Ribó pide que Generalitat no se quede las pensiones de los jóvenes que tutela

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) que entregue a los jóvenes extutelados las pensiones que la Generalitat percibe durante su tutela y que ahora se queda de acuerdo con una ley del 2010.

En una resolución, Ribó ha sugerido al Departamento de Bienestar Social y Familia que promueva la modificación de la Ley que permite a la DGAIA sustraer las pensiones de los menores tutelados. Con anterioridad a la Ley 14/2010, de 27 de mayo, la DGAIA tramitaba estas pensiones, las acumulaba y las entregaba posteriormente a los chicos y chicas cuando finalizaba la situación de desamparo o alcanzaban la mayoría de edad.

El Síndic considera que la decisión de afectar pensiones y prestaciones de la Seguridad Social de los menores tutelados por la DGAIA "vulnera derechos de los menores tutelados y es una medida de carácter discriminatorio". Por ello, Ribó ha pedido que se modifique la Ley 14/2010 y que se derogue su disposición adicional séptima, que prevé que la DGAIA sustraiga las pensiones que perciben los menores que se encuentran bajo su tutela en concepto de gastos derivados de su atención.

Orfandad y prestación por hijo a cargo

El Síndic ha recibido quejas de menores extutelados y de entidades que agrupan familias acogedoras en desacuerdo con que al alcanzar la mayoría de edad o cesar la tutela no se les abonasen las pensiones y prestaciones meritadas por la Seguridad Social.

En diciembre de 2012, el Síndic ya emitió una resolución relativa a este asunto y sugirió al Departamento de Benestar i Familia que dejara sin efecto la Instrucción 1/2012, de 24 de febrero, y abonase a los menores que han dejado de estar tutelados las cantidades percibidas por la DGAIA en concepto de prestación de orfandad y prestación por hijo a cargo de la que han sido beneficiarios durante el tiempo de tutela.

El pasado febrero, Benestar Social informó al Síndic de que no puede dejar sin efecto la instrucción porque lo único que hace es clarificar el circuito de gestión de las prestaciones y pensiones de las que son beneficiarios los menores. Ribó, sin embargo, constata que esta situación incumple el marco normativo vigente y vulnera derechos de menores tutelados, como que "la titularidad de estas pensiones y prestaciones corresponde a los menores tutelados, con independencia de quién reciba el pago y a quién corresponda su administración".

Servicio gratuito

"La decisión de afectar a las pensiones de los chicos y chicas se contradice con el hecho de que la tutela de los menores a cargo de las instituciones públicas es un servicio que la cartera de servicios sociales define como gratuito", ha defendido Ribó.

Ribó también cree que "se discrimina a los jóvenes que son titulares (de una pensión) respecto al resto de menores tutelados por la DGAIA, que, con independencia de su capacidad económica o eventual nivel de ingresos, no deben contribuir al mantenimiento del coste del servicio".

Además de dirigirse de nuevo a Bienestar Social y Familia, el Síndic también ha trasladado su petición de modificar la ley a los grupos parlamentarios para que promuevan su derogación.