este mismo asunto en un mismo órgano judicial. Criterio del fiscal, que, como todo su quehacer, está lógicamente sometido a la polémica política.

La naturaleza de las acciones que impulsaron desde el Govern de Puigdemont en torno al 1-O y la entrada en acción de la fiscalía y la judicatura han sido igualmente los detonantes de un efecto colateral no deseado por ninguna de las partes: una extrema derecha de inspiración españolista ha salido del letargo y es misión también del Estado de derecho ponerle coto.