«El peor destino para un policía es un centro de extranjeros»

Estar en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) es malo para los custodiados, pero también para los custodios. Así lo afirman quienes ven la situación desde el otro lado: los policías. El secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, mayoritario en el sector, José Manuel Sánchez Fornet, lo describe con claridad: «Es el destino menos deseado por los policías. Allí no se ejerce de policía, sino de funcionario de prisiones. A la gente lo que le gusta es investigar. Un CIE es el peor destino para un policía, junto con la custodia de presos en los hospitales».

Sánchez Fornet sostiene que la gran mayoría de los agentes que trabajan en esos centros «están allí porque les destinan de forma forzosa. Dicen que es muy desagradable». Y va más allá: «Cuando en la brigada policial o judicial se quiere castigar a un agente, se le manda a un CIE». El dirigente sindical resume algunas de las críticas a la situación que viven los agentes en los centros, que comparten entidades sociales e instituciones como el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges: los policías no cumplen con el cometido que se espera de ellos y no están preparados para lo que se les reclama.

SIN FORMACIÓN / «No reciben cursos de formación que serían imprescindibles para la labor que tienen que desarrollar», dice. Con todo, Sánchez Fornet sostiene que quienes están peor, quienes más asistencia requieren, siguen siendo los internos.

La visión de Sánchez Fornet es reforzada por un testimonio de primera mano. El de un agente que estuvo destinado durante años, en dos etapas, en el CIE de Madrid, cuando todavía estaba ubicado en unos bajos en Moratalaz. El agente prefiere evitar las fotos y reservar su identidad. C. tiene 52 años y trabajó en el CIE madrileño desde su fundación, a principios de 1999. En el 2001 fue trasladado y en el 2002 volvió al centro por un periodo de otros tres años, justo antes de la inauguración del CIE de Aluche, situado en el antiguo hospital penitenciario de Carabanchel. «Tuve muchas historias», asegura.

«SIEMPRE HAY PELEAS» / Sus recuerdos son de todo menos idílicos: «Es un trabajo inseguro, complicado, denigrante». Avala la información que aportó a este diario un boliviano internado tres semanas en el CIE de la Zona Franca, donde conoció dos tipos de internos: los delincuentes o presuntos delincuentes y los trabajadores detenidos por estar en situación irregular. «No hay que mezclarlos. Siempre hay peleas», apunta el policía C., quien subraya que «ningún compañero» quiere estar en un CIE. Entre otras cosas, porque las malas condiciones no se ven correspondidas con ningún complemento económico. Algo que sí sucede en el caso de los directores de los centros, que suelen ser inspectores o inspectores jefes. Estos tiene un complemento anual de 9.517 euros. La figura del director, en un ámbito que se caracteriza por la autorregulación es especialmente relevante.

De entre las labores que más extrañas se le hacían, C. destaca una que era consecuencia de que el médico acudía por tiempo limitado al CIE de Moratalaz: «Después del desayuno se preguntaba a los internos quiénes querían ser visitados por el médico. Si este consideraba que algunos debían recibir medicación y ello implicaba varias tomas a distintas horas, en las que él no estaba, dejaba los fármacos a los policías para que fueran ellos quienes los dispensaran». De hecho, dice, «no había servicio médico».

«INSEGURIDAD JURÍDICA» / C. describe la sensación con la que trabajaban él y sus compañeros: «No había ninguna seguridad jurídica». Es un trabajo desagradable, insiste. En primer lugar, «por la situación de los extranjeros»: «Había habitaciones para ocho personas sin lavabo. Mis antiguos compañeros me han dicho que en el de Carabanchel tampoco hay lavabos en las habitaciones». Él asistió a las obras de acondicionamiento del nuevo centro, y sostiene que se vio en seguida que no eran las adecuadas, algo que considera representativo de la poca atención que la Administración presta a los CIE: «A la hora y media de abrir el nuevo centro, se fugaron siete internos por una ventana».

La masificación, dice, solía ser la norma. Y el funcionamiento, considerablemente arbitrario. Al no haber reglamento, algo que denuncian también entidades sociales e instituciones, cada CIE tiene su vida propia. «Cada uno organiza las visitas como quiere». En concreto, como quieren los directores. Según C., en una crítica que comparte Sánchez Fornet, hay centros que algunos días permiten visitas largas; otros, cortas, y otros aún, no permiten.

«Hay gente que se pasa cuatro horas haciendo cola en el CIE de Madrid para una visita de cinco minutos», dice el líder del SUP. «Pasaba a menudo: hay movida, no hay visitas», remacha C., quien relata que es habitual toparse con problemas de identificación de los extranjeros, lo que obliga a consultar a las embajadas e implica un tiempo de espera. Y considera que hay que replantear qué se hace con los foráneos en esa situación. De entrada, tiene una propuesta clara: «Todos los CIE tendrían que estar cerrados».

ALTERNATIVAS / C. vuelve a diferenciar entre internos: «Los que son detenidos en la calle o en una obra no deberían ser internados». Y se pregunta si el resto debería esperar en la cárcel la decisión final. Este agente apuesta por una alternativa de funcionamiento de los centros si estos siguen abiertos y siguen acogiendo a personas que no han cometido delitos sino, como se ha denunciado ya, una falta administrativa que se castiga con una multa económica. En su opinión, que en este punto coincide con la del Defensor del Pueblo, entre otros, la policía solo debería intervenir en los CIE responsabilizándose de la vigilancia exterior del edificio. Dentro, la organización, dice, «tendría que llevarla una entidad social».

Pero también tiene bastante claro por qué en los últimos 15 años no se han abordado reformas serias en los centros de internamiento: «No hay ninguna intención de hacer nada porque los inmigrantes que están en los CIE no votan».