Wert contra la escuela

La inmensa y justificada polvareda que ha levantado el ataque al modelo lingüístico de nuestra escuela por parte del ministroWert y su borrador de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) no debe ocultar, sin embargo, que la lengua no es el único objetivo del ministro-hooligan. Al contrario, Wert planifica, de manera bien elaborada y meditada --la mano de laFAES es larga y subvencionada--, el establecimiento de un sistema educativo centralizado, que vuelve a dividir a los alumnos por posibilidades --despreciando sus capacidades-- , de espaldas a la equidad y a la cohesión, que conduce a la disminución de la calidad de la escuela pública --y de la concertada que se mueve en estos parámetros--, pensado para superar las pruebas unificadas de evaluación --pero no para enseñar ni formar--, diseñado desde los criterios de que la capacidad crítica, el conocimiento del medio y la historia reciente son un peligro, con la voluntad de blindar el dinero público destinado a la escuelas de élite... Una bomba de relojería en medio del sistema educativo y un camino de regreso a una escuela segregadora, ahora con toques de materialismo neoliberal --en plena época de recortes contundentes que ya han situado la escuela en un trance difícil de digerir. Uncóctel explosivo.

De hecho, la LOMCE no es exactamente, en su redactado, una ley, sino un preámbulo justificativo y un texto de artículo único que, eso sí, se dedica amodificar una gran cantidad de artículos de la actual ley orgánica de educación, hasta dejarla irreconocible, en un proceso de recreación más bien delestilo Frankenstein. El preámbulo ya deja claras las intenciones de los redactores, con definiciones de la educación como "el motor que promueve la competitividad de la economía" o "una fuente de ventajas materiales y simbólicos". La educación como mero concepto materialista e ideológico, no formativo ni de aprendizaje.

Ya no es un derecho sino un servicio

Desde estaobsesión ultraconservadora, la LOMCE --ya en su articulado-- define lo que llama "Sistema Educativo Español" como "el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para proporcionarlo". Ya no se trata de un derecho, sino de un servicio, que además tampoco ya no es público por definición y tiene beneficiarios y estructuras.

A partir de aquí, pues, todo es posible: la creación de un título deformación profesional básica para alumnos de 15 años que no sigan de manera plena los estudios de secundaria y, mira por dónde, no equivale al graduado escolar; ladesaparición del conocimiento del medio --el próximo, claro, socialmente, culturalmente...-- como área de la educación primaria; el establecimiento de dos tipologías segregadas y segregadoras a 4º de ESO, una tendente al que llama "enseñanzas académicas" y la otra a "enseñanzas aplicadas", la reivindicación de la religión como materia fundamental, la pérdida, en cambio, de la materia de historia contemporánea para los estudiantes de secundaria de las ramas científicas y tecnológicas; la aparición de tres reválidas en la vida escolar normal del alumnado --todas ellas unificadas y centralizadas-- y la desaparición, a la vez, de una prueba conjunta de acceso a la universidad, la pérdida de la caracterización de órgano decisorio para losconsejos escolaresde centro, que pasan a ser consultivos...

Puerta abierta a la desigualdad

Y aún más, mucho más. Dos botones, bastante significativos de muestra. Primero, lo que se define como "la especialización de los centros en los ámbitos curriculares, funcional o por tipología del alumnado", una puerta abierta a la desequidad, a la distinción del alumnado a partir de una tipología de centros por motivos posibles muy diversos --en nuestro país, recordémoslo, la lengua hablada--; en general, caminos divergentes a los criterios de servicio público para aquellas concertadas que se quieran alejar y sin perder el concierto, lasubvención pública que aún pueden ver aumentada.

Y, segundo, la oficialización y legalización definitiva delconcierto en loscentros de élite que segregan por género, y solo admiten niños o solo admiten niñas, rompiendo el principio de coeducación y no discriminación. Este es un caso flagrante: la ley no era hasta ahora tan contundente como debería haber sido, por lo que la resolución del conflicto siempre estaba en manos de los jueces. En nuestro país, cuando en el 2001 algunos sindicatos denunciaron estos conciertos en los centros de élite segregadores y cuando en el 2004 el Departament d'Educació los retiraron por este motivo, un magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya --siempre el mismo-- dictaminó una y otra vez a favor de los centros --un magistrado, por cierto, actualmente imputado en la causa de las ITV.

Sentencias judiciales olvidadas

En cambio, cuando otros gobiernos autonómicos tomaron decisiones similares, obtuvieronsentencias favorables por parte de sus tribunales superiores y delTribunal Supremo, incluso. Sentencias, claro, que ahora quedarán en nada ante la contundencia de la LOMCE: la segregación ya será indiscutiblemente legal. No deja de ser curioso --pero del todo comprensible-- que, mientras el Gobierno del Estado aduce sentencias de tribunales --olvidándose de otras, más numerosas incluso-- para justificar su ataque a la inmersión lingüística, se olvida muy fácilmente del tema judicial a la hora de blindar la segregación por género. (O quizá no: lo hace, precisamente, para impedir nuevas sentencias).

La propuesta del ministro Wert quiere ser letal contra la cohesión de la escuela catalana y la presencia de la lengua en el sistema, y ¿¿revienta el ámbito competencial de la Generalitat --reduciendo su capacidad de decisión a la mínima concepción. Cierto, del todo. Y por eso el Govern de la Generalitat --el actual y el futuro-- debe ser radical en su oposición a las propuestas ministeriales y contundente en la defensa --mientras continuemos dependiendo de las estructuras estatales españolas-- de lo que fija en materia educativa y lingüística el Estatut y desarrolló la ley de educación de Catalunya. Y debe negarse a aplicar la LOMCE --si es que alguna vez llegar a tener los dos tercios necesarios del Congreso de Diputados, al menos en estos términos.

Cierto, pero el Govern de la Generalitat --el actual y, especialmente, el futuro-- también debe oponerse por toda esta concepción destructiva del sistema educativo, segregadora, elitista, discriminatoria, reaccionaria... que representa la LOMCE. La tradición de nuestra escuela tiene la lengua como 'pal de paller', y tiene la calidad como enseña y motor. No podemos permitirnos perder ni lo uno ni lo otro.

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