El estado de alarma blinda las fiestas

El riesgo de tener unas Navidades movidas en el espacio aéreo español ha pesado más que cualquier otra consideración al decidir el Gobierno la prórroga del estado de alarma hasta el 15 de enero. La reacción imprevisible de los controladores una vez expirara el próximo sábado la presente situación de excepcionalidad ha llevado al Ejecutivo a poner el parche antes que la herida, aunque la medida sea jurídicamente discutible. Pero ni este Gobierno ni ningún otro con sentido de la responsabilidad puede consentir que se repita el caos del último puente.

Lo que hay que pedir ahora al Gobierno es que durante la prolongación del estado de alarma se acelere el cambio de gestión del espacio aéreo mediante los planes anunciados o insinuados: privatizaciones, coexistencia de controladores civiles y militares en los aeropuertos, descentralización de la administración aeroportuaria y otras reformas. De tal manera que, al vencer las fiestas, sepa todo el mundo a qué atenerse, empezando por los usuarios y siguiendo por los controladores y las empresas privadas interesadas en invertir en el sector.

La alarma animará las reservas de última hora para volar en Navidad

Poner el acento en los aspectos constitucionales, siempre opinables, de la prolongación del estado de alarma tiene un indudable interés académico, pero es política y socialmente estéril. Lo que reclaman quienes piensan viajar durante las próximas semanas es que no se repita el chantaje del puente de la Constitución. Y esta es una exigencia insoslayable para el Gobierno, que no puede exponerse de nuevo al contratiempo de ver las terminales llenas de viajeros airados o resignados. Solo un compromiso tajante y expreso de los controladores -no hay precedentes- de limitarse a trabajar sin más requisitos hubiese podido evitar la prolongación del estado de alarma.

Es este un detalle no menor que el PP deja a beneficio de inventario cuando se rasga las vestiduras por la prórroga. De la misma manera que parece desconocer que la medida preserva el derecho de los ciudadanos a acercarse a los mostradores de embarque con la seguridad de que podrán viajar durante las fiestas. Porque el estado de alarma es una situación excepcional, pero la alarma social provocada por los controladores es intolerable.