Tensiones sobre las pensiones

En el 2012 la OCDE difundió un estudio sobre los modelos de pensiones de los grandes países desarrollados que comparaba las cuentas de cada uno en el 2007 y las proyectaba al 2060. En todos los casos, las contribuciones al sistema se quedan cortas frente a las prestaciones que se prometen, y hoy se siguen pagando. En los gráficos de aquel análisis España es un caso singular: en el 2007 formaba parte del selecto grupo, con Luxemburgo, de los países en los que había más contribución que pagos en el equilibrio del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Nueve años después ya no es así: el gasto en pensiones es del 11,5% del PIB (120.000 millones, para redondear) y la aportación a las cotizaciones apenas llega al 10% del PIB.  

¿Alarma? No. La OCDE advertía entonces que el sistema público de pensiones ya era deficitario, (también lo es el gasto en Defensa), antes que en España, en Alemania o Francia entre los grandes países comparables. Menos 3% y menos 1,5% es el saldo que presentan estos países de referencia en la comparación del pago de pensiones sobre cotizaciones.¿Qué significa ese menos algo? Pues en cuentas públicas es fácil: lo que falta para pagar pensiones, las contributivas también, lo pone el Estado. Dicho de otro modo, si el déficit español de pensiones es ya del 1,5% del PIB, significa que debería ser el Presupuesto el que se hiciera cargo de los 15.000 millones que faltan. No es así porque el gobierno del PP no ha reconocido el tamaño del desfase y ha elegido gastar hasta el último euro de la llamada hucha de las pensiones (el mejor engaño propagandístico del PP y los medios que le jalean) que va a durar hasta mediados del 2017.

Cabe advertir una segunda trampa del PP, aparte de reducir continuamente las cotizaciones a la SS con la excusa de crear empleo.Tampoco es cierto: han dividido por dos los empleos ya existentes mediante la nueva modalidad de contratos. Donde había un ocupado a jornada completa, ahora hay dos y con jornada prolongada y no cobrada. El Gobierno de Rajoy/Sáenz/Báñez ha asestado otra puñalada mortífera a la SS, la reducción de cotizaciones al mínimo para los contratos efímeros.    

Hay doctrina bien razonada que desarma estas tesis. La ha aportado uno de los principales analistas del sistema de pensiones públicas, Borja Suarez Corujo, profesor de Derecho del Trabajo en al Universidad Autónoma de Madrid (con Antonio Gonzalez firma artículos sobre este tema en Economistas frente a la crisis)Economistas frente a la crisis.

Como se exige en la investigación serena y sin prejuicios, Suárez advierte de que hay tendencias irreversibles en una parte de la balanza de las pensiones, el envejecimiento de la población y la caída excesiva del empleo y sus cotizantes (agravado por las exenciones del PP, que propician el contrato/basura a favor del empresario).Advierte que el problema no está en los gastos (coincide con la OCDE del 2012) sino en los ingresos. Hay que buscar nuevas e imaginativas contribuciones para un modelo público de pensiones, también el español, del que solo dudan de su futuro a largo plazo quienes pretender su sustitución, al menor parcial, por el aseguramiento privado. Dicho sea de paso, los fondos de pensiones españoles son aun menos rentables que la deuda pública.

Suárez advirtió, además, en un articulo publicado a finales del 2015 (Trabajo y Derecho, noviembre del 2015) que en el modelo de pensiones que impuso el PP tras consultar con una comisión de expertos designada por el propio Gobierno, la  revisión a la larga de las prestaciones tiene visos de inconstitucionalidad porque no garantiza el derecho al cobro estable de una prestación adecuada, suficiente y actualizada, como dice la Constitución. “En pocos años, quien cobraba 900 euros de pensión pasará a cobrar 600. Eso es lo que significa reducir a largo plazo un 30% las pagas”.

Si por el lado de las contribuciones (las prestaciones no variarán, solo aumentarán) no hay margen de aumento porque los empresarios han conseguido implantar la idea de que eso lastra su competitividad (¿dónde? ¿en la industria si fabrican en China? ¿en los servicios si el turismo no para de crecer?) habrá que buscar el complemento en las arcas del Estado. Suárez y González apelan, entre otras opciones, al impuesto universal y complementario a la SS que rige en Francia desde los años 90 que grava todos los ingresos, según el tipo de renta (1% sobre las rentas del trabajo, del capital, de patrimonio, y otros) para empezar a compensar el desfase en las cuentas de la SS. La hucha se acabó, porque somos como el resto de los países avanzados. Ahora solo queda que los políticos del 27-J se comporten como tales.