Dos años en carta de ajuste

Una carta de ajuste, cuando no directamente un negro, es la imagen congelada que ofrece la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), desde los canales que aún hoy ocupa en la TDT, dos años después de que el entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, decidiera liquidar el ente audiovisual autonómico. Una decisión especialmente cara, a la vista del millón de euros mensual que le sigue costando al erario público valenciano, tan solo en concepto de deudas y seguridad, limpieza y mantenimiento de la sede de Canal 9.

Así lo reconocieron el pasado miércoles los administradores encargados de tramitar la liquidación del ente, en una rueda de prensa celebrada en ese mismo edificio de Burjassot. Unas instalaciones, prácticamente vacías de personal, por las que se permitió deambular a los periodistas para que comprobaran que, como en esas villas que han sufrido un incidente atómico, todo quedó paralizado como en el instante previo a la catástrofe.

Un edificio fantasmal

Un edificio fantasmal y no solo en su aspecto pues, como se comunicó en esa misma rueda de prensa, los liquidadores descubrieron que, pese a estar valorado en 25 millones de euros, la sede de RTVV no aparece en el Registro de la Propiedad, donde solo consta un solar.

Este era el último despropósito revelado de una larga lista asociada a una radiotelevisión que, tras muchas idas y venidas políticas, declaraciones y promesas, parece que , definitivamente no volverá a ser lo que fue en su día.

Al menos, eso es lo que refleja el informe redactado por un comité de expertos en comunicación del ámbito universitario, consultado por el Consell y las Corts valencianas y que debería servir de punto de partida para el nuevo modelo televisivo.

140 millones y 800 empleados

Según el documento, el nuevo ente no costaría menos de 140 millones de euros al año y su plantilla ascendería como mucho a 800 trabajadores, poco más de la mitad de los empleados que llegó a tener en nómina la vieja RTVV y el doble del número que propuso Alberto Fabra para mantenerla en pie, a lo que se opusieron en su día sus trabajadores.

Estas cifras, y no los mecanismos para garantizar una independencia informativa y empresarial del Gobierno autonómico de turno -origen de la hecatombe de la vieja RTVV-, fueron el campo de discusión posterior a la revelación del informe para la creación de una nueva radiotelevisión pública, con los portavoces de los exempleados pidiendo la reapertura «urgente» y que tenga en cuenta los «derechos adquiridos» de los extrabajadores.

Por lo pronto, dos años después del apagón de RTVV, las únicas cifras firmes que ofrece la Generalitat que preside Ximo Puig son los 26 millones de euros anotados en los presupuestos autonómicos del 2016 para continuar con el proceso de liquidación de la vieja RTVV y los 29 destinados a poner en marcha la nueva. Una cifra muy lejana de los 142 que pronostican los expertos. Tanto o más que el pasado 9 de octubre, fecha en que Puig incumplió su promesa de reabrir RTVV. Para reprender al presidente por aquella falta, los extrabajadores marcharon este domingo desde el antiguo Centro de Producción y Programas de Burjassot hasta la plaza de Manises, donde se ubica el Palau de la Generalitat.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mònica Oltra, dijo este viernes que el Consell tiene «todo preparado» para poner de nuevo en marcha el servicio cuando las Corts le digan «adelante».