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Un debate de par en par

Lluís de Yzaguirre

Sería preciso tener consensuado antes de un año qué debe disponer la República sobre el multilingüismo

Si es cáncer o no, debe decirlo el médico. Si se hace radioterapia o no, el paciente debe tener la última palabra. Con la lengua pasa lo mismo: el diagnóstico lo hacen los expertos, las soluciones las deben validar los usuarios.

Por lo que respecta a la salud del catalán, el Manifest del Paranimf, firmado por 270 expertos y profesionales de todas las ramas de la docencia y del estudio de la lengua, algunos con mucho prestigio, ha logrado romper el tabú sobre las lenguas de la República Catalana, tabú impuesto desde tacticismos contraproducentes. Pero los mismos que tenían secuestrado el debate parece que ahora quieren acapararlo, de forma que el manifiesto ha sido atacado en este diario desde el editorial, desde columnas de opinión e incluso en las secciones más frívolas.

Precisaría demasiado espacio para responder a todas las deformaciones que se han dicho o insinuado (ataca al bilingüismo; exige una única lengua oficial; se acusa a CDC y ERC de ser botiflers; se deforman los argumentos del catalanismo hegemónico; entre estos argumentos ha habido, desde siempre, aquello de «es catalán quien vive y trabaja en Catalunya y quiere serlo»; este «quiere serlo» no tiene, para el catalanismo hegemónico, ninguna implicación lingüística...).

Lo mismo ocurre con las opiniones gratuitas que se usan para descalificarlo (es alarmista porque nunca nadie en la vida cotidiana tiene problemas para utilizar su lengua; carece de sensatez; se debe a motivaciones gremiales...) y la mayoría se responden solas. Por ejemplo, ¿cómo puede alguien acusar al Manifest del Paranimf de tildar a CDC y ERC de botiflers si lo firman dos exconselleres de Ensenyament de CDC y un exdirector general de Innovació Educativa y alcalde de Callús por ERC, entre más?

IR A LA RAÍZ DE LA CUESTIÓN

Pero es que, además, Koiné no quiere el debate para discutir de etiquetas como «oficial» «cooficial», «única», «asimétrica», «preferente», sino para ir a la raíz de la cuestión, o sea ​​entrar a analizar los derechos y deberes individuales que regulará la República en relación a las lenguas, los derechos de las colectividades lingüísticas y las políticas estratégicas de la República en los ámbitos industrial, diplomático, terciario, etcétera. Hay que decir que el beneficio que nuestro Estado obtenga en los próximos siglos de la gestión del multilingüismo será consecuencia directa de la generosidad con que haya convoyado a todas las comunidades inmigradas, de manera que la regulación del multilingüismo es un solo edificio que tiene la fachada de los individuos, la de las colectividades y la de las políticas de Estado.

A título solo de ejemplo, con independencia de y por encima de los derechos individuales, es un interés de Estado que haya en la Administración y en la industria personal políglota con habilidades de lengua primera en catalán y castellano a la vez, aunque los hablantes nativos de esta lengua fueran escasos en nuestro país, y lo mismo podría decirse de otros pares de lenguas: catalán-inglés, catalán-ruso, catalán-árabe... Y tenemos que debatir si todos compartimos un objetivo como este y si estamos de acuerdo en cómo debe impulsarse, por ejemplo con escolarizaciones de ciertas comunidades lingüísticas a medida.

DERECHOS Y DEBERES

Y tenemos que debatir si creemos que la comunidad catalanoparlante debe tener en Catalunya los mismos derechos colectivos que un castellanoparlante tiene en los países castellanos o un francófono en Francia, en Quebec, en Suiza... (a una transmisión patrimonial indolora, a la preservación del patrimonio cultural, a la protección contra los que cuestionan o atacan su unidad, a la preeminencia en el espacio radioeléctrico... sin los cuales el futuro de la lengua queda comprometido).

Y, en cuanto a derechos individuales y entre tantos otros, tenemos que debatir, en el caso de que se imponga un cierto grado de continuidad del statu quo lingüístico, si esto se traduce en el mantenimiento del deber de saber castellano o no. Y qué excepciones haremos al deber de saber catalán. Y qué régimen de transitoriedad regularemos en cuanto al deber de saber catalán para garantizar que a nadie se le exige un esfuerzo desproporcionado, en función de las oportunidades de aprendizaje que la República sea capaz de ofrecerle.

Todo esto y más queremos debatir, al margen de etiquetas, y sería preciso que lo tuviéramos consensuado antes de un año para que la Constitución pueda adoptar un redactado que haga viables los derechos y deberes, así como también los intereses de Estado, en relación con el multilingüismo. En beneficio de todos, sean favorables a la independencia o defensores todavía de la dependencia de Catalunya.

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