Maestros a 2 velocidades

La decisión de las universidades catalanas de elevar, este próximo septiembre, el listón para los estudiantes que aspiran a cursar estudios de Magisterio --a los que se pedirá que acrediten una nota media mínima de 5 en lenguas catalana y castellana-- y el anuncio de la Comunidad de Madrid de que también allí se endurecerán los criterios de ingreso en las facultades de Educación han ahondado en el debate sobre la formación de los docentes y han empezado a suscitar dudas ante la posibilidad de que muy pronto haya en España dos (o más) categorías de maestros: los que han estudiado en las universidades más exigentes y los que no. ¿Las salidas laborales serán las mismas para todos ellos? Y si es así, ¿qué beneficios tendrán quienes estudien Magisterio en las facultades catalanas o, más adelante, en las de Madrid?

El Ministerio de Educación, que es a quien corresponde determinar qué formación básica deben recibir los docentes y cuál ha de ser su capacitación profesional, estudia implantar un sistema de prácticas tuteladas (similar al MIR médico) para los profesores noveles de secundaria y bachillerato pero, de momento, no hay nada decidido. Fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert rehusaron ayer pronunciarse sobre las iniciativas  anunciadas por Catalunya y Madrid pero recordaron que, en todo caso, el nuevo modelo de formación del profesorado se recogería dentro del proyecto de estatuto docente, ahora parado.

Los sindicatos discrepan abiertamente de las medidas que promueven las dos autonomías. «Es una estupenda cortina de humo. La formación del profesorado no tiene que ver con qué nota de corte se les pide en la selectividad o si han de pasar un examen específico, sino con el programa de estudio de las universidades», asegura Francisco García Suárez, secretario general de la federación de enseñanza de CCOO.

EL PROFESIONAL DEL SIGLO XXI / El sindicalista opina que el ministerio debe definir las señas de identidad de la profesión del siglo XXI y proponer a las universidades los planes de estudio a nivel estatal que van a garantizarlas. García Suárez insiste en que, de momento, la formación inicial del profesorado no es competencia de las comunidades sino de la Administración del Estado, más allá de que las comunidades en función de sus pecularidades, como la lengua propia, puedan hacer programas adicionales para ajustar el perfil del profesorado a las demandas de esa necesidad, «pero tiene que haber elementos comunes».

Fuentes universitarias alertan de que la disparidad de criterios de acceso a los estudios de Magisterio puede acabar provocando una huida de alumnos hacia las comunidades que no endurezcan las condiciones de ingreso. O incluso hacia las que ofrecen cursar estos grados a distancia, por internet.

«Mientras se sigan reduciendo las plantillas y no se mejoren las condiciones laborales de los maestros, será muy difícil que la profesión docente atraiga a los mejores estudiantes», objeta Francesc Imbernon, profesor de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona (UB).

FORMACIÓN PERMANENTE / Además, agrega el pedagogo, «las pruebas de ingreso no deben reducirse a acreditar un nivel de lenguas, de matemáticas o de inglés, sino que deberían de valorar la empatía, las habilidades comunicativas del alumno». Para Imbernon, no obstante, «tan importante es reforzar la formación universitaria de los futuros maestros como la formación permanente de quienes están ya en ejercicio».

«Es evidente que la mejora de la formación inicial del docente se tenía que abordar de una manera u otra, pero la solución no está solo en la universidad. Hay que prestigiar la profesión, dar un reconocimiento a los maestros y para ello es necesaria la colaboración de los políticos, de los medios de comunicación y hasta de las series de televisión», señala Maria Concepció Torres, secretaria de la junta de gobierno del Colegio de Pedagogos de Catalunya (Copec).

Carlos López-Cortiñas, secretario general de FETE-UGT, considera que deben diferenciarse bien los modelos de formación para primaria y secundaria, pero que, aún así, debe haber una «homogenización entre planes de estudios a la hora de acceder para evitar agravios comparativos, con unas variables de cada una de las comunidades autónomas». A su juicio, el problema es que no hay una tasa de reposición del profesorado, y cada comunidad saca la oferta de empleo público pensando en los interinos y parados que tiene.