Nuclear sí, pero menos

El pasado mes de enero, la ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, relanzaba el debate sobre el futuro de las centrales nucleares en plena refriega parlamentaria sobre la ley de transición energética, que prevé dejar en un 50% la aportación de este tipo de energía en la producción eléctrica de aquí al 2025, frente al 75% actual. La titular de Ecología, y responsable de un proyecto legislativo clave del mandato de François Hollande, consideraba necesario construir nuevos reactores nucleares a la vista de la vejez que aqueja a varias de las centrales. Cerraba así el paso al abandono del átomo, a pesar de mantener el compromiso de darle un peso menor en el mix energético francés del futuro.

Los argumentos de Royal, recogidos por la publicación especializada Usine Nouvelle, giraban en torno a la seguridad, pero aun así sorprendieron por su evidente contradicción con el espíritu del proyecto de ley que ayer superó un nuevo paso parlamentario en la Asamblea Nacional y limita la capacidad nuclear de Francia a 63,2 gigavatios, es decir, a su nivel actual.

Además, de cumplirse los planes gubernamentales, si en el 2017 se pone en marcha el reactor de Flamanville, en Normandía, en el nordeste del país, otra central debería cerrar: la decana del parque nuclear francés, la de Fessenheim, en el nordeste del país, que lleva funcionando desde 1978. Su cierre fue, por cierto, una promesa de Hollande durante la campaña electoral que le llevó al Elíseo y que periódicamente le recuerdan los grupos ecologistas.

Nuevos reactores

Otro asunto, no menor, es el coste de construcción de nuevos reactores. EDF, la primera empresa nuclear del mundo, calcula que supondrán unos 55.000 millones de euros de aquí al 2025 incluyendo las labores de mantenimiento y modernización del parque francés, integrado por 58 reactores repartidos en 19 centrales.

Si para los ecologistas sería mejor centrarse en las renovables antes que lanzarse a construir nuevos reactores, el potente sector nuclear francés, con EDF y Areva a la cabeza, se sintió aliviado al escuchar a la ministra. Para los conservadores de la formación liderada por Nicolas Sarkozy, en cambio, su cierre no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. De hecho, lo consideran solo el fruto del acuerdo político al que Hollande llegó con los Verdes. También echan mano de un informe parlamentario publicado el pasado octubre que estima el coste del cierre de la central en unos 5.000 millones de euros, a los que habría que sumar los derivados de la reducción del porcentaje nuclear en la producción eléctrica, los riesgos de quedarse sin suministro o el impacto sobre el empleo de los 125.000 trabajadores del sector. Creen también que, para lograr el objetivo de la ley, se tendrían que clausurar una veintena de reactores, con el consiguiente descalabro económico.

Además de rebajar el uso nuclear, los planes gubernamentales pasan por el desarrollo de renovables, modernizando las centrales hidroeléctricas, ampliando los parques eólicos terrestres y la producción solar fotovoltaica.