Salt hace las maletas

Ni activistas ni pancartas. Ayer, los protagonistas de la lucha que se está llevando a cabo en el bloque ocupado de Salt fueron unos operarios y un camión de mudanzas, en el que cargaron los enseres de tres familias que ya han decidido trasladarse a los pisos de alquiler social que les ha ofrecido la Generalitat. El éxodo ha comenzado a pesar de que las negociaciones entre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Girona (PAH) y los responsables de la Agència d'Habitatge de Catalunya todavía no han concluido, a falta de unos flecos que los responsables de la plataforma esperan cerrar hoy .

Maletas, cajas, muebles, alfombras, somieres y algún sofá descendieron por los balcones del edificio que durante nueve meses ha sido uno de los iconos de la PAH. Una mudanza que se lleva a cabo días después de que el resto de las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Catalunya cuestionaran la estrategia de los activistas de Girona, que querían resistir a toda costa en el inmueble, renunciando a los pisos sociales que les ofrecía la Generalitat, hasta conseguir que las 14 familias de Salt fueran realojadas juntas en un mismo edificio.

Ayer se esperaba que se hiciera público y oficial el acuerdo entre la plataforma gerundense y la Generalitat, pero a pesar de que el anuncio parecía inminente, a última hora se acordó prolongar un día más las negociaciones. En las últimas semanas, Habitatge ha adjudicado cinco pisos de la bolsa de emergencia a familias del edificio ocupado y está estudiando otras ocho peticiones presentadas recientemente. Tres de las cinco familias a las que ya se ha adjudicado una vivienda social han firmado los contratos, las mismas que ayer embalaron sus pertenencias para trasladarse a los que serán sus nuevos hogares.

La letra pequeña

Las críticas de sus compañeros han obligado a los activistas de Girona a hacer un viraje y han acabado aceptando que conseguir pisos de alquiler social para la mayoría de afectados es en sí misma una victoria, a pesar de que tengan que dar por acabada la vida comunitaria que habían organizado en el bloque y que les permitía cubrir otras necesidades básicas, como la alimentación o el cuidado de los niños, además de la vivienda.

La PAH de Girona siempre ha asegurado que respeta las decisiones de las familias y que comprende estas bajas, más aún si se tiene en cuenta que pesa sobre ellos una inminente orden de desahucio dictada por un juez. La plataforma se centra ahora en negociar las condiciones del contrato de los pisos que les ha cedido Habitatge. «Queremos que sea un auténtico alquiler social y no una cesión temporal que puede ser recuperada en cuanto quiera la Generalitat», insisten.