La opacidad del Fòrum impide que la Sindicatura lo lleve ante la justicia

La opacidad de los gestores del Fòrum de les Cultures, que se celebró en Barcelona en el 2004, ha impedido a la Sindicatura de Comptes llevar las presuntas irregularidades detectadas, entre ellas la adjudicación a dedo de contratos o el cobro de sobresueldos, ante la fiscalía. El organismo auditor no ha podido tener acceso a todos los documentos necesarios para concretar los delitos que se podrían haber cometido. La empresa que organizó el evento, que estaba participada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno central, no ha llegado a entregar toda la información solicitada, según constata el informe elaborado por el auditor público.

La misma Sindicatura de Comptes expone en su informe, que ha sido remitido al Parlament, que su investigación se «ha visto limitada» por determinadas «carencias de información» que afectan a diferentes aspectos. El primero: falta de información contable. La sociedad que gestionó el Fòrum, que está en fase de liquidación, les comunicó la imposibilidad de reactivar el programa de contabilidad utilizado por motivos técnicos y económicos. Este hecho, junto con la falta de información documental de los movimientos contables, ha provocado que la Sindicatura no haya dispuesto de los datos necesarios para realizar su labor fiscalizadora con «unos estándares deseables»-

La Sindicatura también se encontró con que no había un registro de contratos (muchos de ellos se adjudicaron de forma directa) y el Fòrum únicamente les facilitó una lista de autorización de gastos que, además, incluía errores, con lo que no se ha podido garantizar que en esa información estén todos los contratos.

SIN INTERLOCUTORES / La falta de documentación  relevante y de interlocutores válidos por el tiempo transcurrido han sido otros dos impedimentos con los que se ha encontrado el auditor público. Asimismo, una parte significativa de la información que debía revisarse no fue facilitada de forma completa hasta la fase final de la redacción del informe, con un «retraso injustificado», dificultando de «manera sustancial» la fiscalización, sostiene la Sindicatura .

La imposibilidad a acceder a toda la información necesaria ha llevado a la Sindicatura a no poder concluir de forma taxativa si los gestores del acontecimiento cometieron o no algún delito y, por lo tanto, el organismo no ha presentado denuncia ante la fiscalía o un juzgado, según fuentes conocedoras del proceso fiscalizador. Es decir, faltan las pruebas concluyentes (como, por ejemplo, originales de contratos o recibos) para sustentar que existieron conductas no solo irregulares desde el punto de vista administrativo, sino también delictivas penalmente.

Los síndicos consultaron a su asesoría jurídica, según fuentes cercanas al organismo fiscalizador, tres aspectos que podrían ser delictivos, aunque no se hallaron las suficientes pruebas documentales para presentar una denuncia ante la fiscalía. En concreto, las sospechas recayeron en el reparto de indemnizaciones al personal de la alta dirección para compensar la «alta dedicación y la buena labor» que se estaba realizando, a pesar de lo ruinoso que resultó el acontecimiento, tanto a nivel económico, donde el gasto fue superior a lo previsto en 18 millones de euros, como de asistencia (3,3 millones de visitas, frente a los cinco millones que estaban previstas). La Sindicatura señala, por ejemplo, que  el primer consejero delegado de la sociedad que gestionaba el Fòrum, Jaume Sodupe, que cesó en julio del 2001, criticado por no haber sabido dar concreción a la idea, percibió 142.787 euros al cesar, y que otros altos cargos, entre ellos directores generales, cobraron gratificaciones superiores a las permitidas.

También levantaron sospechas los 12 millones destinados a viajes sin justificar. La mayoría de ellos se realizaron en el 2004, durante la celebración del evento. Los gestores no aportaron el contrato con la agencia de viajes, ni hay constancia de que se hiciera una licitación. La Sindicatura también mostró dudas sobre los beneficios fiscales obtenidos por algunas de las empresa que participaron como patrocinadoras del evento. Según el informe, alguna de estas firmas obtuvieron en deducciones el doble del dinero aportado.